Temor en las grandes fortunas a que la política dinamite el «paraíso fiscal» de Madrid – El Confidencial

El Tribunal Económico Administrativo Central modifica su criterio anterior para adecuarlo a la doctrina del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional, aceptando expresamente que el contribuyente puede rectificar las cuotas del impuesto sobre el valor añadido repercutidas en exceso tanto vía declaración —artículo 89. Cinco.b) de la Ley 37/1992—, como a través de la rectificación de su autoliquidación —artículo 89.Cinco.a) de la Ley 37/1992—.

El Tribunal Supremo deniega la aplicación de la reducción del 30 % prevista en el artículo 32.1 de la Ley 35/2006, a las indemnizaciones que los socios profesionales de una entidad puedan percibir por la extinción anticipada de la relación mercantil acordada unilateralmente por la sociedad, considerando que tales pagos no retribuyen realmente servicios profesionales prestados durante un período superior a dos años, sino que únicamente compensan la imposibilidad de seguir prestándolos hasta la edad de jubilación.

La Dirección General de Tributos analiza cómo afecta al mantenimiento de los requisitos establecidos por el artículo 4.Ocho.Dos de la Ley 19/1991 para aplicar la exención de empresa familiar el hecho de que uno de los miembros del grupo familiar que venía ejerciendo funciones directivas retribuidas en una sociedad operativa aporte sus participaciones en ella a su entidad holding, siendo ésta la que asuma las citadas funciones tras la aportación.

El Tribunal de Justicia, en el asunto Stellantis Portugal, confirma que un ajuste de precios de transferencia destinado a garantizar un determinado margen de beneficios, aun cuando en su cálculo se tengan en cuenta parcialmente determinados costes de reparación o garantía, no permite concluir necesariamente que exista una prestación de servicios independiente sujeta al impuesto sobre el valor añadido. Los elementos determinantes son la existencia de una relación jurídica con prestaciones recíprocas y un vínculo directo entre el servicio identificable y la contraprestación percibida.

La Sentencia del Tribunal Supremo de 27 de abril del 2026 refuerza la seguridad jurídica de los grupos fiscales al aclarar que la mera existencia de actuaciones previas sobre determinadas entidades del grupo concluidas con una liquidación provisional no impide la rectificación de la autoliquidación del impuesto y ejercicio inspeccionados sobre los elementos tributarios que no hayan sido objeto de regularización expresa.

La Dirección General de Tributos analiza la fiscalidad de los intereses derivados de un préstamo participativo concertado entre entidades no vinculadas, teniendo en cuenta que dichos intereses son contingentes y variables, determinándose en función de los beneficios obtenidos por el prestatario.

El Tribunal Supremo analiza en casación, entre otras cuestiones, si el aumento del justiprecio derivado de la retasación de bienes expropiados, reconocido por sentencia judicial tras el fallecimiento del causante, es una ganancia patrimonial sujeta al impuesto sobre la renta de las personas físicas o, por el contrario, al impuesto sobre sucesiones y donaciones.

En este análisis abordamos la controversia que la fiscalidad de los juros brasileños ha suscitado tanto durante la vigencia del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades como desde la entrada en vigor de la Ley del Impuesto sobre Sociedades. Su posible calificación, bien como dividendos, bien como intereses, ha sido analizada en varias ocasiones tanto por los tribunales de justicia como por la Administración española, la cual ha acordado recientemente con la brasileña considerarlos «intereses» a efectos del Convenio de doble imposición hispano-brasileño.

En su sentencia de 30 de abril del 2026, el Tribunal Supremo considera que la situación de insolvencia de un deudor principal ―determinante en el cómputo de la prescripción frente a los responsables subsidiarios― puede identificarse en un procedimiento concursal, con carácter general, con el auto de conclusión de concurso, pero también con un momento anterior, lo que ocurrió en ese caso con el informe provisional del administrador concursal afirmando la situación de insolvencia del obligado principal. En consecuencia, el plazo de prescripción frente a los responsables subsidiarios por deudas liquidadas con posterioridad a aquella situación de insolvencia se inició con el vencimiento de su periodo voluntario de pago.