Qué coste se devuelve de las entradas de eventos cancelados | Expansión

El Tribunal Supremo basa su decisión en que el carácter extraordinario del recurso de casación justifica la aplicación rigurosa de los Acuerdos de la Sala de Gobierno, y en general de los requisitos que condicionan su admisibilidad.

La Dirección General confirma que la obligación de las sociedades participantes en una modificación estructural de acreditar estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias se refiere únicamente a las obligaciones de carácter estatal, no siendo necesario acreditar el cumplimiento de las obligaciones tributarias de carácter autonómico y local.

La sentencia del Caso Azor considera que no es necesario que la pyme forme parte del perímetro de consolidación para la aplicación de la excepción prevista en el artículo 682.2 de la Ley Concursal. Dicho criterio supone un espaldarazo definitivo a la reforma de la ley concursal, evitando la puesta en práctica de estructuras societarias artificiosas que no tuvieran otra finalidad que bloquear la homologación de planes de reestructuración no consensuales.

Para el Tribunal Supremo, la prohibición de que las liquidaciones vinculadas a delito sean revisadas en la vía económico-administrativa y por la jurisdicción de lo contencioso-administrativo no vulnera el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva en su vertiente de acceso a la jurisdicción, dada su posición instrumental respecto de una causa penal en el curso de la cual podrá controlarse que son conforme a derecho.

El Tribunal de Justicia ha dictado una nueva sentencia interpretando el concepto de publicidad comparativa, de acuerdo con lo dispuesto en la Directiva 2006/114/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, sobre publicidad engañosa y publicidad comparativa.

El Tribunal Supremo determina que no procede aplicar el tipo de gravamen reducido del 10% previsto en la Ley 37/1992 a los servicios de renovación o reparación de viviendas particulares, cuando éstos son contratados y abonados directamente por una compañía aseguradora, aunque beneficien a la persona natural titular de la vivienda de uso particular, en su condición de asegurado.

Boletín trimestral elaborado por el Área Mercantil de Gómez-Acebo & Pombo que incluye trabajos de análisis, comentarios de jurisprudencia y notas o reseñas sobre práctica societaria en materias de interés para nuestros clientes.

Cuando la única causa de despido colectivo invocada es la finalización de la contrata se impide el efecto protector de la norma consistente en el mantenimiento del contrato de trabajo, neutralizando la obligación de subrogación laboral legalmente impuesta

Para la Gran Sala del Tribunal de Justicia, una exención fiscal basada en criterios objetivos y no discriminatorios e integrada en la lógica del régimen jurídico del impuesto al que acompaña es inherente al régimen tributario «normal» y no confiere, en principio, una ventaja selectiva. En estos supuestos, los requisitos para conceder la exención son neutros desde el punto de vista de la competencia y el hecho de que algunas empresas los cumplan y otras no carece de pertinencia a la luz de las normas sobre las ayudas de Estado.