Entrevista de Iñigo Erlaiz en Expansión

La Audiencia Nacional avala la deducibilidad en el impuesto sobre sociedades de las provisiones para afrontar responsabilidades derivadas de litigios, al hilo de un supuesto en el que varias sociedades depositaron las fianzas impuestas judicialmente para afrontar su posible responsabilidad civil subsidiaria dentro de un procedimiento penal.

Se ofrecen una selección de las principales novedades legislativas y jurisprudenciales en el sector.

El Tribunal Supremo determina que la doctrina del «doble tiro» permite a la Administración practicar una segunda liquidación en caso de anulación de la primera por motivos formales o sustantivos. Pero, anulada la segunda, no cabe, por ningún concepto o circunstancia, el dictado de un tercero o sucesivos actos administrativos en sustitución de otros anulados, aunque el segundo adolezca de cualquier vicio, formal o material. Los principios generales de buena administración y el de buena fe, entre otros, se oponen a tal posibilidad de manera absoluta.

Se analiza, en definitiva, si estas formas de regreso de pagos pueden estar comprendidas en la acción social de responsabilidad contra administradores.

El interés legítimo como fundamento de la legitimación para el ejercicio de la acción de nulidad está reconocido en la Constitución, que impone a los órganos judiciales la obligación de interpretar con amplitud las fórmulas que las leyes procesales utilicen en orden a la atribución de legitimación activa para acceder a los procesos judiciales

Para el Tribunal Económico-Administrativo Central, las aportaciones de los socios que guarden proporcionalidad con su porcentaje de participación en el capital social deben contabilizarse como incrementos de los fondos propios, mientras que los excesos sobre dicha aportación son ingresos imponibles para la sociedad. Los pactos parasociales adoptados en el curso del procedimiento inspector para justificar un plan de ampliación de capital carecen de eficacia probatoria.

El auge de las plataformas de intermediación se extiende también al sector de los medicamentos, existiendo distintas plataformas creadas para intermediar entre las farmacias que los dispensan y los clientes que los adquieren. Sucede, no obstante, que en este campo existen restricciones normativas cuya interpretación y aplicación genera frecuentes disputas ante los tribunales de justicia. El Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso) acaba de dictar dos sentencias al respecto. Se trata de la sentencia núm. 1000/2025, de 16 de julio (ECLI: ES:TS:2025:3516), y de la Sentencia núm. 961/2025, de 14 de julio (ECLI:ES:TS:2025:3554).

Interpretación del artículo 652.2 de la Ley Concursal

La DG FISMA (Comisión Europea) ha anunciado en una carta de 1 de octubre del 2027 que no va a aprobar 115 actos delegados en desarrollo de la normativa financiera de nivel 1 hasta dentro de dos años. Se trata de mandatos de desarrollo de las Directivas y Reglamentos del Parlamento Europeo y del Consejo en materias que considera no esenciales