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Creación de empleo post-COVID-19
28 de mayo, 2020
En la encrucijada sobre el papel estratégico de la Unión Europea en la pandemia, una de las últimas medidas adoptadas señala como objetivo la salud (laboral) y la creación (y no destrucción) de empleo. El Reglamento (UE) 2020/672, de 19 de mayo de 2020, DOUE, 20 recoge la creación de un instrumento europeo de apoyo temporal para atenuar los riesgos de desempleo en una emergencia (SURE) a raíz del brote COVID-19. Reconoce el Consejo que se trata de una situación excepcional, que escapa al control de los Estados miembros y «que ha inmovilizado a una parte sustancial de su población activa, ha causado un aumento repentino y grave del gasto público de los Estados miembros en regímenes de reducción del tiempo de trabajo en favor de los trabajadores por cuenta ajena y medidas similares en favor, en particular, de los trabajadores por cuenta propia, así como gastos en medidas relacionadas con la salud, en particular, en el lugar de trabajo». De ahí que las medidas deberán ir destinadas «a reducir los riesgos laborales y garantizar la protección de los trabajadores por cuenta ajena y los trabajadores por cuenta propia en el lugar de trabajo y, en su caso, algunas otras medidas relacionadas con la salud».
La financiación dispuesta (en un importe máximo de 100 000 000 000 EUR para todos los Estados miembros) tendrá como objetivo combatir el impacto del brote de COVID‐19 y responder a sus consecuencias socioeconómicas, atenuando los riesgos de desempleo en una emergencia como la derivada de esta pandemia. Por esta razón, el Reglamento establece las condiciones y los procedimientos por los que la Unión podrá proporcionar asistencia financiera a un Estado miembro que sufra, o corra el riesgo de sufrir, una perturbación económica grave provocada por el brote de COVID‐19. Lo hará, de acuerdo con su artículo 1, para que dicho Estado financie, principalmente, «regímenes de reducción del tiempo de trabajo o medidas similares destinadas a proteger a los trabajadores por cuenta propia y por cuenta ajena y, de este modo, reducir la incidencia del desempleo y la pérdida de ingresos, así como para que financie, de manera accesoria, algunas medidas relacionadas con la salud, en particular en el lugar de trabajo».
España tiene ante sí una gran oportunidad para reforzar las plantillas de sanitarios, convirtiendo en empleo estable aquellas contrataciones que los tribunales han confirmado como temporal irregular. También puede invertir en ayudar a las empresas a cumplir con las medidas de prevención propias de la pandemia y aquellas otras que no habían sido implementadas en los puestos de trabajo por falta de medios, no técnicos sino económicos. Puede colaborar en la reconstrucción de negocios que, tras la crisis sanitaria, tardarán en recuperar su estadio inicial. Y puede contribuir, tanto desde la inversión en el sector público como con el debido apoyo a la empresa privada, a incorporar todas esas medidas de prevención de salud pública que se reclaman, con carácter general, pero especialmente en algunos sectores productivos clave para la economía española. Entre otros, el turismo, que exige ahora, básicamente, confianza. Muchos municipios no podrán abrir sus playas porque no pueden garantizar las medidas de seguridad y salud exigidas por el Gobierno por falta de personal. Pero es el momento de incentivar esos puestos de trabajo —tal vez estacionales o quizá no— que suponen una inversión directa y una creación directa e indirecta de empleo. También cabe apoyar a todas esas empresas que, en el sector industrial y en el sector servicios, han de innovar para posibilitar desinfección eficaz, limpieza permanente, transporte colectivo seguro, energía no contaminante o nuevas líneas de producción y servicios. Y, tal vez, pueda replantearse la relocalización de una actividad productiva que ha resultado excesivamente dependiente ante un cierre de fronteras. En consecuencia, nuevas oportunidades para la reactivación económica.
La financiación dispuesta (en un importe máximo de 100 000 000 000 EUR para todos los Estados miembros) tendrá como objetivo combatir el impacto del brote de COVID‐19 y responder a sus consecuencias socioeconómicas, atenuando los riesgos de desempleo en una emergencia como la derivada de esta pandemia. Por esta razón, el Reglamento establece las condiciones y los procedimientos por los que la Unión podrá proporcionar asistencia financiera a un Estado miembro que sufra, o corra el riesgo de sufrir, una perturbación económica grave provocada por el brote de COVID‐19. Lo hará, de acuerdo con su artículo 1, para que dicho Estado financie, principalmente, «regímenes de reducción del tiempo de trabajo o medidas similares destinadas a proteger a los trabajadores por cuenta propia y por cuenta ajena y, de este modo, reducir la incidencia del desempleo y la pérdida de ingresos, así como para que financie, de manera accesoria, algunas medidas relacionadas con la salud, en particular en el lugar de trabajo».
España tiene ante sí una gran oportunidad para reforzar las plantillas de sanitarios, convirtiendo en empleo estable aquellas contrataciones que los tribunales han confirmado como temporal irregular. También puede invertir en ayudar a las empresas a cumplir con las medidas de prevención propias de la pandemia y aquellas otras que no habían sido implementadas en los puestos de trabajo por falta de medios, no técnicos sino económicos. Puede colaborar en la reconstrucción de negocios que, tras la crisis sanitaria, tardarán en recuperar su estadio inicial. Y puede contribuir, tanto desde la inversión en el sector público como con el debido apoyo a la empresa privada, a incorporar todas esas medidas de prevención de salud pública que se reclaman, con carácter general, pero especialmente en algunos sectores productivos clave para la economía española. Entre otros, el turismo, que exige ahora, básicamente, confianza. Muchos municipios no podrán abrir sus playas porque no pueden garantizar las medidas de seguridad y salud exigidas por el Gobierno por falta de personal. Pero es el momento de incentivar esos puestos de trabajo —tal vez estacionales o quizá no— que suponen una inversión directa y una creación directa e indirecta de empleo. También cabe apoyar a todas esas empresas que, en el sector industrial y en el sector servicios, han de innovar para posibilitar desinfección eficaz, limpieza permanente, transporte colectivo seguro, energía no contaminante o nuevas líneas de producción y servicios. Y, tal vez, pueda replantearse la relocalización de una actividad productiva que ha resultado excesivamente dependiente ante un cierre de fronteras. En consecuencia, nuevas oportunidades para la reactivación económica.
