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PUBLICACIÓN

Lectura de la sentencia del Tribunal Supremo, Sala 2.ª, 428/2026, de 24 de junio, sobre la prueba ilícita

icon 18 de noviembre, 2026

1. En el supuesto resuelto por la sentencia del Tribunal Supremo (STS), Sala 2.ª, 428/2026, de 24 de junio, rec. 5464/2023 (Roj: STS 2853/2026; ECLI:ES:TS:2026:2853), los recurrentes en casación habían sido condenados por un delito de promoción y facilitación del trasplante ilegal de órganos humanos ajenos. En el primer motivo de su recurso sostuvieron que la identificación de los potenciales donantes (hecho relevante determinante de la condena) solo fue posible porque la Policía accedió a datos clínicos del centro hospitalario no comprendidos en el mandamiento judicial. Los hechos relevantes de la sentencia —dicen— se apoyan en esa información del centro sanitario indebidamente obtenida, de lo que dedujeron que, por aplicación del artículo 11.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), debían excluirse del acervo probatorio no solo los documentos así obtenidos, sino también las declaraciones testificales de las personas identificadas a partir de los datos contenidos en ellos.

En realidad, el debate en casación no versa sobre la ilicitud de las pruebas directamente obtenidas, pues la propia sentencia de la Audiencia la reconoce. La controversia consiste «en determinar si dicha ilicitud arrastra necesariamente la nulidad de toda la prueba posterior o si la causa disponía de fuentes autónomas que permitían alcanzar los elementos esenciales de la investigación sin aprovechar constitucionalmente la información clínica indebidamente incorporada». La primera opción (nulidad de la prueba posterior derivada de la ilícitamente obtenida) es la postura de los recurrentes, que entienden que «la Audiencia incurre en un salto argumental cuando, pese a reconocer la ilicitud de la prueba originaria, acude a una hipotética fuente independiente o al descubrimiento inevitable para salvar la prueba posterior». Por el contrario, sostienen, «sin los historiales indebidamente incorporados no habría existido instrucción posible respecto de los demás pacientes, porque ni el Juzgado, ni la ONT(Organización Nacional de Transportes) ni otro organismo conocían su existencia».

La Sala Segunda del Tribunal Supremo agrupó los diversos motivos de casación sobre esta cuestión para decidirlos conjuntamente en el motivo primero. La sentencia los aborda recordando la jurisprudencia de la propia Sala y del Tribunal Constitucional sobre la prueba ilícitamente obtenida, y centra el análisis en uno de sus aspectos básicos, a saber, el alcance de la eventual contaminación de la prueba derivada. Concluye, como vamos a ver, que, a pesar de la ilicitud de la prueba directa constituida por los datos obtenidos del centro hospitalario sin autorización judicial, no existe en el caso conexión de antijuridicidad con el resto de la prueba de cargo indirecta o refleja.

2. La sentencia parte del artículo 11.1 LOPJ, que impone la ineficacia o exclusión probatoria («No surtirán efecto…», dice el precepto) de las pruebas ilícitamente obtenidas: «Que la prueba obtenida con vulneración de un derecho fundamental ha de ser excluida de la apreciación probatoria forma parte de las garantías del sistema constitucional. Más allá de su proclamación expresa en un enunciado normativo, su vigencia es nota definitoria del derecho a un proceso con todas las garantías. La exclusión de prueba ilícita del material valorable por el órgano decisorio forma parte del patrimonio jurídico de los sistemas democráticos. Y es que como proclamara esta Sala mediante un brocardo de obligada cita cuando se aborda esta materia, la verdad real no puede obtenerse a cualquier precio. La necesidad de hacer eficaz esa regla de exclusión viene impuesta incluso por una exigencia ética ligada a la fuente legitimante de la función jurisdiccional» (STS, Sala 2.ª, 116/2017, de 23 de febrero, rec. 1261/2016).

La ilicitud de la prueba (art. 11.1 LOPJ) constituye un límite a esta (véase la sentencia del Tribunal Constitucional [STC] 114/1984, de 29 de noviembre) que opera en todo tipo de procesos, pero en especial en el penal (véase, para el civil, el art. 287 de la Ley de Enjuiciamiento Civil). No se discute la exclusión probatoria que impone el precepto, pero sí el alcance prácticamente absoluto que se desprende de su tenor literal, que habla de pruebas «obtenidas directa o indirectamente violentando los derechos o libertades fundamentales» y excluye, por tanto, la eficacia probatoria no solo de las pruebas logradas infringiendo directamente el derecho fundamental, sino también de las derivadas de aquellas, siempre, por supuesto, que en estas últimas resulte acreditado el nexo causal entre la prueba ilícita original y la prueba derivada que se pretende excluir. En efecto, esta interpretación del artículo 11.1 LOPJ ha sido rechazada por la doctrina y la jurisprudencia más características, que han propugnado desde siempre una exégesis correctora de la norma que introduzca excepciones al carácter prácticamente absoluto con que aparece redactada. Recuerda, al respecto, la STS, Sala 2.ª, 116/2017, antes citada, que «la doctrina sobre la prueba obtenida con vulneración de derechos fundamentales no responde a una fotografía estática, antes al contrario, ha experimentado una más que apreciable evolución desde su formulación inicial por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional español». El Tribunal Constitucional, y también el Tribunal Supremo, han flexibilizado la ineficacia de estas pruebas prevista en el artículo 11.1 LOPJ atendiendo a las circunstancias del caso concreto, y han introducido excepciones a la regla de exclusión, ponderando los intereses en conflicto.

3. La sentencia da cuenta de esta discusión: «La consecuencia inmediata de la vulneración es la prohibición de valoración de la prueba directamente obtenida mediante lesión del derecho fundamental. Otra cuestión distinta es la extensión de esa prohibición a las pruebas posteriores». A continuación, se centra en lo que constituye el objeto concreto de su análisis y recuerda que «(d)esde las SSTC 114/1984, de 29 de noviembre, y 81/1998, de 2 de abril, la doctrina constitucional exige comprobar si entre la prueba ilícita originaria y la prueba posterior existe, además de una relación causal, una conexión de antijuridicidad», y que la Sala Segunda del Tribunal Supremo ha aplicado ese canon desde antiguo (entre otras muchas, en las SSTS 320/2011, de 22 de abril; 69/2013, de 31 de enero; 912/2013, de 4 de diciembre; 963/2013, de 18 de diciembre; 786/2015, de 4 de diciembre; 300/2016, de 11 de abril; 650/2016, de 15 de julio; 184/2022, de 24 de febrero, y 971/2022, de 16 de diciembre).

Mientras la conexión causal «atiende al vínculo histórico entre una diligencia (probatoria) y otra», la conexión de antijuridicidad «introduce un juicio normativo. Obliga a determinar si la prueba posterior constituye aprovechamiento constitucionalmente relevante de la vulneración precedente o si, por el contrario, cuenta con una génesis autónoma, procede de una fuente independiente o habría sido alcanzada de manera inevitable por una vía ordinaria y lícita de investigación». La fuente independiente y el descubrimiento inevitable son supuestos diferentes que justifican la licitud de la prueba de que se trate: «Hay fuente independiente cuando la prueba no procede de la vulneración, sino de un origen distinto, lícito y autónomo. Hay descubrimiento inevitable cuando, aun admitida una conexión causal inicial con la actuación ilícita, puede afirmarse con un juicio concreto, no puramente especulativo, que el mismo resultado probatorio habría sido alcanzado por medios constitucionalmente correctos».

Aplicando el canon precedente, el Tribunal Supremo ratifica el criterio de la Audiencia, conforme al cual la ilicitud de la prueba directa inicial no arrastra necesariamente la nulidad de toda la prueba posterior, porque en la causa existían fuentes autónomas, que la sentencia examina y que «permitían alcanzar los elementos esenciales de la investigación sin aprovechar constitucionalmente la información clínica indebidamente incorporada». Debe rechazarse, por tanto, la tesis de que la ausencia de autorización judicial y, en general, la obtención ilícita de la prueba originaria impide siempre apreciar una ruptura de la conexión de antijuridicidad con la prueba posterior y, en consecuencia, su licitud: «La STS 43/2013, de 22 de enero, y las resoluciones que siguen esa línea, no formulan una regla automática de esterilización completa del proceso. Lo que exigen es un examen especialmente riguroso cuando la vulneración procede de agentes estatales que conocían la necesidad de habilitación judicial. Ese rigor impide validar atajos investigadores. No impide valorar fuentes verdaderamente autónomas ni pruebas que habrían sido obtenidas por cauces ordinarios y constitucionalmente legítimos».

Tampoco lo impide el hecho de que la sentencia recurrida mencione datos que la propia Audiencia consideró afectados por la ilicitud inicial. La exclusión de la prueba ilícita exige prescindir de todo lo referente a ella no solo formalmente, sino también en la motivación de la sentencia; pero este defecto no determina por sí solo la anulación de la resolución cuando, como ocurre en el caso, la misma conclusión se apoya en fuentes independientes y suficientes desde el punto de vista de la licitud probatoria: «En casación no procede anular una sentencia por referencias no decisivas a material excluido si, depurado el razonamiento, subsiste un soporte probatorio constitucionalmente válido».

4. La sentencia comentada no aporta nada nuevo, porque se limita a examinar excepciones al carácter absoluto de la exclusión de la prueba ilícita que no son objeto de discusión (cuando se acredita la independencia de la fuente de la prueba derivada, o en los casos en que el descubrimiento del hecho por medios distintos de la prueba ilícita era inevitable), sin adentrarse en aquellas otras que, como la examinada en la STC 97/2019, de 16 de julio, que analicé en una nota anterior, han suscitado polémica porque suponen, de alguna forma, una degradación del alcance del derecho constitucional a la prueba reconocido en el artículo 24.2 de la Constitución Española.

Autor/es

Faustino Cordón – Consejero Académico

Tipología

Actualidad Jurídica

Áreas y sectores

Procesal y Arbitraje

Faustino Cordón
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Consejero Académico
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