Los bancos temen la huida de hasta 20.000 millones de las sicav por la ley antifraude | El Español

La Dirección General de Tributos analiza si debe tributar por la modalidad de actos jurídicos documentados del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, la propietaria de un edifico con una única referencia catastral que ha formalizado en una escritura pública tanto la rectificación de la distribución de las viviendas de las que está compuesto el edifico, como el cambio de uso de las mismas

El Tribunal Supremo aclara cuál es el plazo en el que deben presentarse las solicitudes de aplazamiento del impuesto sobre sucesiones dependiendo del sistema que se siga para la gestión y liquidación del impuesto, esto es, si se liquida por la administración o se autoliquida por el contribuyente, precisando en este último caso la situación relativa a las autoliquidaciones presentadas fuera de plazo

La Dirección General de Tributos analiza, en el contexto del impuesto sobre el valor añadido, las implicaciones fiscales que se derivan del alquiler de viviendas turísticas propiedad de sujetos no residentes en España que las arriendan a empresas especializadas en la explotación de ese tipo de inmuebles que actúan en nombre propio frente a los usuarios finales

El Tribunal Económico-Administrativo Central rechaza la devolución del exceso de retención efectuada a efectos del impuesto sobre la renta de no residentes respecto de los dividendos obtenidos en España por un trust grupal estadounidense al no haberse demostrado que sus beneficiarios cumplen las exigencias del convenio para evitar la doble imposición suscrito entre España y Estados Unidos

El Tribunal Supremo, en sentencia de 24 de noviembre del 2025, establece como criterio que la omisión o denegación injustificada de la práctica de la prueba solicitada tempestivamente por el contribuyente en el procedimiento tributario sancionador vulnera el derecho fundamental a utilizar los medios de prueba pertinentes para la defensa y la presunción de inocencia ―art. 24.2 de la Constitución―), siendo la sanción así impuesta nula de pleno derecho, sin posibilidad de subsanación o convalidación.

El TS determina que, cuando se hubiera previsto una sustitución vulgar para supuestos de renuncia pura, simple y gratuita por parte del heredero o legatario instituido, serán aplicables los artículos 26.f de la Ley 28/1987 y 53.1 del Reglamento del impuesto, por lo que para la liquidación del sustituto, sujeto pasivo del impuesto sobre sucesiones y donaciones, se tendrá en cuenta su patrimonio preexistente y se atenderá a su parentesco con el causante.

Para la mayoría del Pleno del Tribunal Constitucional, no existe ningún mandato constitucional derivado del principio de capacidad económica que exija la coincidencia en los criterios de cuantificación de la obligación tributaria principal y de la obligación tributaria a cuenta. Para cuantificar esta última obligación, autónoma y de carácter provisional, el legislador puede atender a criterios de técnica tributaria, simplificación o practicabilidad administrativa y establecer válidamente reglas de cuantificación de la renta obtenida más sencillas que para la obligación tributaria principal.

La Dirección General de Tributos analiza las implicaciones que, a efectos del IVA, se derivan de la realización de operaciones en la fase piloto de un proyecto, previas al inicio efectivo de la actividad. En ese contexto analiza tanto la deducibilidad de las cuotas soportadas en dicha fase preparatoria como la sujeción al impuesto de determinadas operaciones realizadas sin contraprestación entre la entidad creada para el desarrollo del proyecto y sus tres entidades socias.

El Tribunal Económico Administrativo Central, modificando su criterio anterior, determina que debe permitirse a una entidad no residente la recuperación del importe retenido en España que no haya podido ser deducido en el impuesto sobre sociedades de su país de residencia por la existencia de pérdidas en el resultado de la entidad