Los socios directores del top 20 en facturación analizan el crecimiento de sus despachos | CincoDías

En este documento se expone y se critica la doctrina sentada por el Tribunal de Justicia en su Sentencia de 25 de febrero del 2025, C 339/22, BSH/Electrolux, ECLI:EU:C:2025:108. Aunque el litigio que está en la base de la sentencia no se ventilaba ante el Tribunal Unificado de Patentes, la interpretación del Tribunal de Justicia en la sentencia BSH/Electrolux le es igualmente aplicable al Tribunal Unificado de Patentes, toda vez que este tribunal se equipara a los tribunales nacionales de los Estados contratantes del Acuerdo por el que se crea el Tribunal Unificado de Patentes.

Los extranjeros pueden estar sujetos a la legislación civil de una Comunidad Autónoma, sin que el Derecho común ocupe un puesto jerárquicamente superior al resto de legislaciones autonómicas

Recurrir al detective es lícito si no se vulneran derechos fundamentales, la empresa demuestra la existencia de sospechas sobre el uso indebido del crédito sindical y la actuación empresarial no deriva en una suerte de vigilancia singular, cumpliendo el rasgo de proporcionalidad, necesidad e idoneidad.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico aclara mediante una nota interpretativa las obligaciones sobre huella de carbono y planes de reducción del Real Decreto 214/2025.

Noticia sobre la primera vez que la Comisión Europea sanciona las prácticas de no-poach agreements

Con la puesta en funcionamiento del Tribunal Unificado de Patentes se ha manifestado una tendencia por parte del tribunal a extender su competencia en relación con patentes que producen efectos en Estados que no son parte del Acuerdo por el que se crea el Tribunal Unificado de Patentes. Este fenómeno se conoce en los círculos especializados como el long arm del tribunal. Ahora bien, aunque en determinados casos el TUP goza efectivamente de tal competencia, ello solo es posible dentro de unos estrictos límites, que no siempre están siendo tenidos en cuenta.

El Tribunal Central determina que la anulación del acuerdo de rectificación de oficio del domicilio fiscal, que comporta la incompetencia territorial del órgano que dictó una liquidación o sanción, no determina la nulidad de estos actos administrativos porque la incompetencia no es manifiesta y es sobrevenida. De ello se infiere que sí habría dicha nulidad de la liquidación o sanción cuando, a su vez, sea nulo el acuerdo de rectificación de oficio del domicilio fiscal por existir razones que así lo justifiquen, y resulta cuestionable que se niegue la incompetencia territorial manifiesta como norma y no en atención a las circunstancias del caso.

Sentencia importantísima, y no sólo a efectos de la Ley de Ordenación de la Edificación, con doctrina que me parece correcta, y que limita el alcance de la inmanejable doctrina de los «daños continuados». El plazo de prescripción empieza cuando se manifiesta el daño que puede cursar en el tiempo, no cuando acabara de cursar en el tiempo, pues de otra forma los plazos serían inabarcables.

Se expone la doctrina constitucional sobre diversas cuestiones que se plantean en el examen de las vulneraciones de derechos fundamentales denunciadas.