Informe de facturación 2022 | El Confidencial

La exigencia de negociación individual y separada de las cláusulas de elección de foro que resulta del artículo 251 en relación con el 468 de la Ley de Navegación Marítima no es aplicable en el marco de la Unión Europea

La expropiación forzosa del local de la empresa no puede ser considerada causa de fuerza mayor para justificar el despido si no ha sido previamente calificada como tal por la autoridad laboral, convirtiendo el despido colectivo «de hecho» en nulo

El Tribunal Económico-Administrativo Central analiza de nuevo el alcance del carácter vinculante de los informes del Ministerio de Ciencia e Innovación sobre la deducción por actividades de investigación y desarrollo e innovación tecnológica, regulada en el artículo 35 de la Ley 27/2014, y concluye que tal vinculación alcanza a la calificación de la actividad ―de innovación tecnológica en este caso―, pero no a los gastos que integran la base de la deducción, por lo que éstos podrán ser regularizados por la Inspección tributaria ―en este caso, sobre la base del informe emitido por el equipo de apoyo informático de la Administración―.

El Tribunal Económico Administrativo Central valida la aplicación del método del coste incrementado para regularizar el valor del servicio prestado por una persona física a una entidad vinculada que, a su vez, presta servicios a otra sociedad vinculada y a un tercero aportando la intermedia escaso valor añadido.

La Sentencia del Tribunal Supremo de 27 de febrero del 2025 (rec. 1034/2023) se pronuncia sobre la aplicación del artículo 15 de la Ley General Tributaria en una operación transfronteriza de compra intragrupo financiada con endeudamiento. La sentencia confirma que la cláusula general antiabuso debe interpretarse de conformidad con la jurisprudencia comunitaria sobre las libertades fundamentales y la prohibición de prácticas abusivas y subraya que el respeto del principio de plena competencia en la operación no impide la aplicación de la cláusula antiabuso nacional.

No es exigible el requisito de la culpa, de forma que el solicitante asume el riesgo de tener que resarcir daños por el mero hecho de que las medidas se terminen revocando o alzando, pero sí es preciso que concurran los demás elementos típicos de las acciones de daños, el nexo causal y la prueba del daño efectivamente sufrido

Se han publicado en el DOUE seis Reglamentos delegados que completan el Reglamento de mercados de criptoactivos (MiCA) del 2023 y permiten su completa aplicación.

La Dirección General de Tributos analiza las consecuencias fiscales que se derivarán tanto para el trabajador como para la empresa española empleadora, cuando el primero de ellos se desplaza a otro país para continuar desarrollando sus tareas en la modalidad de teletrabajo, aunque acudiendo ocasionalmente a las oficinas situadas en España para asistir a reuniones presenciales.

El inicio del plazo de la acción de rescisión por fraude, que es un plazo de caducidad de cuatro años, comienza en el momento en el que el acreedor que sufre el perjuicio conoció o pudo conocer, de haber actuado diligentemente, la celebración del contrato perjudicial, así como su carácter lesivo para el crédito (aplicación a estos supuestos del artículo 1969 del Código Civil).