Nuno de Oliveira Garcia sobre el impuesto aplicado al sector financiero, creado para acomodar la pandemia de Covid-19 en las cuentas públicas | Advocatus

La reciente Sentencia del Tribunal Supremo del 20 de octubre del 2025 (rec. cas. núm. 6341/2023) refuerza, matiza, completa e, incluso, aclara la doctrina jurisprudencial existente referida a la suspensión cautelar en el ámbito tributario y confirma que el automatismo administrativo no es trasladable sin más a la sede jurisdiccional, pero impone que la decisión judicial que deniegue la suspensión, pese a la existencia de garantía y a la previa suspensión administrativa, esté reforzada por una motivación suficiente.

La Dirección General de Tributos analiza la tributación de un bonus por rentas del trabajo, percibido en el primer año de aplicación del régimen Beckham y deducibilidad de los gastos de Seguridad Social.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid determina que, en caso de que una unidad familiar presente una autoliquidación conjunta del impuesto sobre la renta de las personas físicas, no cabe imponer una sanción al cónyuge que no ha percibido rentas

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía acoge el criterio del Tribunal Económico-Administrativo Central y entiende que el cambio de doctrina jurisprudencial en relación con la tributación de los intereses de demora abonados por la Administración no permite regularizar actuaciones tributarias de los contribuyentes realizadas al amparo y en aplicación de una primera doctrina jurisprudencial, posteriormente superada, en virtud del principio de protección de la confianza legítima.

La Dirección General de Tributos analiza la fiscalidad de una operación en virtud de la cual el arrendador de una vivienda vende a una empresa sus derechos de crédito futuros frente al arrendatario por un importe inferior al que tendrá que abonar el inquilino conforme a lo establecido en el contrato de arrendamiento.

La Audiencia Nacional avala la deducibilidad en el impuesto sobre sociedades de las provisiones para afrontar responsabilidades derivadas de litigios, al hilo de un supuesto en el que varias sociedades depositaron las fianzas impuestas judicialmente para afrontar su posible responsabilidad civil subsidiaria dentro de un procedimiento penal.

El Tribunal Supremo determina que la doctrina del «doble tiro» permite a la Administración practicar una segunda liquidación en caso de anulación de la primera por motivos formales o sustantivos. Pero, anulada la segunda, no cabe, por ningún concepto o circunstancia, el dictado de un tercero o sucesivos actos administrativos en sustitución de otros anulados, aunque el segundo adolezca de cualquier vicio, formal o material. Los principios generales de buena administración y el de buena fe, entre otros, se oponen a tal posibilidad de manera absoluta.

Para el Tribunal Económico-Administrativo Central, las aportaciones de los socios que guarden proporcionalidad con su porcentaje de participación en el capital social deben contabilizarse como incrementos de los fondos propios, mientras que los excesos sobre dicha aportación son ingresos imponibles para la sociedad. Los pactos parasociales adoptados en el curso del procedimiento inspector para justificar un plan de ampliación de capital carecen de eficacia probatoria.

En contra del criterio mantenido por la Audiencia Nacional, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana entiende que la exención de los intereses pagados a residentes de la Unión Europea debe aplicarse en los términos que el legislador nacional ha optado por mantener, sin las exigencias adicionales de la Directiva 2003/49/CE. En caso de apreciar la existencia de prácticas abusivas, la regularización tributaria debe hacerse acudiendo a alguna de las cláusulas generales antiabuso previstas en la Ley General Tributaria.