El nivel del tipo del IRC importa, pero también las leyes estables | Jornal de Negócios

El Tribunal Constitucional declara inconstitucional y nulo el último inciso del artículo 15.6 del Decreto Legislativo 1/2011, de 28 de julio, en virtud del cual las sociedades de garantía recíproca podían beneficiarse de un tipo reducido del 0,1% en la modalidad impositiva de actos jurídicos documentados, únicamente cuando tuviesen su «domicilio social en el territorio de la Comunidad Autónoma de Galicia».

Conforme a la doctrina consolidada del Tribunal Supremo, en aquellos casos en los que exista una tasación hipotecaria reciente e incorporada a la escritura de préstamo con una divergencia relevante sobre el valor declarado, el inicio de una comprobación de valores sobre la base de dicha tasación sería válido y la motivación de la propuesta adecuada, si se incorpora el certificado de tasación. En este escenario, el estándar probatorio requerido al contribuyente para enervar dicha valoración se eleva y se precisa.

La Audiencia Nacional analiza si la liquidación definitiva dictada tras la regularización del ISD del donatario por falta de concurrencia de los requisitos previstos en el artículo 20.6 de la Ley 29/1987 para aplicar la reducción por trasmisión de participaciones, permite o no a la Administración tributaria, al regularizar el IRPF del donante, apartarse del valor del bien donado declarado y no modificado por la Administración autonómica.

El Tribunal Supremo determina que el requisito de la desvinculación efectiva del trabajador con la empresa que prevé el artículo 1 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para aplicar la exención por despido o cese del trabajador del artículo 7.e) de la Ley 35/2006, no es exigible en supuestos de resolución de mutuo acuerdo de la relación laboral a efectos de aplicar la reducción por rendimientos obtenidos de forma notoriamente irregular en el tiempo.

La Sentencia del Tribunal Constitucional 13/2026, de 12 de febrero, ha declarado la conformidad del valor de referencia con el principio de capacidad económica al constituir un sistema de cuantificación objetiva de capacidades económicas potenciales que cuenta con una justificación razonable y suficiente desde el punto de vista constitucional, y al posibilitar la estimación directa de las bases imponibles.

Mediante su Sentencia de 26 de febrero del 2026 sobre el asunto C-524/23, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha declarado que el Reino de Bélgica ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de a Directiva (UE) 2016/1164, al no haber adoptado las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para garantizar el derecho de los contribuyentes a deducir del impuesto sobre sociedades el impuesto pagado por las sociedades extranjeras controladas.

El Tribunal Supremo determina que el requisito de tener al menos a una persona contratada a jornada completa exigido a las entidades dedicadas al arrendamiento inmobiliario para entender que realizan efectivamente una actividad económica puede entenderse cumplido en otra entidad distinta de la arrendadora cuando ésta forme parte y se integre funcionalmente en la actividad del conjunto de las empresas del grupo.

La Dirección General de Tributos valida de nuevo la aplicación del régimen de neutralidad fiscal a las escisiones de sociedades familiares orientadas a facilitar su relevo generacional, analizando también cuáles serían las consecuencias que la aplicación de dicho régimen tendría sobre las reservas de capitalización y nivelación aprovechadas por la entidad que se escinde.

El Tribunal Supremo establece que, en ausencia de normas transitorias, considerando la presunción de irretroactividad ex artículo 9.3 de la Constitución, el principio de seguridad jurídica y la aplicación supletoria del artículo 1939 del Código Civil, debe aplicarse la redacción del artículo 67.2 de la Ley General Tributaria previa a la vigencia de la Ley 7/2012 en los casos en que los hechos que constituyen el presupuesto de la responsabilidad del artículo 42.2a de la Ley General Tributaria se producen antes de la entrada en vigor de esta ley, pero el procedimiento de declaración de la responsabilidad se inicia y tramita con posterioridad.