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Un apunte sobre la exigencia de acuerdo previo de la comunidad de propietarios para el ejercicio de acciones por su presidente

icon 18 de noviembre, 2026

En el supuesto resuelto por la sentencia del Tribunal Supremo (STS) 916/2024, de 27 de junio (recurso 3145/2019), el presidente de una comunidad de propietarios demandada había formulado reconvención, en la que solicitaba la nulidad de los contratos y, subsidiariamente, su resolución, sin que la junta de propietarios lo hubiera autorizado expresamente. Tal pretensión fue estimada en primera instancia, pero rechazada en apelación por la Audiencia Provincial con base en la jurisprudencia sobre la exigencia de acuerdo previo de la junta de propietarios para el ejercicio de acciones por el presidente en nombre de la comunidad. En el recurso de casación interpuesto, el recurrente alegó, por un lado, que, con arreglo a la doctrina jurisprudencial, se presume que el presidente está tácitamente autorizado para el ejercicio de acciones cuando interviene en beneficio de la comunidad en relación con obras de la naturaleza de las del caso, ya que, en tal supuesto, la cuestión tratada es de interés común (motivo primero); y, por otro, que, aunque se considere que no está tácitamente autorizado para el ejercicio de la acción, puede demandar con arreglo a la doctrina que lo faculta para hacerlo en casos de urgencia y necesidad, como ocurre en el caso, en el que tiene que contestar y reconvenir dentro de un plazo perentorio (motivo segundo).

La sentencia desestima ambos motivos. Recuerda, en primer lugar, la doctrina de la Sala Primera sobre la exigencia de acuerdo previo de la junta de propietarios para el ejercicio de acciones por el presidente en nombre de la comunidad, exigencia que ha sido generalizada por la jurisprudencia, aunque la Ley de Propiedad Horizontal (LPH) únicamente la impone de modo expreso en los supuestos de acción de cesación de actividades prohibidas por los estatutos que resulten dañosas para la finca (art. 7.2 LPH) y de reclamación de cuotas impagadas a través del procedimiento monitorio (art. 21.3 LPH). Conforme a esta jurisprudencia, el presidente no está legitimado para cualquier actuación por el mero hecho de ostentar el cargo, ya que «no resulta razonable sostener que la facultad de representación que se atribuye de modo genérico al presidente le permita decidir unilateralmente sobre asuntos importantes para la comunidad» (STS 622/2015, de 5 de noviembre).

Ciertamente, esa misma jurisprudencia ha interpretado el requisito de la autorización previa de manera flexible, de forma que lo relevante es que el presidente cuente realmente con el consentimiento de los propietarios afectados, sin que sea preciso un acuerdo formal; basta con que tal consentimiento se produzca dentro del proceso (por ejemplo, mediante ratificación de los interesados) o se deduzca de manera razonable de los acuerdos adoptados (STS 422/2016, de 24 de junio, RJ 2016/3712). Pero en el caso, concluye la sentencia, ni existe este consentimiento tácito ni concurre la circunstancia de urgencia invocada: «los contratos (cuya nulidad o subsidiaria resolución se pretende vía reconvencional) se concertaron contando con la autorización expresa de la junta de propietarios que examinó las ofertas presentadas y aceptó la de Mananaia, por tanto, su anulación exige, también, la autorización expresa de la junta que los consintió, so pena de que el presidente supla o corrija por su cuenta y con arreglo a su propio y particular criterio la voluntad de la comunidad expresada en la junta. Está fuera de duda, además, que se trata de un asunto importante para la comunidad, por tanto, no es razonable que el presidente decida unilateralmente con base en una facultad de representación que la ley le atribuye genéricamente. Tampoco consta que los estatutos de la comunidad salven la necesidad de la autorización expresa de la junta para que el presidente pueda pretender la nulidad de los contratos que han sido concertados previo consentimiento de aquella. Y el argumento de la urgencia y la necesidad, que tampoco es óbice a lo anterior, además, carece de virtualidad, aunque solo sea por la razón de que la nulidad de los contratos se podía haber planteado y pedido, contando con la autorización de la comunidad, sin esperar a que esta fuera demandada y se viera sometida por ello a la presión del plazo procesal establecido para contestar y reconvenir».

Autor/es

Faustino Cordón – Consejero Académico

Tipología

Actualidad Jurídica

Áreas y sectores

Procesal y Arbitraje

Faustino Cordón
Faustino Cordón
Consejero Académico
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Faustino Cordón
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