Entrevista de Iñigo Erlaiz en Expansión

El Tribunal Económico-Administrativo Central confirma, en unificación de criterios, que el derecho a la devolución del impuesto debe efectuarse respetando el marco normativo aplicable, sin que quepa exigir requisitos no previstos de forma expresa por la ley. Este criterio refuerza la seguridad jurídica y es previsible que tenga un impacto significativo, ya que la Agencia Estatal de Administración Tributaria ha venido denegando la mayor parte de las solicitudes de devolución amparadas en el citado artículo 81.1d de la Ley 7/2022 con base en distintas respuestas a consultas vinculantes de la Dirección General de Tributos.

La doctrina de los tribunales es discutible porque el artículo 39 de la Ley de Arbitraje utiliza una redacción distinta de la prevista en la LOPJ y en la LEC, subrayando que la solicitud de rectificación es una facultad, y no contempla la posibilidad de que el árbitro actúe de oficio.

Se analiza la resolución del Tribunal Superior Regional (Oberlandesgericht) de Colonia de 23 de mayo de 2025 (15 UKl 2/25), en la que el tribunal alemán desestima la solicitud de medidas cautelares para prohibir al demandado el tratamiento de datos personales publicados por consumidores en los servicios de Facebook e Instagram, para el desarrollo y la mejora de sistemas de inteligencia artificial

En su Sentencia de 19 de junio del 2025 (as. Comisión Europea contra República de Polonia, C 200/24, ECLI:EU:C:2025:459), el Tribunal de Justicia ha declarado que el establecimiento por parte de una legislación nacional de una prohibición total de la publicidad de farmacias infringe el Derecho de la Unión Europea.

El Tribunal Supremo ha determinado que el día final o dies ad quem del devengo de intereses de demora correspondiente a las liquidaciones que se derivan de un acta suscrita en disconformidad es la fecha del acuerdo de liquidación —dictado dentro del plazo máximo de duración del procedimiento inspector—, debiendo exigirse, por tanto, intereses al obligado hasta esa fecha

La Audiencia Provincial de Madrid confirma la nulidad de una operación de compraventa de participaciones sociales realizada por una sociedad —como vendedora— a favor del administrador de dicha sociedad —que adquiere las participaciones a título personal— por conflicto de intereses del administrador con la sociedad administrada, no siendo suficiente una dispensa tácita para validar la operación

El artículo 7.2 del Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, no exige a la aseguradora que considera que no tiene responsabilidad la aportación de los dictámenes periciales pertinentes en la respuesta a la reclamación del asegurado en vía extrajuidicial