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No existe un derecho absoluto a la doble instancia en el proceso civil

icon 16 de noviembre, 2026

1. La Sentencia del Tribunal Supremo 1578/2026, de 7 de octubre (recurso 1661/2022), recuerda que la Audiencia, en segunda instancia, si revoca la sentencia dictada por el juzgado o tribunal de instancia que había acogido la excepción de cosa juzgada, dejando imprejuzgada la cuestión de fondo, puede enjuiciar esta, pronunciándose en primera y única instancia sobre la petición de la parte actora, estimando o desestimando la demanda por ella presentada. El resultado de esta doctrina es que la parte (en el caso, la demandada, porque la Audiencia estimó la demanda) se vio privada de la posibilidad de una doble instancia con un doble enjuiciamiento de la cuestión de fondo planteada, sin que pueda invocar la vulneración de un pretendido derecho a la segunda instancia en el proceso civil.

A juicio de la parte recurrente, «resulta contrario al derecho a un juicio justo y a la tutela judicial efectiva que la Audiencia, al margen de los principios de inmediación, contradicción y de aportación de parte, resuelva el fondo del asunto y revoque la sentencia dictada en la instancia, al suponer tal actuación la transgresión de dichos principios vigentes en el proceso civil y la vulneración de los derechos fundamentales citados, ya que la Audiencia ha estimado la demanda formulada por la actora sin haber podido valorar debidamente las pruebas practicadas en la instancia, ya que el Juez a quo disponía de mejores elementos para poder juzgar la cuestión litigiosa, frente al Tribunal de apelación ante el cual se interpuso recurso de apelación». La sentencia, sin embargo, desestima el motivo.

El Tribunal Constitucional, desde sus primeras sentencias, considera que el derecho fundamental a obtener la tutela judicial efectiva que reconoce el artículo 24.1 de la Constitución Española (CE) no incluye el derecho a que la ley establezca un recurso (salvo el derecho a la segunda instancia en el ámbito penal), sino el derecho a acceder a los recursos establecidos en la ley: «la tutela judicial efectiva que garantiza el artículo 24 CE, aunque no obliga al legislador, salvo en materia penal, a establecer en todo caso la doble instancia, o a someter a un Tribunal superior las decisiones adoptadas por los órganos judiciales, comprende, sin embargo, la utilización de los recursos legalmente previstos en la forma y con los requisitos que señalen las leyes que los autorizan» (ya la Sentencia del Tribunal Constitucional 157/1989, de 5 de octubre). De la anterior doctrina se deriva que, a diferencia de lo que ocurre con el acceso a la jurisdicción, el derecho de acceso a los recursos, ordinarios o extraordinarios no nace ex Constitutione, sino de lo que establezca en cada caso la ley. El sistema de recursos se incorpora a la tutela judicial en la configuración que le dé cada una de las leyes de enjuiciamiento reguladoras de los diferentes órdenes jurisdiccionales, y el legislador goza de un amplio margen de libertad para configurar el sistema de recursos contra las resoluciones judiciales (SSTC 142/1996, de 16 de septiembre, y 149/1995, de 16 de octubre).

En consecuencia, el «derecho a la segunda instancia» no es un derecho absoluto, pues no existe en todos los procesos y frente a todas las resoluciones, sino que se tiene en los casos y con los requisitos que prevén las leyes procesales, y el planteado en la sentencia analizada no es uno de ellos. La ausencia de valoración de la prueba en primera instancia, porque la sentencia estimó la existencia de óbices procesales o sustantivos y dejó imprejuzgada la cuestión de fondo, no impide a la Audiencia, si la revoca, realizar dicha valoración y pronunciarse sobre el fondo. Ello no implica, por tanto, que deba acordar la nulidad y retroacción de las actuaciones para que el juzgador de instancia valore las pruebas practicadas y dicte nueva sentencia, que sería recurrible en apelación; en especial, porque, conforme al artículo 465.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, «[s]i la infracción procesal alegada se hubiera cometido al dictar sentencia en la primera instancia, el Tribunal de apelación, tras revocar la sentencia apelada, resolverá sobre la cuestión o cuestiones que fueran objeto del proceso»; y porque el artículo 227.2 de la misma ley prohíbe al «tribunal, con ocasión de un recurso, decretar de oficio una nulidad de las actuaciones que no haya sido solicitada en dicho recurso, salvo que apreciare falta de jurisdicción o de competencia objetiva o funcional o se hubiese producido violencia o intimidación que afectare a ese tribunal», sin que estas excepciones sean aplicables al caso.

2. Cuestión distinta se plantea cuando es el Tribunal Supremo quien estima la improcedencia de una excepción procesal apreciada por la Audiencia, en atención a la cual, en primera o en segunda instancia, no se valoró la prueba, y quedó imprejuzgada la cuestión de fondo. En tal caso, la retroacción de actuaciones viene exigida porque el recurso de casación no constituye una tercera instancia.

Autor/es

Faustino Cordón – Consejero Académico

Tipología

Actualidad Jurídica

Áreas y sectores

Procesal y Arbitraje

Faustino Cordón
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Consejero Académico
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Faustino Cordón
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