El raro caso de la Zona Franca de Madeira | Advocatus

El Tribunal Supremo determina que el requisito de la desvinculación efectiva del trabajador con la empresa que prevé el artículo 1 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para aplicar la exención por despido o cese del trabajador del artículo 7.e) de la Ley 35/2006, no es exigible en supuestos de resolución de mutuo acuerdo de la relación laboral a efectos de aplicar la reducción por rendimientos obtenidos de forma notoriamente irregular en el tiempo.

La Sentencia del Tribunal Constitucional 13/2026, de 12 de febrero, ha declarado la conformidad del valor de referencia con el principio de capacidad económica al constituir un sistema de cuantificación objetiva de capacidades económicas potenciales que cuenta con una justificación razonable y suficiente desde el punto de vista constitucional, y al posibilitar la estimación directa de las bases imponibles.

Mediante su Sentencia de 26 de febrero del 2026 sobre el asunto C-524/23, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha declarado que el Reino de Bélgica ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de a Directiva (UE) 2016/1164, al no haber adoptado las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para garantizar el derecho de los contribuyentes a deducir del impuesto sobre sociedades el impuesto pagado por las sociedades extranjeras controladas.

El Tribunal Supremo determina que el requisito de tener al menos a una persona contratada a jornada completa exigido a las entidades dedicadas al arrendamiento inmobiliario para entender que realizan efectivamente una actividad económica puede entenderse cumplido en otra entidad distinta de la arrendadora cuando ésta forme parte y se integre funcionalmente en la actividad del conjunto de las empresas del grupo.

La Dirección General de Tributos valida de nuevo la aplicación del régimen de neutralidad fiscal a las escisiones de sociedades familiares orientadas a facilitar su relevo generacional, analizando también cuáles serían las consecuencias que la aplicación de dicho régimen tendría sobre las reservas de capitalización y nivelación aprovechadas por la entidad que se escinde.

El Tribunal Supremo establece que, en ausencia de normas transitorias, considerando la presunción de irretroactividad ex artículo 9.3 de la Constitución, el principio de seguridad jurídica y la aplicación supletoria del artículo 1939 del Código Civil, debe aplicarse la redacción del artículo 67.2 de la Ley General Tributaria previa a la vigencia de la Ley 7/2012 en los casos en que los hechos que constituyen el presupuesto de la responsabilidad del artículo 42.2a de la Ley General Tributaria se producen antes de la entrada en vigor de esta ley, pero el procedimiento de declaración de la responsabilidad se inicia y tramita con posterioridad.

El Tribunal analiza las exigencias normativas relativas a la contabilización de la Reserva para Inversiones en Canarias (RIC) y las posibles consecuencias jurídicas asociadas a su incumplimiento, en especial, cuando éste deriva de la inexistencia en el balance de la actividad del contribuyente de la reserva dentro del período de mantenimiento, pese a que el activo en que se materializó la inversión permanece en funcionamiento en la empresa del adquirente.

El Tribunal Económico-Administrativo Central interpreta en esta resolución determinados principios constitucionales y generales del derecho tributario y aplica la denominada teoría o doctrina del conocimiento para, sobre la base de pruebas indiciarias o indirectas, denegar el derecho a la deducción del impuesto sobre el valor añadido soportado al considerar acreditado que el sujeto pasivo sabía o debía haber sabido que participaba en una operación que formaba parte de un fraude en ese impuesto.

La Dirección General de Tributos analiza si los préstamos concedidos por una empresa familiar a los descendientes de los partícipes en la misma y a entidades vinculadas, podrían ser considerados activos afectos a la actividad empresarial de la mercantil, respuesta que incidirá tanto para determinar el acceso a la aplicación de la exención prevista en el artículo 4.Ocho.Dos de la Ley del Impuesto sobre el Patrimonio, como para determinar el alcance de la misma.