Nuno de Oliveira Garcia sobre el impuesto aplicado al sector financiero, creado para acomodar la pandemia de Covid-19 en las cuentas públicas | Advocatus

Para el Tribunal Económico-Administrativo Central, la artificiosidad y la persecución de un ahorro fiscal no son elementos exclusivos del conflicto en la aplicación de la norma. Estas notas también pueden estar presentes en la simulación, cuyo elemento diferencial es la existencia de una finalidad de ocultación o engaño. La mera existencia de negocios artificiosos no excluye la simulación, en especial en supuestos de interposición societaria.

El Tribunal Supremo determina que la limitación a la compensación de las bases imponibles negativas prevista en el segundo inciso del artículo 90.3 del TRLIS —artículo 84.2 de la Ley 27/2014—, es aplicable a las operaciones de fusión inversa cuando la entidad adquirente haya generado tales créditos fiscales antes de su incorporación al nuevo grupo y los mismos ya fueron aprovechados o consumados por anteriores partícipes o socios.

La Dirección General de Tributos determina que en supuestos de fusiones entre sociedades íntegramente participadas de forma directa por un mismo socio, podrá aplicarse el régimen fiscal especial del capítulo VII del título VII de la Ley del Impuesto sobre Sociedades aunque no se produzca una atribución de valores al socio de la entidad absorbida, ni un aumento de capital en la sociedad absorbente.

En el supuesto controvertido, el Tribunal Supremo confirma que la entidad perceptora del canon en la Unión Europea no es la beneficiaria efectiva, sino otra entidad residente en un territorio no comunitario, por lo que la retención aplicable es la prevista en el impuesto sobre la renta de no residentes, sin que pueda aplicarse el tipo reducido de retención previsto en el Convenio para Evitar la Doble Imposición suscrito con los Países Bajos. La controversia planteada queda enteramente regulada por el Derecho de la Unión y el principio de primacía determina que éste desplace a la norma convencional.

El Tribunal Supremo, en sus sentencias de 20 de octubre y 4 de diciembre del 2025, al tiempo que considera que la derivación de responsabilidad del artículo 43.1h de la Ley General Tributaria no requiere, necesariamente, que se consideren simuladas las operaciones determinantes del vaciamiento patrimonial, determina que esta responsabilidad sólo será exigible cuando resulte debidamente motivado el elemento subjetivo, esto es, que la única finalidad perseguida mediante una operativa a través de sociedades por parte de quien las controla era la defraudación del crédito tributario.

La Dirección General de Tributos analiza si mientras una herencia permanece yacente por falta de aceptación —tácita o expresa— del llamado a heredar, éste ha de presentar o no el impuesto sobre sucesiones y donaciones y, para el caso de que nunca llegase a aceptar la herencia, si se produciría la prescripción del impuesto transcurridos cuatro años y seis meses desde el fallecimiento del causante.

La Dirección General de Tributos analiza cuál de las exenciones previstas para la empresa familiar en el artículo 4.Ocho de la Ley del Impuesto sobre el Patrimonio se aplicaría en el caso de que una persona física participe en una entidad sin personalidad jurídica —en este caso un partnership belga— que, a su vez, invierte en participaciones de una sociedad operativa. Esto es, si resulta aplicable el apartado Uno del citado precepto -relativo a las empresas y negocios individuales-, por el contrario, su apartado Dos -aplicable en casos de participaciones en entidades con personalidad jurídica-.