Gómez-Acebo & Pombo nominado en los The Lawyer European Awards

En su Sentencia 1177/2025, de 18 de julio, el Tribunal Supremo ha venido a aclarar que los fiadores solidarios del acreditado en una póliza de crédito responden por toda la cantidad adeudada al cierre de la cuenta, con independencia del tratamiento que deban recibir en el concurso del afianzado el crédito representado por el saldo deudor

El plazo para el nacimiento de la inactividad administrativa, y, por ende, para la posibilidad de acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa, es, con carácter general, el de tres meses fijado en el artículo 29.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. Sin embargo, la reciente Sentencia 1724/2025 del Tribunal Supremo señala que para aquellos supuestos en los que lo que se pretende en vía contenciosa es la reclamación del abono del principal y/o intereses de demora derivados de contratos el plazo para el nacimiento de la inactividad administrativa, y, por ende, para la posibilidad de acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa, es el de un mes, contemplado en la legislación de contratos del sector público

Al hilo de la Sentencia del Tribunal Supremo 1064/2025, de 2 de julio, se trata un conjunto de cuestiones relativas al seguro de responsabilidad civil del porteador y al seguro de transporte terrestre de mercancías de las que, desde hace tiempo, se han venido ocupando la doctrina y los tribunales.

En ocasiones, los tribunales consideran discriminatorio el complemento «antiabsentismo» al introducir un trato desfavorable ante la incapacidad temporal, bien al remunerar el complemento si es la única baja en el año natural o bien al penalizar la incapacidad temporal recurrente, constituyendo una discriminación por razón de salud.

Esto es, el pago al asegurado de responsabilidad civil no es un pago liberatorio frente al tercer perjudicado

En una resolución de 18 de julio del 2025, la División local de Mannheim del Tribunal de Primera Instancia del Tribunal Unificado de Patentes se ha declarado competente para conocer de una demanda presentada contra tres sociedades domiciliadas en Alemania por infracción de una patente europea clásica con efectos en Alemania y en el Reino Unido. La competencia del tribunal para conocer de la infracción de la parte británica de patentes europeas no se ve afectada por el hecho de que se discuta la validez de la patente por parte de los demandados. No obstante, esta conclusión no es aplicable cuando se trata de partes españolas de patentes europeas.

Aunque el recurso de reposición carece de efectos suspensivos, la decisión sobre la admisión de la prueba se convierte en antecedente lógico necesario para la resolución sobre el fondo del asunto y privar de ella al interesado le causa una evidente situación de indefensión

Para entender cumplido el requisito exigido por el artículo 27.2 de la Ley 35/2006, a efectos de considerar que el arrendamiento de inmuebles se realiza como actividad económica posibilitando la aplicación de los beneficios de la empresa familiar en el ámbito sucesorio, es suficiente la contratación de una persona empleada con contrato laboral y a jornada completa para gestionar la actividad, sin que sea necesario justificar tal contratación desde un punto de vista económico.

El Tribunal Económico-Administrativo Central, sobre la base de la jurisprudencia del Tribunal Supremo en relación con la doctrina del doble tiro de la Administración, fija este nuevo criterio: tras la anulación total por razones sustantivas de un acuerdo de declaración de responsabilidad tributaria subsidiaria dictado en aplicación del artículo 43.1b de la Ley General Tributaria, a resultas de la insuficiente actividad probatoria de la Administración, ésta puede, dentro del plazo de prescripción, iniciar un nuevo procedimiento y dictar un segundo acuerdo de declaración de ese mismo presupuesto de responsabilidad frente al mismo sujeto.