Miguel Troncoso sobre las vías de Bruselas para frenar los ajustes fiscales en España | Expansión

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico aclara mediante una nota interpretativa las obligaciones sobre huella de carbono y planes de reducción del Real Decreto 214/2025.

Noticia sobre la primera vez que la Comisión Europea sanciona las prácticas de no-poach agreements

El plazo para el nacimiento de la inactividad administrativa, y, por ende, para la posibilidad de acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa, es, con carácter general, el de tres meses fijado en el artículo 29.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. Sin embargo, la reciente Sentencia 1724/2025 del Tribunal Supremo señala que para aquellos supuestos en los que lo que se pretende en vía contenciosa es la reclamación del abono del principal y/o intereses de demora derivados de contratos el plazo para el nacimiento de la inactividad administrativa, y, por ende, para la posibilidad de acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa, es el de un mes, contemplado en la legislación de contratos del sector público

La Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 29 de abril del 2025 aborda el alcance de las modificaciones contractuales en concesiones públicas adjudicadas originalmente a entidades in house que, con el tiempo, habían perdido esa condición. La cuestión prejudicial se planteó en un litigio sobre la ampliación de contratos de concesión de servicios auxiliares en autopistas para incluir la construcción y explotación de infraestructuras de recarga eléctrica.

El Real Decreto 214/2025 no crea un nuevo registro, como parece indicar su título, sino que mantiene y amplía el existente desde 2014. Su verdadera novedad es la imposición a determinadas empresas y entidades públicas de la obligación de calcular su huella de carbono, elaborar planes de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, así como de proceder a su publicación. La escueta regulación del real decreto suscita algunas dudas interpretativas.

Al establecer y aplicar un programa institucionalizado de adquisición de la nacionalidad basado en la realización de pagos o de inversiones predeterminados, la República de Malta ha incumplido las obligaciones que le imponen los artículos 20 TFUE, que crea la ciudadanía de la Unión, y 4. 3 TUE, sobre cooperación leal entre la UE y los Estados miembros.

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Noticia de la aplicación de la DMA por vez primera sancionando a empresas gatekeeper por incumplimiento de obligaciones que dan lugar a prácticas anticompetitivas

En los últimos años y a raíz de la proliferación de supuestos en los que se producen prestaciones contractuales sin la adecuada cobertura contractual, la Jurisprudencia ha venido señalando que para el devengo de intereses de demora es precisa la previa convalidación del gasto. Sin embargo, dos recientes Sentencias del Tribunal Supremo han puesto de relieve un cambio de tendencia al menos en lo relativo a la prestación de servicios fuera de los márgenes el contrato público, considerando que cuando éstos son recibidos por la Administración sin oponerse a ello y sin advertir al contratista de la necesaria convalidación del gasto para el devengo de intereses de demora, deberá aplicarse lo dispuesto en el artículo 198 de la Ley de Contratos del Sector Público en lo concerniente al pago y el devengo de intereses.