Gómez-Acebo & Pombo mencionado en el artículo de hoy de Expansión sobre la “innovación legal para luchar contra el Covid”

Se ha publicado la Directiva 2026/470 (Ómnibus I) que limita la obligación de elaborar el informe de sostenibilidad a las entidades de interés público con más de mil empleados y un volumen de negocios neto superior a cuatrocientos cincuenta millones de euros durante el ejercicio anterior, así como a las sociedades matrices de un grupo grande que superen estas cifras de forma consolidada. La norma modifica la directiva de auditoría de cuentas, la contable, la relativa al informe de sostenibilidad (CRSD) y la de diligencia debida (CSDDD).

Os acompañamos una nueva edición de nuestro Análisis Normativo Agroalimentario, para el mes de febrero.

El Tribunal Supremo declara por primera vez tras la entrada en vigor de la Ley de Navegación Marítima que el plazo de un año del artículo III.6 de las Reglas de La Haya Visby sigue siendo un plazo de caducidad y no de prescripción. El Tribunal Supremo descarta que el artículo 286 de la Ley de Navegación Marítima altere este régimen en los transportes internacionales en régimen de conocimiento de embarque. Como novedad relevante, se admite la suspensión del plazo de caducidad si se inicia un procedimiento de negociación mediante un medio adecuado de solución de controversias conforme al artículo 7 de la Ley Orgánica 1/2025.

Interpretación del artículo 138 del TRLGDCU

No cabe alegar «ineficiencia» económica en la implementación de una medida como es el suministro del uniforme, de uso no obligatorio para la plantilla, cuando decide proporcionárselo a los empleados públicos indefinidos y fijos, no así a quienes contrata temporalmente.

El Tribunal Supremo ha tenido ocasión de pronunciarse sobre la validez de dos estipulaciones de un pacto parasocial omnilateral en una resolución en la que abordó, de un lado, la cuestión de los límites a la validez del pacto y, de otro, el problema de su duración (STS 1713/2025, de 26 de noviembre).

El Tribunal Económico-Administrativo Central interpreta en esta resolución determinados principios constitucionales y generales del derecho tributario y aplica la denominada teoría o doctrina del conocimiento para, sobre la base de pruebas indiciarias o indirectas, denegar el derecho a la deducción del impuesto sobre el valor añadido soportado al considerar acreditado que el sujeto pasivo sabía o debía haber sabido que participaba en una operación que formaba parte de un fraude en ese impuesto.

Es posible la anotación preventiva de la demanda de reclamación de cuotas impagadas interpuesta por una comunidad de propietarios cuando se hace valer en ella la preferencia del crédito prevista en el artículo 9.1, e) de la Ley de Propiedad Horizontal.

El Tribunal Supremo analizó en su Sentencia 183/2026, de 10 de febrero, los requisitos para la validez y eficacia de una prenda constituida sobre acciones nominativas no impresas y examinó las condiciones para su rescisión concursal.