Ana Martínez-Pina analiza la propuesta europea sobre supervisión financiera | FundsPeople
La iniciativa de la Comisión Europea para reforzar el papel de ESMA reabre el debate sobre el equilibrio entre supervisión europea y nacional.
La Comisión Europea ha presentado una nueva propuesta para avanzar en la integración de los mercados financieros dentro de la Unión de Mercados de Capitales, reactivando el debate sobre la conveniencia de ampliar las competencias de ESMA y centralizar parte de la supervisión. Aunque existe consenso en que Europa necesita mayor coherencia y convergencia supervisora, el sector advierte de que una centralización plena podría resultar ineficaz.
Para Ana Martínez-Pina, socia de Regulatorio Financiero y Seguros de Gómez-Acebo & Pombo, ESMA ya desempeña un papel clave en la supervisión de entidades transfronterizas: “ESMA ya ejerce una función relevante en el marco europeo, con competencias regulatorias y de supervisión directa en entidades cuya actividad es transfronteriza por naturaleza, tales como las agencias de calificación crediticia o las cámaras de contrapartida central”.
Sin embargo, Martínez-Pina considera que extender la supervisión directa a todos los actores europeos no sería adecuado. Según explica, “podría tener sentido para actores claramente paneuropeos, como determinados proveedores de servicios de criptoactivos, pero no para una centralización general”. Además, subraya la importancia de las autoridades nacionales: “Las Autoridades Nacionales Competentes (ANC) aportan conocimiento técnico y cercano del mercado local, del perfil de productos e inversores, así como del entorno jurídico-fiscal propio. Ese canal doméstico es valioso para detectar riesgos”.
A partir de esta perspectiva, la industria defiende que antes de ampliar las competencias de ESMA, se deben reforzar herramientas existentes como directrices, Q&A y grupos de convergencia, que ayudan a reducir divergencias de manera gradual. Los expertos coinciden en que la supervisión directa europea debería centrarse en actores verdaderamente transfronterizos, mientras que las autoridades nacionales seguirían siendo esenciales para garantizar la protección del inversor y la comprensión del mercado local.
El consenso general del sector apunta a que la convergencia supervisora debe construirse mediante cooperación, intercambio de datos y eliminación de duplicidades, y no a través de una centralización total.
Ana Martínez-Pina – Socia
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