Gómez-Acebo & Pombo reconocida en los Legal 500 Awards 2025

Se ha publicado la Directiva 2026/470 (Ómnibus I) que limita la obligación de elaborar el informe de sostenibilidad a las entidades de interés público con más de mil empleados y un volumen de negocios neto superior a cuatrocientos cincuenta millones de euros durante el ejercicio anterior, así como a las sociedades matrices de un grupo grande que superen estas cifras de forma consolidada. La norma modifica la directiva de auditoría de cuentas, la contable, la relativa al informe de sostenibilidad (CRSD) y la de diligencia debida (CSDDD).

El reconocimiento de los planes de reestructuración ingleses sigue siendo una cuestión debatida en la Unión Europea. Esta decisión del Landgericht de Fráncfort resulta controvertida, pero obliga a plantearse las consecuencias de la aplicación por los tribunales ingleses de la regla Gibbs en este contexto.

El Reglamento (UE) 2025/2650 modifica el Reglamento (UE) 2023/1115, sobre deforestación (conocido como EUDR por sus siglas en inglés), aplazando su exigencia y ajustando las obligaciones para operadores y comerciantes de la Unión Europea. Introduce nuevas categorías de sujetos obligados, como los operadores posteriores y los micro- y pequeños operadores primarios, y establece un régimen de declaraciones simplificadas para estos últimos. Asimismo, simplifica las obligaciones de operadores posteriores y comerciantes, reduciendo así la carga administrativa y facilitando el cumplimiento de la norma. El documento analiza estos cambios, las fechas de aplicación y las implicaciones prácticas para las empresas afectadas.

La STJUE (Sala Quinta) de 27 de noviembre de 2025 (asunto C-567/24, Svema Trade), en relación con el precio equitativo en las ventas forzosas (squeeze out) de los socios minoritarios al oferente que, tras una opa obligatoria, ha alcanzado un porcentaje en el capital con derecho a voto de la sociedad objeto de la opa superior al 90%, afirma que es presunción iuris tantum la consideración como precio equitativo en estas ventas forzosas el pagado en la opa obligatoria anterior y por tanto puede ser modificado por el supervisor nacional.

A propósito de un caso resuelto por la Corte Suprema de los EEUU

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha sometido a información pública, hasta el treinta de enero de 2026, el anteproyecto de ley de para la Prevención y el Control Integrados de la Contaminación Derivada de las Emisiones Industriales y de la Cría de Ganado (IPPC), mediante el que se transpone parcialmente la Directiva 2024/1785, que modifica la Directiva 2010/75/UE de emisiones industriales. En este comentario se exponen y se analizan las principales novedades que introduce en relación con las instalaciones industriales.

La nueva Ley 10/2025 reforma el régimen del servicio de atención a la clientela de las entidades financieras y recoge un procedimiento de presentación, tramitación y resolución de las reclamaciones que presenten sus clientes. Cuando sean éstos consumidores, se establecen previsiones especiales, de entre las que destacan un teléfono gratuito de asistencia y la disponibilidad de canales que permitan la prestación personalizada a consumidores vulnerables o a personas sin acceso a determinados servicios financieros de carácter básico que no se definen en la norma.

Este análisis presenta las novedades de la Ley 9/2025 para impulsar la descarbonización en el ámbito del transporte; entre ellas: la obligación de calcular y reportar la huella de carbono por las entidades de transporte, la elaboración de planes de movilidad sostenible en grandes centros de actividad y empresas, medidas de electrificación de puertos y fomento de combustibles renovables, así como el despliegue de puntos de recarga eléctrica y la publicación del mapa estatal de capacidad de la red eléctrica.

La Unión Europea ha aprobado la reforma del régimen de elaboración del informe de sostenibilidad para limitarlo a grandes empresas con más de mil empleados y un volumen de negocios neto superior a cuatrocientos cincuenta millones de euros, a la vez que simplifica determinados requisitos de inclusión de información.