Diego Martín-Abril opina sobre la tipificación de los delitos contra la Hacienda Pública | ElPaís

Diego Martín-Abril, Counsel de Fiscal y ex director general de Tributos en Hacienda, ha comentado el tipo penal de los delitos fiscales en España, en ElPaís.

El Counsel de Fiscal de Gómez-Acebo & Pombo, Diego Martín-Abril, reflexionaba acerca del elemento objetivo del delito de defraudación contra la Hacienda Pública ante un desplome en los últimos años del número de delitos cometidos en esta materia.

Martín-Abril apuntaba que “Es de agradecer que la diferencia entre infracción tributaria y delito fiscal resulte tan clara en términos cuantitativos”. A ello, le añadía que, en otros países, a diferencia de España, no existen umbrales que sirvan de referencia y el factor subjetivo es el que prima.

Esto hace referencia a los dos elementos del tipo penal, el objetivo y el subjetivo. Así, el primero de ellos está determinado por la percepción de una cuantía determinada, que en este caso es de 120.000 euros, o de 600.000 euros para el supuesto agravado; en cómputo anual. Mientras que, por su parte, el elemento subjetivo incluye el animo de defraudar o dolo; es decir, la intencionalidad o voluntad clara de evadir.

Todo ello, además, con independencia del impuesto sobre el que recaiga -sobre la renta, patrimonio, consumo, etc.-; y ya sea el infractor persona natural o jurídica.

Así mismo, los expertos comentaban acerca del motivo de la caída de la comisión de estos delitos y es que, desde 2011, el volumen de denuncias por este tipo de fraude se ha reducido notablemente, hasta un 80%. Ese año el número de casos tramitados por indicios de delito por los funcionarios de la Agencia Tributaria (AEAT) superó el millar, con un importe conjunto de cuota defraudada superior a los 900 millones de euros. A partir de aquí, el número de denuncias fue cayendo paulatinamente y en el ejercicio 2022 —último con datos disponibles— se iniciaron únicamente 184 procesos, un hundimiento del 82% desde el nivel más alto.

En los años previos a la crisis financiera, el número de denuncias de este tipo rondaba las 800 por año, con importes totales que podían superar los 900 millones de euros. Tras el récord de 2011, el volumen comenzó a menguar y, a partir de 2018, se bajó por primera vez de la barrera de los 200 delitos por ejercicio, con importes de 100 o 200 millones de euros. Si bien es cierto que en 2022, fueron únicamente 184 denuncias, estas supusieron una insólita cuota defraudada de 612 millones, una cifra “extraordinaria”, como puntualiza la AEAT.

Los expertos debaten sobre le motivo de la caída: el sistema disuasorio del régimen sancionador, por los nuevos sistemas de investigación de estos delitos y el intercambio de información entre jurisdicciones o por el interés en el cumplimiento de la ley.

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