Íñigo Erlaiz habla sobre el rumbo, posicionamiento y proyectos de la Firma | Cinco Días

Noticia de la aplicación de la DMA por vez primera sancionando a empresas gatekeeper por incumplimiento de obligaciones que dan lugar a prácticas anticompetitivas

Se expone un nuevo hito judicial confirmatorio de una doctrina ya asentada

La Audiencia Provincial de Madrid (Sección 32ª), en su Sentencia núm. 74/2025, de 14 de marzo, ha reconocido la producción de daños morales por infracción de derechos de propiedad industrial, por considerarlos producidos ex re ipsa

En los últimos años y a raíz de la proliferación de supuestos en los que se producen prestaciones contractuales sin la adecuada cobertura contractual, la Jurisprudencia ha venido señalando que para el devengo de intereses de demora es precisa la previa convalidación del gasto. Sin embargo, dos recientes Sentencias del Tribunal Supremo han puesto de relieve un cambio de tendencia al menos en lo relativo a la prestación de servicios fuera de los márgenes el contrato público, considerando que cuando éstos son recibidos por la Administración sin oponerse a ello y sin advertir al contratista de la necesaria convalidación del gasto para el devengo de intereses de demora, deberá aplicarse lo dispuesto en el artículo 198 de la Ley de Contratos del Sector Público en lo concerniente al pago y el devengo de intereses.

El artículo 140 de la Ley de Jurisdicción Voluntaria recoge criterios de competencia territorial que solo son aplicables si los tribunales españoles son internacionalmente competentes en virtud de alguna de las normas que regula esa cuestión, entre ellas, el Reglamento Bruselas I bis

El Tribunal Económico Administrativo Regional de Madrid respalda la posición de la inspección tributaria denegando la aplicación del régimen fiscal especial de impatriados a quien ejercía de administrador de una entidad, tras considerar que ésta simulaba la realización de una actividad que, bajo su criterio, desarrollaba efectivamente la persona física.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea determina que se opone a la Directiva 2011/96, la normativa de un Estado miembro que establece que los dividendos percibidos por una sociedad matriz de su filial deben, en un primer momento, incluirse en la base imponible de la primera, antes de poder ser objeto de una deducción que, sin embargo, se prohíbe en relación con el importe de las transferencia intragrupo incluidas en la base imponible.

El día inicial para el cómputo del plazo para el ejercicio de la acción no es el de la sentencia firme que reconoce la filiación, sino aquel en que se abre la sucesión y puede ser conocido el contenido del testamento, y el mismo no se interrumpe ni se suspende por la tramitación del proceso de filiación.