Informe de facturación 2022 | El Confidencial

La Comisión Europea publicó el 4 de marzo de 2026 la propuesta de Reglamento COM (2026)100, denominada Industrial Accelerator Act (IAA), con el objetivo de reforzar la capacidad industrial europea y acelerar la descarbonización en sectores estratégicos. La propuesta se enmarca en el Clean Industrial Deal y el Competitiveness Compass, y busca responder a una preocupación de fondo: la pérdida de peso de la manufactura europea. Esto afecta en especial a la industria de la automoción, con respecto al vehículo eléctrico.

El tratamiento de la competencia judicial internacional para conocer de los daños a los derechos de la personalidad por la difusión de contenidos difamatorios es distinto en función del medio utilizado para dicha difusión (internet o televisión) y también lo es el relativo a las acciones de cesación y a las que pretenden la obtención de una indemnización.

El Tribunal Económico-Administrativo Central analiza si cabe sancionar a un obligado tributario por entender que concurre simulación cuando la Administración considera incumplidos los requisitos de la reducción prevista en el artículo 20.2.c) de la Ley del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

La Sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante 71/2026, de 27 de abril, aborda, entre otras cuestiones, la del alcance de la norma establecida en primer inciso del artículo 661.1 de la Ley Concursal. Según este precepto, la sentencia que estime la impugnación del auto de homologación de un plan de reestructuración «declarará la no extensión de los efectos del plan únicamente frente a quien hubiera instado la impugnación, subsistiendo los efectos de la homologación frente a los demás acreedores y socios».

Un Plan de Igualdad puede ser temporalmente vigente pero normativamente obsoleto y la solución ante la obsolescencia es precisamente la adaptación instada por la empresa, no la extinción administrativa de la vigencia pactada.

La deuda de responsabilidad civil extracontractual por daño a tercero nace ya directamente en cabeza de los administradores, sin perjuicio de que, por aplicación del artículo 38 del Código Civil, también nazca simultáneamente en cabeza de la sociedad, a la que se imputan también los actos no negociales de sus administradores. Hasta tal punto es ello así que la sociedad responsable (que debe por ejemplo a Hacienda en concepto de responsable de la deuda de recargo y de la sanción tributaria) y que ha pagado tiene regreso por el todo contra sus administradores.

El Reglamento (UE) 2026/1386 establece un marco armonizado y obligatorio para el control de las inversiones extranjeras en la Unión, y sustituye al anterior Reglamento (UE) 2019/452. Entre sus novedades más destacadas figuran la obligación de todos los Estados miembros de disponer de un mecanismo nacional de control con requisitos mínimos armonizados, la inclusión en su ámbito de aplicación de las inversiones realizadas por filiales europeas controladas por inversores de terceros países, la implantación de un procedimiento nacional de doble fase y el refuerzo del mecanismo europeo de cooperación mediante un sistema de filtro de riesgo y un principio de comply or explain más exigente. Finalmente, se analiza el impacto del reglamento en España, cuyo actual mecanismo de control deberá adaptarse en aspectos como la estructura procedimental, la revisión de operaciones cerradas, la ampliación sectorial y el régimen sancionador antes del 17 de enero del 2028

La circunstancia calificadora de la infracción tributaria de utilización de medios fraudulentos prevista en el artículo 184.3c de la Ley General Tributaria sólo se aplicará cuando, atendiendo a las circunstancias concretas del caso, la Administración motive adecuadamente que la utilización de la sociedad interpuesta se ha hecho con la finalidad de ocultar la verdadera identidad del socio profesional persona física para impedir u obstaculizar la actuación administrativa.

El Tribunal Supremo determina que cuando una sociedad realiza una actividad económica a efectos del impuesto sobre el valor añadido que genere la obligación de repercutir el impuesto, el hecho de que tal actividad no forme parte del objeto social de la sociedad no impide a esta deducir las cuotas soportadas derivadas de la titularidad de los elementos patrimoniales afectos a tal actividad.