Heredero o legatario a beneficio de inventario: alcance de su responsabilidad sobre los intereses generados por la suspensión de la ejecución de la deuda del causante
El Tribunal Supremo, en sus Sentencias de 8, 15 y 20 de octubre de 2026 (recursos núm. 5181/2024, 6565/2024 y 6566/2024, respectivamente), ha analizado si los herederos o legatarios a beneficio de inventario están obligados a pagar, como deuda personal, los intereses de demora derivados de la suspensión de la ejecución de una deuda tributaria del causante solicitada por aquellos o si, por el contrario, dichos intereses constituyen una deuda o carga de la herencia cuya recaudación está limitada por el beneficio de inventario.
En el primero de tales fallos —cuyo supuesto de hecho coincide sustancialmente con el planteado en el resto de las sentencias citadas—, el recurrente, legatario de parte alícuota de su abuelo fallecido, aceptó el legado a beneficio de inventario. Tras regularizar la situación tributaria del causante en relación con su impuesto sobre la renta de las personas físicas, la Administración le requirió el pago de su parte de la deuda del causante, requerimiento que no fue impugnado, por lo que la deuda adquirió firmeza. Poco después, los sucesores, entre los que se halla el recurrente, solicitaron un aplazamiento del pago con dispensa de garantías, que fue concedido; no así su ampliación, también solicitada, tras lo cual se dictaron providencias de apremio. Estas fueron impugnadas sin éxito tanto en vía económico-administrativa como, posteriormente, en vía contencioso-administrativa ante la Audiencia Nacional. Pues bien, ante este tribunal se solicitó la suspensión de la ejecución de la deuda, por lo que la Administración tributaria, una vez concluido el litigio, liquidó una cantidad en concepto de intereses de demora correspondientes al período durante el cual la ejecución de la deuda quedó suspendida. Dicho importe no fue ingresado, lo que motivó el dictado de una nueva providencia de apremio que derivó posteriormente en varias diligencias de embargo sobre el patrimonio personal del recurrente.
En ese contexto, el Tribunal Supremo analiza la viabilidad del recurso planteado contra la liquidación de los intereses suspensivos, que el recurrente entiende que no debe asumir por ser accesorios de la deuda del causante y, además, por superar el límite del importe que debe pagar en aplicación del beneficio de inventario.
Sin embargo, el Alto Tribunal se aparta de tal posición al entender que los intereses de demora derivados de una suspensión o aplazamiento solicitado por el heredero —en este caso, por el legatario de parte alícuota— son una obligación propia del sucesor y no una deuda de la herencia, posición que sustenta en los siguientes argumentos.
En primer lugar, apunta, el artículo 1023 del Código Civil configura el beneficio de inventario como un mecanismo por el que el heredero conserva separados su patrimonio y el hereditario, respondiendo de las cargas hereditarias únicamente hasta donde alcancen los bienes de la herencia. De esta forma, el beneficio de inventario solo limita las deudas procedentes del causante, pero no las obligaciones propias del heredero, que no se vuelve inmune frente a todas las obligaciones que guarden alguna relación con la herencia.
Por tanto, añade, lo decisivo es determinar si los intereses suspensivos liquidados, que se encuentran en el origen del recurso, proceden de la deuda originaria del causante o si, por el contrario, nacen de una actuación posterior y autónoma del heredero. El tribunal sostiene esta última posición, teniendo en cuenta que su origen se halla en la decisión voluntaria del legatario de parte alícuota de solicitar la suspensión de la ejecución de una deuda tributaria firme del causante, retrasando así su pago. De haber satisfecho la deuda o realizado bienes de la herencia para atenderla, añade el tribunal, dichos intereses no se habrían devengado. Y es que, continúa razonando, aunque la obligación principal tenga carácter hereditario, los intereses generados por un aplazamiento o una solicitud de suspensión constituyen el «coste financiero» derivado de diferir voluntariamente su pago. Este diferimiento se logra mediante una actuación realizada por el sucesor y en su interés, que da lugar a una nueva relación entre él y la Administración tributaria surgida tras el fallecimiento del causante, por lo que dichos intereses deben quedar al margen de la limitación de responsabilidad propia del beneficio de inventario.
Por otro lado, apunta el tribunal, los intereses suspensivos tienen una naturaleza esencialmente compensatoria, ya que su finalidad es retribuir a la Hacienda Pública por permitir que el obligado conserve temporalmente unos recursos que deberían haberse ingresado. Es, por tanto, este, y no el causante, quien obtiene la ventaja económica derivada de la suspensión del pago de la deuda firme apremiada, por lo que el tribunal considera coherente que el coste financiero de esa ventaja recaiga sobre quien la disfruta.
En línea con lo expuesto, el tribunal considera determinante diferenciar entre intereses «heredados» e intereses «generados». Los primeros —devengados antes del fallecimiento— forman parte del pasivo hereditario. En cambio, los segundos —devengados tras la solicitud de suspensión del heredero— no existían al tiempo de abrirse la sucesión y nacen únicamente porque el sucesor insta la suspensión de la deuda firme apremiada. Por ello, el Alto Tribunal entiende que en este caso no existe una deuda recibida mortis causa, sino una obligación creada ex novo por el sucesor, en este caso por el legatario de parte alícuota.
Además, el tribunal no comparte que el carácter accesorio de los intereses sea una razón válida para imputarlos al causante o a la administración de la herencia, como alegaba el recurrente, porque, aun siendo accesoria la obligación de abonarlos, se trata de una obligación distinta de la principal, con sus propios elementos configuradores, entre ellos el nacimiento o devengo de dicha obligación.
Por último, añade el Alto Tribunal, las consideraciones anteriores no resultan afectadas por la circunstancia de que el obligado tributario ostente la condición de legatario de parte alícuota, y no de heredero. Lo decisivo, apunta, no es la cualidad sucesoria del sujeto, sino la naturaleza de la obligación controvertida, que, como se ha señalado, deriva de una actuación autónoma del sucesor, ya sea heredero o, como en el caso analizado, legatario de parte alícuota del obligado.
Por todas las razones apuntadas, el Tribunal Supremo establece como doctrina que «el legatario de parte alícuota que ha aceptado a beneficio de inventario está obligado a pagar, como deuda personal, los intereses de demora suspensivos derivados de la suspensión solicitada por él respecto del pago de la deuda tributaria firme del causante, de la que responde con su patrimonio, sin sujeción al límite del beneficio de inventario».
Los fallos comentados suponen una relevante delimitación del alcance del beneficio de inventario en el ámbito tributario, sobre la base de la diferenciación entre las obligaciones transmitidas mortis causa y aquellas que, aunque conectadas con las anteriores, nacen de actuaciones posteriores del sucesor, y consideran que los intereses suspensivos derivados de una suspensión o aplazamiento solicitado por el heredero o legatario constituyen una deuda propia y no una carga hereditaria. Por tanto, habrá que atender a las consecuencias económicas que pueden derivarse para los sucesores de sus decisiones procesales, ya que en esos casos la protección práctica que proporciona el beneficio de inventario se verá limitada.