La promesa de indemnizaciones ‘extra’ por despido aumenta la inseguridad jurídica en materia laboral, como asegura Borja González Elejabarrieta | El Economista

En 2024 las demandas por despido se han disparado, alcanzando el volumen de la crisis financiera, sorprendente en un contexto de crecimiento económico.

Borja González Elejabarrieta, Counsel de Laboral de Gómez-Acebo y Pombo, apuntaba en El Economista que «Hoy en día es raro el despido en el que el trabajador no impugna alegando alguna causa de nulidad, sin perjuicio de que ésta sea más o menos sólida».

Nos encontramos ante una nueva situación de inseguridad jurídica en materia laboral. Algunos profesionales alegan que esto se debe a que los últimos cambios legales propician sentencias que declaran mas ceses como nulos y que fijan indemnizaciones extra que superan los actuales topes. Un escenario de incertidumbre que no está frenando los despidos, pero amenaza con obstaculizar las contrataciones.

Los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) señalan que en el segundo trimestre de 2024 se registraron 41.616 demandas por despido, un 22% más que 2022, y un 48% más que en el segundo trimestre de 2019, el último ejercicio comparable previo a la reforma por no estar afectado por la crisis sanitaria. Es la cifra más alta desde el primer trimestre de 2013, cuando se alcanzaron las 41.878 entradas en los juzgados de lo social.

Por otro lado, las métricas de la Seguridad Social confirman un repunte de los ceses, aunque las cifras de bajas de afiliación son mucho mayores que las de procesos abiertos en los tribunales. En los seis primeros meses del año acumularon un total de 521.891 bajas de afiliación por una causa clasificada como despido. En agosto alcanzaban las 698.091, un 83,9% más que en 2019. Aunque muchos despidos no llegan a juicio, el número de procesos legales abiertos es notablemente alto, especialmente en situaciones de despidos disciplinarios que no conllevan indemnización.

El aumento de la litigiosidad laboral es en parte consecuencia de nuevas leyes sociales, como la Ley 15/2022 de igualdad de trato y no discriminación, que introdujo más causas de nulidad del despido, incluyendo la protección de trabajadores en situaciones de enfermedad o quienes solicitan adaptaciones de jornada. Esta normativa ha creado un marco más favorable para que los trabajadores impugnen despidos, aunque no siempre las impugnaciones son sólidas.

Además, los errores del Gobierno, como la derogación accidental de ciertas nulidades de despido con la Ley de Paridad; o la reciente resolución del Comité Europeo de Derechos Sociales, que ha dictaminado que la regulación de la indemnización por despido improcedente en España contraviene la Carta Social Europea; han generado aún más confusión.

Mientras tanto, los tribunales dictan sentencias contradictorias. Si no hay un cambio legal antes, será el Supremo el que siente jurisprudencia, y los precedentes apuntan a que refrendará la validez de lo que ahora señala el Estatuto de los Trabajadores.

González Elejabarrieta también advierte que, aunque algunas sentencias han impuesto indemnizaciones adicionales o reparativas, estos casos son escasos y limitados a situaciones muy concretas. Sin embargo, los abogados laboralistas ya están detectando un aumento en las demandas que buscan compensaciones adicionales, incluso en casos de trabajadores con poca antigüedad. Esto incrementa la incertidumbre para las empresas, que no pueden prever con claridad el coste total de un despido ni sus posibles consecuencias judiciales.

Así, abogados alertan de que esta inseguridad jurídica y el aumento de la conflictividad laboral pueden tener efectos negativos en la creación de empleo estable, ya que las empresas se retraen a la hora de contratar nuevos empleados. Además, advierten que el aumento en los costes legales y la posibilidad de largas disputas judiciales hacen que las empresas prefieran evitar despidos o incluso lleguen a pagar indemnizaciones superiores para evitar la readmisión de trabajadores cuando se declaran despidos nulos.

Por todo ello, la actual situación de inseguridad jurídica, derivada de la creciente litigiosidad y la falta de claridad en la aplicación de nuevas normativas, está provocando que las empresas sean más cautelosas a la hora de contratar, y que los tribunales tengan que hacer frente a un aluvión de demandas por despido. Según González Elejabarrieta, «probablemente se adquirirá mayor conciencia sobre el valioso impacto de contar con un buen asesoramiento en materia de despidos, especialmente teniendo en cuenta las consecuencias negativas de no contar con él».

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