Patricia Fita Ríos, abogada de la Fundación Fernando Pombo, participa en el II Congreso Internacional de Derecho, Derechos y Personas Mayores: Acceso a la Justicia | El Diario.es

El ‘II Congreso Internacional de Derecho, Derechos y Personas Mayores: Acceso a la Justicia “pone el foco en las discriminaciones de las personas de edad avanzada y el abismo con el que se encuentran cuando” quieren proteger o garantizar sus derechos’.

El Congreso, que se celebra en el Ilustre Colegio de Abogados de València (ICAV), se centra en la efectividad del derecho de acceso a la Justicia de las personas mayores, para plantear soluciones de su inclusión en el ecosistema judicial y garantizar sus derechos con un acompañamiento eficaz ante operadores jurídicos, quienes “suelen tratarlos de forma paternalista”.

Así, durante el encuentro se han abordado los prejuicios que se tienen sobre las personas de edad avanzada en relación con los tribunales, o el propio miedo que sienten los protagonistas ante la falta de información, la complejidad del lenguaje o la brecha digital que les supone un desincentivo más en su cotidianeidad.

La Fundación Fernando Pombo se creó en el año 2010 con el propósito de crear una abogacía “ética, responsable y sostenible para proteger los derechos humanos”. Entre sus líneas de actuación, Fita Ríos destaca que se centran en investigar y concienciar cómo desde su posición pueden mejorar la sociedad; así como el acceso a los derechos de algunos colectivos vulnerables a partir de los trabajos que llevan a cabo.

Envejecer con derecho: que la edad no sea un límite es uno de los proyectos en los que se centraron en promover las garantías de las personas mayores e identificar y atajar situaciones de discriminación.. El material se puede encontrar en la página web de Envejecerconderechos.org, impulsada por la Fundación, la Fundación Grandes Amigos y la Universidad de Alcalá de Henares.

Además, Patricia destaca que con la Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación, las entidades sociales pueden tener más poder legal y puedan colaborar con expertos jurídicos para solucionar el problema de la posibles víctimas, sin involucrarlas directamente en el proceso.

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