Pablo Fernández-Cortijo reconocido como uno de los abogados más activos en Corporate – Expansión

La pérdida de negocio deberá ser el lucro cesante de un daño material, pero no hay cobertura independiente

De creación jurisprudencial, la garantía de indemnidad alcanza ahora un régimen jurídico específico en la Ley Orgánica de Derecho del Defensa. Las personas trabajadoras podrán ejercer esta garantía ante las consecuencias desfavorables por la realización de cualquier actuación efectuada ante la empresa o ante una actuación administrativa o judicial destinada a la reclamación de sus derechos laborales. Aunque ya existía este reconocimiento, la exigencia de derivar en una reclamación judicial restringía una aplicación que, ahora, parece ampliarse.

Para determinar si una fusión tiene por objeto la adquisición de sociedades que mantienen un negocio, se debe evaluar si el conjunto de activos y actividades adquiridos incluye, como mínimo, un recurso económico y un proceso sustantivo que, de forma conjunta, contribuyan significativamente a la entrega de bienes o la prestación de servicios a los clientes. Con objeto de facilitar el proceso de calificación, se puede realizar un análisis simplificado conocido como la «prueba de concentración» que verifica si sustancialmente todo el valor razonable de los activos «adquiridos» en la fusión, está concentrado en un solo activo o grupo de activos similares.

Las directrices europeas establecen una serie de principios generales para asegurar una supervisión efectiva del abuso de mercado en los mercados de criptoactivos, así como pautas en materia de detección y prevención que han de seguir los supervisores nacionales inspiradas, con las lógicas adaptaciones, en el régimen de abuso de mercado del Reglamento del 2014. Habrán de ser traducidas a las lenguas oficiales de la Unión, y la Comisión Nacional del Mercado de Valores comunicará a la Autoridad Europea de Valores y Mercados si las cumple o si tiene intención de cumplirlas en el plazo de dos meses desde la publicación de la traducción.

Una reciente sentencia sobre la aplicación del artículo 32 de la Ley del Contrato de Seguro

Un problema que parecía resuelto en las relaciones representativas entre personas físicas, pero que todavía no se ha testado con las sociedades mercantiles.

La obligación de propiciar ajustes razonables en el puesto de trabajo para las personas con incapacidad permanente adquiere ahora una relevancia nueva al desaparecer como causa de extinción automática del contrato de trabajo. Porque ahora, salvo voluntad en contra del trabajador, la empresa dispone de tres meses para efectuar dichos ajustes u ofrecer la vacante de un puesto adecuado. Deberá justificar su negativa en la carga excesiva que supone para la empresa enfrentándose de lo contrario, no sólo al incumplimiento legal con las consecuencias debidas, sino al mantenimiento de la relación laboral, también con todas sus consecuencias.

Se expone un nuevo hito judicial confirmatorio de una doctrina ya asentada

Resumen de novedades legislativas y jurisprudenciales relativas al sector de la Automoción.