El Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios, prohíbe que profesionales sanitarios con capacidad de prescribir tengan intereses económicos directos en actividades relacionadas con medicamentos. Esta prohibición no alcanza a los intereses indirectos, según distingue el propio artículo 4 de dicho real decreto legislativo. La Sentencia núm. 483/2025 del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco concluye que la mera pertenencia a un grupo de sociedades no implica incompatibilidad si cada entidad mantiene autonomía real.

Noticia sobre el Anteproyecto de Ley aprobado por el Consejo de Ministros, para poder imponer a las compañías de seguros un plan de choque cuando sufran crisis de liquidez que cuestionen su viabilidad

La tomadora y asegurada en una póliza de seguro de automóviles de la modalidad «a todo riesgo» demandó a la aseguradora solicitando una indemnización por los daños sufridos por un vehículo asegurado como consecuencia de un incendio iniciado en el propio vehículo. La compañía se opuso a esta pretensión alegando, de un lado, que en las condiciones generales de la póliza (cláusula 3.23.e) se excluían de la cobertura del seguro voluntario los daños causados cuando se hubiera producido un «incumplimiento de las obligaciones legales de orden técnico relativas al estado de seguridad del vehículo» y aduciendo, de otro, que no haber realizado en tiempo la preceptiva Inspección Técnica de Vehículos (ITV) constituía un incumplimiento de este tipo. La demanda fue desestimada en primera y en segunda instancia. Sin embargo, el Tribunal Supremo (STS 1783/2025, de 3 de diciembre [ECLI:ES:TS:2025:5439]) estimó el recurso de casación interpuesto por la actora. En sustancia la cuestión se centró en determinar si la mencionada cláusula 3.23.e era una mera estipulación delimitadora del riesgo o una disposición limitativa de los derechos del asegurado. El Tribunal Supremo empezó por recordar que no existe una previsión legal que excluya la cobertura del riesgo asegurado por el hecho de que el vehículo asegurado no haya pasado la ITV en plazo (sin perjuicio de las consecuencias de carácter administrativo que pueda comportar tal omisión). Seguidamente señaló que, según doctrina consolidada, las estipulaciones delimitadoras del riesgo tienen por finalidad definir el objeto del contrato, de modo que concretan qué riesgos constituyen dicho objeto, en qué cuantía, durante qué plazo y en que ámbito temporal. Esto es, se dirigen a individualizar y concretar la naturaleza del riesgo en coherencia con el objeto del contrato o con arreglo al uso establecido, siempre que no lo delimiten de forma contradictoria con las condiciones particulares del contrato o de manera infrecuente o inusual. Sin embargo, en el caso concreto la cláusula de las condiciones generales que la aseguradora esgrimió para rechazar la cobertura del siniestro no se refería a ninguno de estos extremos. Antes bien, una vez identificado en la póliza el riesgo asegurado (incendio de un determinado vehículo durante un determinado periodo temporal), la cláusula 3.23.e de las condiciones generales venía a supeditar la cobertura del siniestro al cumplimiento de las obligaciones legales de orden técnico relativas al estado de seguridad del vehículo. Por consiguiente, su efecto pretendido era condicionar o modificar el derecho del asegurado cuando el riesgo objeto del seguro se hubiera materializado en daños. La Sentencia reseñada concluyó, por ello, que la estipulación cuestionada tenía carácter limitativo de los derechos del asegurado y que, por tanto, para su validez, debería haber figurado destacada de modo especial y haber sido aceptada específicamente por escrito (art. 3 de la Ley del Contrato de Seguro), lo que no había sucedido.

El protocolo, prevé una tramitación prioritaria de las solicitudes de diligencias preliminares y de comprobación de hechos, así como de las solicitudes de medidas cautelares —con o sin audiencia— en materias de patentes e innovaciones tecnológicas, diseños industriales, marcas y derechos de autor, además de defensa de la competencia, competencia desleal y publicidad ilícita, cuando se refieran a productos o actividades de presentación, exhibición, promoción, ofrecimiento o venta vinculados a los Salones Alimentaria y Hostelco 2026.

A la espera de la aprobación de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2026, se actualizan, prorrogan o revalorizan cuantías sobre pensiones, cotizaciones o salarios, sin que haya sido fijada aún la cuantía del salario mínimo interprofesional, manteniéndose, por el momento, la de 2025.

En realidad, empiezan a prescribir en el mismo momento, con independencia de si se trata de créditos ordinarios o contra la masa

Os acompañamos una nueva edición de nuestro Análisis Normativo Agroalimentario, para el mes de enero.

El adjudicatario en una subasta o en subasta desierta no se enriquece injustamente si el precio de adjudicación es sustancialmente menor que su valor real.

El Tribunal Supremo, en sentencia de 5 de noviembre del 2025, ha matizado su dotrina previa, que había sido fijada en sentencia de 22 de abril del 2024, estableciendo que, en los casos en que se encuentren indicios claros de la existencia de otros responsables solidarios, la Administración tributaria sí está obligada tanto a agotar las posibilidades de declaración de responsabilidad solidaria antes de derivar la responsabilidad frente a los responsables subsidiarios como a motivar su decisión, máxime en aquellos casos en que la responsabilidad subsidiaria tenga naturaleza sancionadora.