Miguel Troncoso sobre las vías de Bruselas para frenar los ajustes fiscales en España | Expansión

El plazo para el nacimiento de la inactividad administrativa, y, por ende, para la posibilidad de acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa, es, con carácter general, el de tres meses fijado en el artículo 29.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. Sin embargo, la reciente Sentencia 1724/2025 del Tribunal Supremo señala que para aquellos supuestos en los que lo que se pretende en vía contenciosa es la reclamación del abono del principal y/o intereses de demora derivados de contratos el plazo para el nacimiento de la inactividad administrativa, y, por ende, para la posibilidad de acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa, es el de un mes, contemplado en la legislación de contratos del sector público

Os acompañamos una nueva edición de nuestro Análisis Normativo Agroalimentario, para el mes de septiembre.

La Sentencia del TJUE de 1 de agosto de 2025 ha declarado que la Directiva de Evaluación de Impacto Ambiental no exige que los dictámenes de las Administraciones sean recabados antes de la consulta al público interesado, permitiendo que ambas consultas se realicen simultáneamente confirmando, de esta forma, la doctrina del Tribunal Supremo sobre la compatibilidad de la normativa española con el Derecho de la Unión.

Comentario sobre la divergencia entre los Colegios de Abogados y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia sobre la calificación jurídica de la elaboración de baremos de honorarios

Nueva supresión del mecanismo de apoyo a la industria electrointensiva

La Comisión Europea ha presentado una propuesta para modificar la Ley del Clima, que fija un nuevo objetivo de reducción del 90% de las emisiones netas para 2040, si bien prevé el uso de mecanismos de flexibilidad para facilitar su cumplimiento

Informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia sobre el Proyecto de reforma del Real Decreto 1066/2007 que desarrolla la Ley de Mercado de Valores en materia de Ofertas públicas de adquisición de acciones

El Tribunal Supremo ha fijado doctrina jurisprudencial sobre el alcance del artículo 29.4 de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, en relación con el principio de proporcionalidad en materia sancionadora.

La contratación de prestaciones de carácter intelectual, como son los servicios de arquitectura o ingeniería, plantea dificultades en tanto que la legislación de contratos no establece una regulación sistemática al respecto. Esta circunstancia, unida a los requisitos legales previstos para la adquisición de este tipo de bienes, determina en ocasiones la celebración de contratos que no se ajustan, en su definición o configuración, a los contornos legales que delimitan esta modalidad contractual.