Javier Vinuesa y Adrián Boix sobre los intereses de demora en el IRPF

El Tribunal Económico-Administrativo Central confirma, en unificación de criterios, que el derecho a la devolución del impuesto debe efectuarse respetando el marco normativo aplicable, sin que quepa exigir requisitos no previstos de forma expresa por la ley. Este criterio refuerza la seguridad jurídica y es previsible que tenga un impacto significativo, ya que la Agencia Estatal de Administración Tributaria ha venido denegando la mayor parte de las solicitudes de devolución amparadas en el citado artículo 81.1d de la Ley 7/2022 con base en distintas respuestas a consultas vinculantes de la Dirección General de Tributos.

El Tribunal Supremo ha determinado que el día final o dies ad quem del devengo de intereses de demora correspondiente a las liquidaciones que se derivan de un acta suscrita en disconformidad es la fecha del acuerdo de liquidación —dictado dentro del plazo máximo de duración del procedimiento inspector—, debiendo exigirse, por tanto, intereses al obligado hasta esa fecha

La resolución del Tribunal Económico Administrativo Central, de 18 de junio del 2025, en unificación de criterio, establece doctrina sobre el procedimiento aplicable para la exigencia de intereses de demora en el periodo ejecutivo. La resolución confirma que, en ausencia de procedimiento específico, deberá seguirse el procedimiento previsto, con carácter general, para la práctica de liquidaciones tributarias, que exige que se otorgue al contribuyente trámite de audiencia o plazo de alegaciones previo a la práctica de la liquidación, en garantía de sus derechos de defensa.

La Dirección General de Tributos analiza la calificación y el tipo de retención que ha de aplicarse a los rendimientos que los administradores sociales puedan percibir cuando, pese a desempeñar su cargo de forma gratuita, perciben retribuciones en su condición de socios por el ejercicio de otros servicios que prestan a su entidad

La DGT recuerda quién debe verificar que la cuota tributaria del impuesto sobre la electricidad para cada suministro no es inferior a las cuantías reguladas en el artículo 99.2 de la LIIEE cuando una distribuidora de electricidad factura los peajes de acceso a la red de transporte y distribución a los consumidores finales, contratando éstos la entrega de energía con un comercializador, con un generador mediante contratos bilaterales o directamente en el mercado diario de producción

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en aplicación del criterio del Tribunal Supremo, recuerda que, habiéndose anulado la providencia de apremio por la inexistencia de notificación, los recursos frente a tal providencia no producen efectos interruptivos, y concluye que la posterior completación del expediente apareciendo ex post dicha notificación no rehabilita el efecto interruptivo de la prescripción de dicha notificación antes inexistente.

El Tribunal Supremo analiza el alcance del requisito previsto en el artículo 31.2 del TRITPAJD, en la modalidad impositiva de actos jurídicos documentos, relativo a la inscribibilidad registral de actos y contratos, con el fin de determinar si tal condición ha de analizarse en abstracto teniendo en cuenta la clase de acto o contrato documentado en la escritura pública o, por el contrario, debe examinarse a la vista de las circunstancias del concreto acto o contrato que pudieran afectar a su inscripción