GA_P entre los 10 Despachos de élite en España | El Confidencial

El Tribunal General ha dictado una reciente sentencia en la que reconoce la posibilidad de que una solicitud de caducidad de una marca de la Unión Europea pueda ser desestimada por haberse presentado de manera abusiva.

Interpretación reductora, pero razonable, del artículo 650.1 TRLCon

Algunos debates internos en las Salas del Tribunal Supremo se reflejan posteriormente en la redacción de la tesis mayoritaria y del voto particular. Es el caso de la Sala de lo Social en una importante decisión sobre la reclamación de intereses por la demora en la concesión y pago prestacional, que se salda negando la obligación de la Administración de abonar intereses. El asunto deriva de las antiguas reclamaciones de varones por el cobro del complemento de maternidad por aportación demográfica, pero, a buen seguro, seguirá planteándose, a la vista de la reciente decisión de la doctrina europea sobre el complemento para la reducción de la brecha de género.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores ha comunicado a la Autoridad Europea de Valores y Mercados que ha adoptado las cinco directrices de desarrollo del Reglamento MiCA de forma que supervisará su aplicación en España en materias como los servicios de transferencia de criptoactivos, la aplicación del MiCA a empresas de terceros países, los requisitos de idoneidad en el asesoramiento y gestión de carteras, los formularios de emisión y admisión a negociación, la clasificación de los criptoactivos a efectos de la aplicación del MiCA y los sistemas y protocolos TIC para tokens distintos de los referenciados a activos y de los de dinero electrónico.

El Tribunal Supremo basa su decisión en que el carácter extraordinario del recurso de casación justifica la aplicación rigurosa de los Acuerdos de la Sala de Gobierno, y en general de los requisitos que condicionan su admisibilidad.

La Dirección General confirma que la obligación de las sociedades participantes en una modificación estructural de acreditar estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias se refiere únicamente a las obligaciones de carácter estatal, no siendo necesario acreditar el cumplimiento de las obligaciones tributarias de carácter autonómico y local.

La sentencia del Caso Azor considera que no es necesario que la pyme forme parte del perímetro de consolidación para la aplicación de la excepción prevista en el artículo 682.2 de la Ley Concursal. Dicho criterio supone un espaldarazo definitivo a la reforma de la ley concursal, evitando la puesta en práctica de estructuras societarias artificiosas que no tuvieran otra finalidad que bloquear la homologación de planes de reestructuración no consensuales.

Para el Tribunal Supremo, la prohibición de que las liquidaciones vinculadas a delito sean revisadas en la vía económico-administrativa y por la jurisdicción de lo contencioso-administrativo no vulnera el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva en su vertiente de acceso a la jurisdicción, dada su posición instrumental respecto de una causa penal en el curso de la cual podrá controlarse que son conforme a derecho.

El Tribunal de Justicia ha dictado una nueva sentencia interpretando el concepto de publicidad comparativa, de acuerdo con lo dispuesto en la Directiva 2006/114/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, sobre publicidad engañosa y publicidad comparativa.