Qué coste se devuelve de las entradas de eventos cancelados | Expansión

La jurisprudencia considera que el artículo 1524 del Código Civil establece una presunción iuris et de iure de conocimiento de la venta y de sus condiciones por el retrayente desde la fecha de la inscripción, por lo que el plazo se contará desde el día siguiente a realizarse tal inscripción en el Registro de la Propiedad

Los departamentos de la Agencia Tributaria han sido recientemente modificados para, entre otros aspectos, adaptar sus funciones y competencias a las nuevas formas de cooperación administrativa avanzada en materia tributaria —contempladas en Directiva (UE) 2021/514 del Consejo (DAC7) y transpuestas a la Ley General Tributaria—. Entre ellas, destacamos en este comentario la relevancia de las inspecciones conjuntas multilaterales, recordando sus principales características y analizando algunos de los problemas que puede plantear su implementación.

Aunque la sentencia señala que el arrendador dispone de tres remedios, en realidad sólo dispone de uno ―tanto si pide cumplimiento como si opta por la resolución―, que es la indemnización de daños.

El Tribunal Supremo, en su Sentencia 1505/2025, analiza el uso del término Donut por un competidor que comercializa rosquillas bajo otra marca. Aunque instancias previas consideraron el uso meramente descriptivo, el Supremo lo rechaza por tratarse de una marca renombrada, lo que activa una protección reforzada. Esta protección exige evitar cualquier aprovechamiento indebido del prestigio o carácter distintivo de la marca. El tribunal concluye que el uso realizado no fue leal y puede implicar parasitismo y dilución.

En el sistema del Reglamento 805/2004, el crédito y el título ejecutivo europeo que lo incorpora se constituyen conforme al Derecho del Estado miembro de origen y el procedimiento de ejecución se rige por la ley del Estado miembro de ejecución.

Una doctrina formalista de la dación en pago y que no está justificada por los intereses en juego

El Gobierno aprueba el Reglamento que desarrolla aspectos importantes de los contratos formativos tales como el número máximo de contratos formativos por centro de trabajo, el contenido de los planes formativos individuales, la concreción sobre los procesos de tutorización o los límites a su utilización.

El acuerdo suscrito entre los trabajadores (subrogados) y la empresa (subrogante) supone una adhesión a las condiciones laborales colectivas de esta última, resultando innecesario la aplicación del artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores, prevista para decisiones unilaterales de la empresa