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Publicaciones destacadas
Litigación Tributaria
La influencia del Derecho de la Unión Europea en la aplicación de la cláusula general antiabuso del artículo 15 de la Ley General Tributaria
La Sentencia del Tribunal Supremo de 27 de febrero del 2025 (rec. 1034/2023) se pronuncia sobre la aplicación del artículo 15 de la Ley General Tributaria en una operación transfronteriza de compra intragrupo financiada con endeudamiento. La sentencia confirma que la cláusula general antiabuso debe interpretarse de conformidad con la jurisprudencia comunitaria sobre las libertades fundamentales y la prohibición de prácticas abusivas y subraya que el respeto del principio de plena competencia en la operación no impide la aplicación de la cláusula antiabuso nacional.
Litigación Tributaria
El principio de regularización íntegra y los límites invocados por la Administración
Analizamos el principio de regularización íntegra y los límites que frente a él invoca la Administración a la luz de la doctrina más reciente del Tribunal Supremo y de los recursos de casación pendientes de resolución.
Litigación Tributaria
Sobre la imposición de sanciones tributarias cuando el acta expresamente descarta la existencia de indicios de la comisión de infracciones
En nuestra práctica jurídica nos encontramos con actuaciones inspectoras en las que el actuario recoge en el acta que no se aprecian indicios de la comisión de infracciones tributarias y, sin embargo, el órgano competente para dictar el acuerdo de liquidación considera que sí existen tales indicios y que corresponde iniciar un procedimiento sancionador en el que se acabe sancionando al contribuyente. El Tribunal Supremo se pronunciará sobre las implicaciones de estas situaciones desde el punto de vista del análisis de la culpabilidad y del principio de buena administración.
Litigación Tributaria
Vinculación del juez penal a las resoluciones de entrada y registro autorizadas por el juez contencioso-administrativo
De acuerdo con la Sentencia del Tribunal Constitucional 31/2025, de 10 de febrero, en un proceso penal cuya prueba se nutra del resultado de una diligencia de entrada y registro domiciliarios autorizada por un juez de lo contencioso-administrativo, es exigible una motivación reforzada a la sentencia de apelación por la que se revoca la previa sentencia penal absolutaria, dando respuesta a las quejas de vulneración de derechos fundamentales planteadas por la parte acusada.
Litigación Tributaria
El principio de buena administración y la bilateralidad en la regularización de las operaciones vinculadas
En sentencia de 31 de enero de 2025, la Audiencia Nacional ha resuelto a favor del contribuyente en un recurso relativo a la ruptura de la bilateralidad en la regularización de las operaciones vinculadas, sobre la base de la infracción del principio de buena administración en su vertiente procesal. La sentencia recoge la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre el alcance de dicho principio general al que se encuentra sometida la administración en todas sus actuaciones.
Litigación Tributaria
La Inspección de Hacienda frente a obligados tributarios domiciliados fuera de su ámbito de competencia territorial
Analizamos la extensión de la competencia territorial de la Inspección de Hacienda con respecto a obligados tributarios domiciliados fuera de su ámbito competencial, el caso concreto de las partes vinculadas y las garantías que consideramos que deben concurrir a la luz de la doctrina del Tribunal Supremo.
Novedades societarias introducidas por el Real Decreto Ley 4/2025, de 8 de abril, de medidas urgentes de respuesta a la amenaza arancelaria y de relanzamiento comercial
El Real Decreto Ley 4/2025, de 8 de abril recupera la «moratoria contable» del cómputo de las pérdidas causadas por el COVID-19 en los ejercicios 2020 y 2021 hasta el cierre del ejercicio que se inicie en el año 2025 y, en consecuencia, da un nuevo plazo para la reformulación (y aprobación) de las cuentas ya formuladas con anterioridad a la entrada del real decreto ley el 9 de abril del 2025.
¡NUEVO! 
Inés Fontes
La importancia de la distancia cuando se produce un cambio de centro de trabajo
Aunque no pueda ser considerado como movilidad geográfica porque no supone cambio de residencia, el cambio de lugar de trabajo que implica un esfuerzo desproporcionado (una hora y media de desplazamiento) para el trabajador puede ser calificado como modificación sustancial
¡NUEVO!
Lourdes López
Oponibilidad de la elección de foro incluida en una carta de porte
La exigencia de negociación individual y separada de las cláusulas de elección de foro que resulta del artículo 251 en relación con el 468 de la Ley de Navegación Marítima no es aplicable en el marco de la Unión Europea
Hace 3 días
Elisa Torralba
Despido por expropiación forzosa de la sede de la empresa ¿fuerza mayor?
La expropiación forzosa del local de la empresa no puede ser considerada causa de fuerza mayor para justificar el despido si no ha sido previamente calificada como tal por la autoridad laboral, convirtiendo el despido colectivo «de hecho» en nulo
Hace 3 días
Lourdes López
El TEAC vuelve a manifestarse sobre el alcance del carácter vinculante de los informes del Ministerio de Ciencia e Innovación sobre deducciones por actividades de I+D e IT
El Tribunal Económico-Administrativo Central analiza de nuevo el alcance del carácter vinculante de los informes del Ministerio de Ciencia e Innovación sobre la deducción por actividades de investigación y desarrollo e innovación tecnológica, regulada en el artículo 35 de la Ley 27/2014, y concluye que tal vinculación alcanza a la calificación de la actividad ―de innovación tecnológica en este caso―, pero no a los gastos que integran la base de la deducción, por lo que éstos podrán ser regularizados por la Inspección tributaria ―en este caso, sobre la base del informe emitido por el equipo de apoyo informático de la Administración―.
Hace 4 días
Diego Martín-Abril, Rocío Arias, Pilar Álvarez
Operaciones vinculadas: supuestos de doble vinculación y aplicación del método del coste incrementado
El Tribunal Económico Administrativo Central valida la aplicación del método del coste incrementado para regularizar el valor del servicio prestado por una persona física a una entidad vinculada que, a su vez, presta servicios a otra sociedad vinculada y a un tercero aportando la intermedia escaso valor añadido.
Hace 4 días
Irene Ación, Pilar Álvarez
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