Las grandes fortunas de las comunidades hasta ahora exentas de patrimonio se benefician de un error de Hacienda | El Confidencial

Las recientes sentencias del Tribunal Supremo de 17 de marzo de 2026 (rec. núm. 7609/2023) y 12 de marzo de 2026 (rec. núm. 8616/2023) refuerzan las garantías de los contribuyentes en materia de inviolabilidad del domicilio, al exigir que el consentimiento para la entrada inspectora en domicilio constitucionalmente protegido sea verdaderamente libre e informado, sin que baste la entrega de un anexo informativo que no advierta expresamente del derecho a negar o revocar dicho consentimiento.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña analiza si la afectación de inmuebles a una actividad económica de arrendamiento puede cuestionarse en el contexto del impuesto sobre sucesiones y donaciones para aplicar la reducción del 95% sobre el valor de las participaciones transmitidas mortis causa, cuando su carácter afecto ya se reconoció por la misma Administración en relación con la aplicación de la exención recogida en el artículo 4.Ocho.Dos de la Ley 19/1991.

Sobre si la compensación de pérdidas fiscales con beneficios en ejercicios posteriores incrementa el valor de las acciones a efectos de aplicar el artículo 128 LSC

El paquete de medidas tributarias incluido en el Real Decreto Ley 7/2026, de 20 de marzo, consta de distintos incentivos en el ámbito de la imposición personal para reducir la dependencia y fomentar el ahorro y la eficiencia energéticos, la movilidad eléctrica y el apoyo al autoconsumo y a la inversión en renovables. Asimismo, cuenta con un conjunto de medidas coyunturales aplicables al ámbito de la fiscalidad energética y de la imposición indirecta destinadas a reducir la tributación de los productos más afectados por el incremento de los precios. Por último, se llevan a cabo algunas modificaciones en diferentes impuestos locales.

El Tribunal Supremo determina que la retribución que percibe el socio de una entidad por actuar como garante de las operaciones financieras realizadas por la sociedad con terceros, deben calificarse como rendimientos del capital mobiliario del artículo 25.4 de la Ley 35/2006, y por tanto integrarse en la base imponible general, descartando así su encaje en el apartado 2 del artículo 25 de la ley, lo que conllevaría su integración en la base imponible del ahorro.

El Tribunal Constitucional declara inconstitucional y nulo el último inciso del artículo 15.6 del Decreto Legislativo 1/2011, de 28 de julio, en virtud del cual las sociedades de garantía recíproca podían beneficiarse de un tipo reducido del 0,1% en la modalidad impositiva de actos jurídicos documentados, únicamente cuando tuviesen su «domicilio social en el territorio de la Comunidad Autónoma de Galicia».

Conforme a la doctrina consolidada del Tribunal Supremo, en aquellos casos en los que exista una tasación hipotecaria reciente e incorporada a la escritura de préstamo con una divergencia relevante sobre el valor declarado, el inicio de una comprobación de valores sobre la base de dicha tasación sería válido y la motivación de la propuesta adecuada, si se incorpora el certificado de tasación. En este escenario, el estándar probatorio requerido al contribuyente para enervar dicha valoración se eleva y se precisa.

La Audiencia Nacional analiza si la liquidación definitiva dictada tras la regularización del ISD del donatario por falta de concurrencia de los requisitos previstos en el artículo 20.6 de la Ley 29/1987 para aplicar la reducción por trasmisión de participaciones, permite o no a la Administración tributaria, al regularizar el IRPF del donante, apartarse del valor del bien donado declarado y no modificado por la Administración autonómica.

El Tribunal Supremo determina que el requisito de la desvinculación efectiva del trabajador con la empresa que prevé el artículo 1 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para aplicar la exención por despido o cese del trabajador del artículo 7.e) de la Ley 35/2006, no es exigible en supuestos de resolución de mutuo acuerdo de la relación laboral a efectos de aplicar la reducción por rendimientos obtenidos de forma notoriamente irregular en el tiempo.