GA_P asesora a Finanzauto S.A. en la adquisición del 100% de Energyst Rental Solutions S.L.

Interpretación reductora, pero razonable, del artículo 650.1 TRLCon

Algunos debates internos en las Salas del Tribunal Supremo se reflejan posteriormente en la redacción de la tesis mayoritaria y del voto particular. Es el caso de la Sala de lo Social en una importante decisión sobre la reclamación de intereses por la demora en la concesión y pago prestacional, que se salda negando la obligación de la Administración de abonar intereses. El asunto deriva de las antiguas reclamaciones de varones por el cobro del complemento de maternidad por aportación demográfica, pero, a buen seguro, seguirá planteándose, a la vista de la reciente decisión de la doctrina europea sobre el complemento para la reducción de la brecha de género.

La Dirección General confirma que la obligación de las sociedades participantes en una modificación estructural de acreditar estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias se refiere únicamente a las obligaciones de carácter estatal, no siendo necesario acreditar el cumplimiento de las obligaciones tributarias de carácter autonómico y local.

Boletín trimestral elaborado por el Área Mercantil de Gómez-Acebo & Pombo que incluye trabajos de análisis, comentarios de jurisprudencia y notas o reseñas sobre práctica societaria en materias de interés para nuestros clientes.

La pérdida de negocio deberá ser el lucro cesante de un daño material, pero no hay cobertura independiente

De creación jurisprudencial, la garantía de indemnidad alcanza ahora un régimen jurídico específico en la Ley Orgánica de Derecho del Defensa. Las personas trabajadoras podrán ejercer esta garantía ante las consecuencias desfavorables por la realización de cualquier actuación efectuada ante la empresa o ante una actuación administrativa o judicial destinada a la reclamación de sus derechos laborales. Aunque ya existía este reconocimiento, la exigencia de derivar en una reclamación judicial restringía una aplicación que, ahora, parece ampliarse.

Para determinar si una fusión tiene por objeto la adquisición de sociedades que mantienen un negocio, se debe evaluar si el conjunto de activos y actividades adquiridos incluye, como mínimo, un recurso económico y un proceso sustantivo que, de forma conjunta, contribuyan significativamente a la entrega de bienes o la prestación de servicios a los clientes. Con objeto de facilitar el proceso de calificación, se puede realizar un análisis simplificado conocido como la «prueba de concentración» que verifica si sustancialmente todo el valor razonable de los activos «adquiridos» en la fusión, está concentrado en un solo activo o grupo de activos similares.

Las directrices europeas establecen una serie de principios generales para asegurar una supervisión efectiva del abuso de mercado en los mercados de criptoactivos, así como pautas en materia de detección y prevención que han de seguir los supervisores nacionales inspiradas, con las lógicas adaptaciones, en el régimen de abuso de mercado del Reglamento del 2014. Habrán de ser traducidas a las lenguas oficiales de la Unión, y la Comisión Nacional del Mercado de Valores comunicará a la Autoridad Europea de Valores y Mercados si las cumple o si tiene intención de cumplirlas en el plazo de dos meses desde la publicación de la traducción.

Una reciente sentencia sobre la aplicación del artículo 32 de la Ley del Contrato de Seguro