GA_P #Top10 de M&A en España en 2020

El Tribunal Constitucional recupera doctrina y rechaza la posibilidad empresarial de acudir a medios técnicos (o personales) no habituales durante el desarrollo de la huelga siempre que supongan minimizar, reducir o limitar los efectos del paro laboral al mantener la actividad de la empresa.

El Real Decreto-ley 7/2026, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio 16/2025, mantiene la suspensión de la causa de disolución por pérdidas ya acordada previamente respecto del COVID-19, de forma que, para el ejercicio 2026 no se considerarán las pérdidas empresariales sufridas en los años 2020 y 2021 a los efectos de la causa de disolución prevista en el artículo 363.1.e) de la Ley de Sociedades de Capital.

Se mantiene el debate sobre la posible sustitución de una indemnización fija por una indemnización variable en el despido improcedente. Este análisis valora los riesgos para el empleador y también para el trabajador de aprobar una indemnización variable o híbrida.

La Comunicación de la CNMC recoge la nueva metodología que seguirá para el cálculo de las multas a las empresas y a sus directivos. En primer lugar, determinará el tipo sancionador en función del volumen de negocio de la empresa infractora. En segundo lugar, comprobará que se cumpla la proporcionalidad y el carácter disuasorio de la sanción sin sobrepasar el límite legal. Como novedad incluye un apartado sobre el método de cálculo de las multas a los directivos. Estas indicaciones sustituyen a las de 2018.

La exigencia de audiencia previa por despido no puede derivarse del ámbito del cumplimiento normativo cuando el «Canal de conducta» se desvincula de cualquier actuación laboral, aunque se mencione en la carta de despido como marco referencial o valorativo de la conducta imputada.

La Comisión Europea ha denunciado a España ante el TJUE por la no transposición de la Directiva delegada que actualiza los criterios de clasificación por tamaño de las microempresas, pequeñas, medianas y grandes empresas o grupos.

El Tribunal Supremo reafirma su doctrina según la cual, cuando el contrato de suministro de agua, energía o gas tiene carácter civil, el plazo de prescripción de la acción de reclamación de las cantidades adeudadas será el trienal del artículo 1967.4.ª del Código Civil y no el quinquenal del artículo 1964 de dicho cuerpo legal.

Interpretación del artículo 138 del TRLGDCU

El Tribunal Supremo ha tenido ocasión de pronunciarse sobre la validez de dos estipulaciones de un pacto parasocial omnilateral en una resolución en la que abordó, de un lado, la cuestión de los límites a la validez del pacto y, de otro, el problema de su duración (STS 1713/2025, de 26 de noviembre).