Hacienda se fija en los banqueros privados que facturan con sociedades | El Confidencial

La Dirección General de Tributos analiza si el heredero de participaciones de una empresa familiar, que aplicó la reducción establecida en el artículo 20.2 c) de la Ley 29/1987, transmitiendo tales valores posteriormente para reinvertirlos en fondos de inversión, puede volver a reinvertirlos para adquirir una vivienda, inmueble que podría estar terminado o en construcción.

Una reciente sentencia del Tribunal Supremo ha ratificado la naturaleza sancionadora de la responsabilidad tributaria de los administradores de sociedades y, por tanto, la interdicción de responsabilidad objetiva. En consecuencia, esta responsabilidad queda sujeta a los principios que rigen en esta materia y, en particular, al principio de presunción de inocencia, en virtud del cual la carga de la prueba sobre la concurrencia de culpa recae en la Administración tributaria.

Para la Audiencia Nacional, el convenio de doble imposición prevalece sobre la legislación interna, que no puede contradecir su contenido y espíritu. El convenio hispano-brasileño califica claramente de dividendos, y no de intereses, los «juros sobre o capital próprio». Las consultas tributarias no tienen el carácter de fuente normativa, menos aún para contradecir el contenido de un convenio. Y tampoco cabe aplicar las normas fiscales internas cuando contravienen el espíritu del convenio ni efectuar una aplicación indebida del principio de reciprocidad.

La Audiencia Nacional confirma que los intereses derivados del retraso en la determinación y pago del justiprecio percibido por una expropiación forzosa, pueden beneficiarse de la deducción por reinversión de beneficios extraordinarios prevista en el artículo 42 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades de 2004.

La Dirección General de Tributos vuelve a interpretar de forma restrictiva la forma en la que ha de computarse el grado de parentesco a efectos de aplicar los beneficios de la empresa familiar contemplados en el artículo 4.Ocho.Dos de la Ley 19/1991 y 20.2.c. de la Ley 29/1987.

La Audiencia Nacional, sobre la base del principio de correlación de ingresos y gastos, deniega la deducibilidad de los gastos derivados de la prestación de servicios de seguridad privada en el domicilio de los consejeros de la entidad, considerando que su finalidad no es la de asegurar la integridad física de los consejeros en el desarrollo de su actividad o como consecuencia de la misma.

El Tribunal Central determina que la anulación del acuerdo de rectificación de oficio del domicilio fiscal, que comporta la incompetencia territorial del órgano que dictó una liquidación o sanción, no determina la nulidad de estos actos administrativos porque la incompetencia no es manifiesta y es sobrevenida. De ello se infiere que sí habría dicha nulidad de la liquidación o sanción cuando, a su vez, sea nulo el acuerdo de rectificación de oficio del domicilio fiscal por existir razones que así lo justifiquen, y resulta cuestionable que se niegue la incompetencia territorial manifiesta como norma y no en atención a las circunstancias del caso.

La Dirección General de Tributos analiza las consecuencias fiscales, tanto a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido como del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, de una operación en virtud de la cual una persona física adquiere un local comercial para transformarlo en viviendas independientes previa solicitud de cambio de uso del inmueble, con el objeto de venderlas o alquilarlas

La Dirección General de Tributos analiza, en el contexto de la exención del artículo 38.3 de la Ley 35/2006 —relativa a las ganancias patrimoniales derivadas de la transmisión de elementos patrimoniales por personas mayores de 65 años que reinviertan lo obtenido en la constitución de una renta vitalicia asegurada—, las consecuencias fiscales que podrían derivarse del establecimiento de determinadas fórmulas de contraseguro en caso de fallecimiento, así como del rescate de tales rentas vitalicias.