Nuno de Oliveira Garcia comenta los Presupuestos del Estado que se aprobarán el 25 de noviembre | Jornal de Negócios

La Dirección General de Tributos recuerda algunas de las implicaciones fiscales de los «trust» en España, abordando específicamente la cuestión cuando el sujeto designado como beneficiario de los mismos tributa en nuestro país conforme al régimen de impatriados

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea se manifiesta sobre las consecuencias que, en el ámbito del impuesto sobre el valor añadido, pueden tener los ajustes compensatorios derivados de la aplicación de la política de precios de transferencia.

En el caso analizado sólo puede entenderse indebido el ingreso de la deuda tributaria a partir del conocimiento de la sentencia penal recaída en un proceso impulsado por la propia Administración. El hecho de que la sentencia fuera absolutoria por falta de prueba no impide constatar que en ella se declaró que no había falsedad ni infracción fiscal alguna a efectos penales, por lo que es a partir de su contenido, y no antes, cuando queda establecido que el ingreso fue indebido.

La Audiencia Nacional, en línea con la doctrina del Tribunal Supremo vertida en relación con las aportaciones no dinerarias a una sociedad vinculada, entiende que la transmisión onerosa de participaciones en sociedades no cotizadas debe valorarse por la regla especial del artículo 37.1.b) de la Ley 35/2006 y no por las reglas de operaciones vinculadas

El Tribunal Económico-Administrativo Central ha unificado criterio en relación con la aplicación tardía de la deducción por actividades de I+D+i en el Impuesto sobre Sociedades y clarificado cómo aplicar el cambio de criterio de la Dirección General de Tributos a la luz del principio de confianza legítima

La Dirección General de Tributos analiza la posibilidad de deducir una pérdida por deterioro de créditos reconocida por una sociedad española como consecuencia de la baja del crédito que ostenta frente a una filial residente en México, si esta última se declara en concurso mercantil y entra en fase de quiebra conforme a la normativa concursal mexicana, equiparable a la fase de liquidación en el concurso de acreedores regulado por la Ley 22/2003.

El alto tribunal rechaza la asimetría de los tipos de interés aplicables a las posiciones acreedoras y deudoras, subraya que la retribución de la entidad coordinadora o líder del sistema de cash pooling debe ser acorde con las funciones y riesgos asumidos por ella, y confirma que la calificación crediticia de referencia para analizar estas operaciones debe ser la del grupo multinacional en su conjunto

Para entender cumplido el requisito exigido por el artículo 27.2 de la Ley 35/2006, a efectos de considerar que el arrendamiento de inmuebles se realiza como actividad económica posibilitando la aplicación de los beneficios de la empresa familiar en el ámbito sucesorio, es suficiente la contratación de una persona empleada con contrato laboral y a jornada completa para gestionar la actividad, sin que sea necesario justificar tal contratación desde un punto de vista económico.

El Tribunal Económico-Administrativo Central, sobre la base de la jurisprudencia del Tribunal Supremo en relación con la doctrina del doble tiro de la Administración, fija este nuevo criterio: tras la anulación total por razones sustantivas de un acuerdo de declaración de responsabilidad tributaria subsidiaria dictado en aplicación del artículo 43.1b de la Ley General Tributaria, a resultas de la insuficiente actividad probatoria de la Administración, ésta puede, dentro del plazo de prescripción, iniciar un nuevo procedimiento y dictar un segundo acuerdo de declaración de ese mismo presupuesto de responsabilidad frente al mismo sujeto.