El seguro presiona para que las sicavs puedan reinvertir sin peaje fiscal en ‘unit links’ – El Confidencial

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía acoge el criterio del Tribunal Económico-Administrativo Central y entiende que el cambio de doctrina jurisprudencial en relación con la tributación de los intereses de demora abonados por la Administración no permite regularizar actuaciones tributarias de los contribuyentes realizadas al amparo y en aplicación de una primera doctrina jurisprudencial, posteriormente superada, en virtud del principio de protección de la confianza legítima.

La Dirección General de Tributos analiza la fiscalidad de una operación en virtud de la cual el arrendador de una vivienda vende a una empresa sus derechos de crédito futuros frente al arrendatario por un importe inferior al que tendrá que abonar el inquilino conforme a lo establecido en el contrato de arrendamiento.

La Audiencia Nacional avala la deducibilidad en el impuesto sobre sociedades de las provisiones para afrontar responsabilidades derivadas de litigios, al hilo de un supuesto en el que varias sociedades depositaron las fianzas impuestas judicialmente para afrontar su posible responsabilidad civil subsidiaria dentro de un procedimiento penal.

El Tribunal Supremo determina que la doctrina del «doble tiro» permite a la Administración practicar una segunda liquidación en caso de anulación de la primera por motivos formales o sustantivos. Pero, anulada la segunda, no cabe, por ningún concepto o circunstancia, el dictado de un tercero o sucesivos actos administrativos en sustitución de otros anulados, aunque el segundo adolezca de cualquier vicio, formal o material. Los principios generales de buena administración y el de buena fe, entre otros, se oponen a tal posibilidad de manera absoluta.

Para el Tribunal Económico-Administrativo Central, las aportaciones de los socios que guarden proporcionalidad con su porcentaje de participación en el capital social deben contabilizarse como incrementos de los fondos propios, mientras que los excesos sobre dicha aportación son ingresos imponibles para la sociedad. Los pactos parasociales adoptados en el curso del procedimiento inspector para justificar un plan de ampliación de capital carecen de eficacia probatoria.

En contra del criterio mantenido por la Audiencia Nacional, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana entiende que la exención de los intereses pagados a residentes de la Unión Europea debe aplicarse en los términos que el legislador nacional ha optado por mantener, sin las exigencias adicionales de la Directiva 2003/49/CE. En caso de apreciar la existencia de prácticas abusivas, la regularización tributaria debe hacerse acudiendo a alguna de las cláusulas generales antiabuso previstas en la Ley General Tributaria.

El Tribunal Económico Administrativo Central determina que, al igual que los sujetos residentes en nuestro país, también los no residentes deben tributar por los rendimientos derivados del arrendamiento de un inmueble situado en España independientemente de si las rentas han sido o no percibidas por los arrendatarios, debiendo imputarse tales rentas conforme a la regla general de imputación establecida en el artículo 14 de la Ley 35/2006, es decir, la de su exigibilidad.

La Dirección General de Tributos dirime si la formalización en escritura pública de la liberación de un codeudor original de un préstamo hipotecario en la disolución de un condominio, está sujeta a la modalidad impositiva de actos jurídicos documentados del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados y, en ese caso, quién tiene la condición de sujeto pasivo

El Tribunal Central determina que la norma reguladora del plazo para el ejercicio de la potestad sancionadora del artículo 209.2 de la Ley General Tributaria —como también las disposiciones reguladoras de la prescripción y extinción de la responsabilidad sancionadora— no sólo es de naturaleza procedimental, sino también sustantiva, por lo que deberá aplicarse en cada caso la redacción de la norma que se encuentre vigente en el momento de cometerse las infracciones. En dicha materia sustantiva no cabe —señala el Tribunal— la aplicación retroactiva de modificaciones legislativas de naturaleza agravatoria.