Informe de facturación 2022 | El Confidencial

La obligación de propiciar ajustes razonables en el puesto de trabajo para las personas con incapacidad permanente adquiere ahora una relevancia nueva al desaparecer como causa de extinción automática del contrato de trabajo. Porque ahora, salvo voluntad en contra del trabajador, la empresa dispone de tres meses para efectuar dichos ajustes u ofrecer la vacante de un puesto adecuado. Deberá justificar su negativa en la carga excesiva que supone para la empresa enfrentándose de lo contrario, no sólo al incumplimiento legal con las consecuencias debidas, sino al mantenimiento de la relación laboral, también con todas sus consecuencias.

La figura de las marcas tridimensionales también la utilizan los empresarios del sector farmacéutico, habiéndose dictado recientemente una interesante sentencia —la núm. 17/2025, de 27 de enero— por parte de la Audiencia Provincial de Alicante (Sección Octava), actuando como Tribunal de Marcas de la Unión Europea, en la que se analizan los requisitos y el ámbito de protección de estas marcas al hilo de unas marcas tridimensionales de dispositivos inhaladores empleados para comercializar distintos medicamentos.

Analizamos la reciente sentencia del Tribunal Supremo sobre la posibilidad de recalificar como simulado un negocio jurídico celebrado en un ejercicio prescrito; la doctrina de esta sentencia no es novedosa y su relevancia radica en la discrepancia que el voto particular manifiesta con parte de la fundamentación jurídica que conduce al fallo.

Noticia de la aplicación de la DMA por vez primera sancionando a empresas gatekeeper por incumplimiento de obligaciones que dan lugar a prácticas anticompetitivas

Se expone un nuevo hito judicial confirmatorio de una doctrina ya asentada

La Audiencia Provincial de Madrid (Sección 32ª), en su Sentencia núm. 74/2025, de 14 de marzo, ha reconocido la producción de daños morales por infracción de derechos de propiedad industrial, por considerarlos producidos ex re ipsa

En los últimos años y a raíz de la proliferación de supuestos en los que se producen prestaciones contractuales sin la adecuada cobertura contractual, la Jurisprudencia ha venido señalando que para el devengo de intereses de demora es precisa la previa convalidación del gasto. Sin embargo, dos recientes Sentencias del Tribunal Supremo han puesto de relieve un cambio de tendencia al menos en lo relativo a la prestación de servicios fuera de los márgenes el contrato público, considerando que cuando éstos son recibidos por la Administración sin oponerse a ello y sin advertir al contratista de la necesaria convalidación del gasto para el devengo de intereses de demora, deberá aplicarse lo dispuesto en el artículo 198 de la Ley de Contratos del Sector Público en lo concerniente al pago y el devengo de intereses.

El artículo 140 de la Ley de Jurisdicción Voluntaria recoge criterios de competencia territorial que solo son aplicables si los tribunales españoles son internacionalmente competentes en virtud de alguna de las normas que regula esa cuestión, entre ellas, el Reglamento Bruselas I bis