Javier Vinuesa y Adrián Boix sobre los intereses de demora en el IRPF

El Tribunal Económico Administrativo Regional de Madrid respalda la posición de la inspección tributaria denegando la aplicación del régimen fiscal especial de impatriados a quien ejercía de administrador de una entidad, tras considerar que ésta simulaba la realización de una actividad que, bajo su criterio, desarrollaba efectivamente la persona física.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea determina que se opone a la Directiva 2011/96, la normativa de un Estado miembro que establece que los dividendos percibidos por una sociedad matriz de su filial deben, en un primer momento, incluirse en la base imponible de la primera, antes de poder ser objeto de una deducción que, sin embargo, se prohíbe en relación con el importe de las transferencia intragrupo incluidas en la base imponible.

En aplicación de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, el Tribunal Económico-Administrativo Central reconoce que la posibilidad de excluir el gravamen de las ganancias patrimoniales obtenidas por la transmisión de la vivienda habitual es un derecho del contribuyente, que podrá ejercer con la presentación de la autoliquidación del Impuesto del año en que la ganancia patrimonial se haya obtenido o, con posterioridad, mediante la rectificación de la autoliquidación inicialmente presentada en el plazo general de prescripción de cuatro años, siempre que se cumplan los requisitos materiales de aplicación del derecho.

El Tribunal Económico-Administrativo Central analiza de nuevo el alcance del carácter vinculante de los informes del Ministerio de Ciencia e Innovación sobre la deducción por actividades de investigación y desarrollo e innovación tecnológica, regulada en el artículo 35 de la Ley 27/2014, y concluye que tal vinculación alcanza a la calificación de la actividad ―de innovación tecnológica en este caso―, pero no a los gastos que integran la base de la deducción, por lo que éstos podrán ser regularizados por la Inspección tributaria ―en este caso, sobre la base del informe emitido por el equipo de apoyo informático de la Administración―.

El Tribunal Económico Administrativo Central valida la aplicación del método del coste incrementado para regularizar el valor del servicio prestado por una persona física a una entidad vinculada que, a su vez, presta servicios a otra sociedad vinculada y a un tercero aportando la intermedia escaso valor añadido.

La Sentencia del Tribunal Supremo de 27 de febrero del 2025 (rec. 1034/2023) se pronuncia sobre la aplicación del artículo 15 de la Ley General Tributaria en una operación transfronteriza de compra intragrupo financiada con endeudamiento. La sentencia confirma que la cláusula general antiabuso debe interpretarse de conformidad con la jurisprudencia comunitaria sobre las libertades fundamentales y la prohibición de prácticas abusivas y subraya que el respeto del principio de plena competencia en la operación no impide la aplicación de la cláusula antiabuso nacional.

La Dirección General de Tributos analiza las consecuencias fiscales que se derivarán tanto para el trabajador como para la empresa española empleadora, cuando el primero de ellos se desplaza a otro país para continuar desarrollando sus tareas en la modalidad de teletrabajo, aunque acudiendo ocasionalmente a las oficinas situadas en España para asistir a reuniones presenciales.

Analizamos el principio de regularización íntegra y los límites que frente a él invoca la Administración a la luz de la doctrina más reciente del Tribunal Supremo y de los recursos de casación pendientes de resolución.

El Tribunal Supremo interpreta el artículo 69 del Reglamento del Impuesto sobre Sociedades para determinar si procede o no el abono de intereses de demora sobre el importe derivado de la solicitud de devolución por conversión de los activos por impuestos diferidos (DTAs) como crédito exigible frente a la Hacienda pública.