Nuno de Oliveira Garcia sobre el impuesto aplicado al sector financiero, creado para acomodar la pandemia de Covid-19 en las cuentas públicas | Advocatus

Esta nota repasa tanto la última doctrina del Tribunal Económico Administrativo Central sobre la problemática que rodea a la fiscalidad de las sociedades holding que actúan como administradoras de entidades participadas mediante representantes personas físicas, como el criterio vertido sobre la cuestión en un reciente fallo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

El Tribunal Supremo interpreta el artículo 110 de la Ley General Tributaria y fija como doctrina que, en los procedimientos tributarios, con independencia del modo de inicio y del medio de comunicación procedente, la notificación debe practicarse en el domicilio expresamente designado por el contribuyente o su representante legal

Se ofrece una breve reseña de las principales novedades del segundo trimestre de 2025 en materia de tributos.

El carácter preceptivo para la Administración tributaria de la declaración de caducidad conlleva que la falta de declaración formal y expresa de caducidad del procedimiento de comprobación limitada sobre un determinado concepto tributario y período impositivo determine la invalidez del inicio de un ulterior procedimiento de inspección respecto del mismo concepto y período.

El Tribunal Económico-Administrativo Central confirma, en unificación de criterios, que el derecho a la devolución del impuesto debe efectuarse respetando el marco normativo aplicable, sin que quepa exigir requisitos no previstos de forma expresa por la ley. Este criterio refuerza la seguridad jurídica y es previsible que tenga un impacto significativo, ya que la Agencia Estatal de Administración Tributaria ha venido denegando la mayor parte de las solicitudes de devolución amparadas en el citado artículo 81.1d de la Ley 7/2022 con base en distintas respuestas a consultas vinculantes de la Dirección General de Tributos.

El Tribunal Supremo ha determinado que el día final o dies ad quem del devengo de intereses de demora correspondiente a las liquidaciones que se derivan de un acta suscrita en disconformidad es la fecha del acuerdo de liquidación —dictado dentro del plazo máximo de duración del procedimiento inspector—, debiendo exigirse, por tanto, intereses al obligado hasta esa fecha

La resolución del Tribunal Económico Administrativo Central, de 18 de junio del 2025, en unificación de criterio, establece doctrina sobre el procedimiento aplicable para la exigencia de intereses de demora en el periodo ejecutivo. La resolución confirma que, en ausencia de procedimiento específico, deberá seguirse el procedimiento previsto, con carácter general, para la práctica de liquidaciones tributarias, que exige que se otorgue al contribuyente trámite de audiencia o plazo de alegaciones previo a la práctica de la liquidación, en garantía de sus derechos de defensa.