Miguel Troncoso sobre las vías de Bruselas para frenar los ajustes fiscales en España | Expansión

Os acompañamos una nueva edición de nuestro Análisis Normativo Agroalimentario, para el mes de junio.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico aclara mediante una nota interpretativa las obligaciones sobre huella de carbono y planes de reducción del Real Decreto 214/2025.

Noticia sobre la primera vez que la Comisión Europea sanciona las prácticas de no-poach agreements

El plazo para el nacimiento de la inactividad administrativa, y, por ende, para la posibilidad de acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa, es, con carácter general, el de tres meses fijado en el artículo 29.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. Sin embargo, la reciente Sentencia 1724/2025 del Tribunal Supremo señala que para aquellos supuestos en los que lo que se pretende en vía contenciosa es la reclamación del abono del principal y/o intereses de demora derivados de contratos el plazo para el nacimiento de la inactividad administrativa, y, por ende, para la posibilidad de acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa, es el de un mes, contemplado en la legislación de contratos del sector público

La Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 29 de abril del 2025 aborda el alcance de las modificaciones contractuales en concesiones públicas adjudicadas originalmente a entidades in house que, con el tiempo, habían perdido esa condición. La cuestión prejudicial se planteó en un litigio sobre la ampliación de contratos de concesión de servicios auxiliares en autopistas para incluir la construcción y explotación de infraestructuras de recarga eléctrica.

El Real Decreto 214/2025 no crea un nuevo registro, como parece indicar su título, sino que mantiene y amplía el existente desde el 2014. Su verdadera novedad es que impone a determinadas empresas y entidades públicas la obligación de calcular su huella de carbono y de elaborar planes de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, así como de proceder a su publicación.

Al establecer y aplicar un programa institucionalizado de adquisición de la nacionalidad basado en la realización de pagos o de inversiones predeterminados, la República de Malta ha incumplido las obligaciones que le imponen los artículos 20 TFUE, que crea la ciudadanía de la Unión, y 4. 3 TUE, sobre cooperación leal entre la UE y los Estados miembros.

Os acompañamos una nueva edición de nuestro Análisis Normativo Agroalimentario, para el mes de mayo.