Desarrollo normativo del Reglamento de Bonos Verdes

Desde el 14 de agosto son directamente aplicables una serie de normas reglamentarias o normativa delegada de la Comisión Europea en materia de bonos verdes, normas publicadas en el Diario Oficial del 27 de julio. Desarrollan el Reglamento (UE) 2023/2631 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de noviembre, sobre los bonos verdes europeos y la divulgación de información opcional para los bonos comercializados como bonos medioambientalmente sostenibles y para los bonos vinculados a la sostenibilidad.

En primer lugar y respecto a las plantillas o modelos para la divulgación por los emisores de información, hemos de citar el Reglamento Delegado 2025/753 de la Comisión, de 16 de abril, que desarrolla el artículo 21 del Reglamento de Bonos Verdes: se establecen por la Comisión los modelos o plantillas que recogen la información a divulgar periódicamente de forma voluntaria por los emisores de estos bonos con posterioridad a la emisión. Como indica la Comisión Europea, hasta la fecha no existe un formato oficial mediante el cual los emisores puedan informar sobre cómo están asignando los ingresos procedentes de las emisiones de bonos verdes a actividades acordes con la taxonomía. «Las nuevas plantillas voluntarias están pensadas para solventar esta carencia, pues permiten que los emisores que deseen utilizar la taxonomía, aunque sea parcialmente, puedan divulgar la información de manera normalizada». Además, y en cumplimiento del mandato contenido en el artículo 20 del Reglamento de Bonos Verdes (aunque con retraso respecto de la fecha allí indicada, que era el 21 de diciembre de 2024), la Comisión ha publicado la Comunicación C/2025/2277, por la que se establecen directrices —no vinculantes— que recogen las plantillas o fichas informativas para la divulgación de información previa a la emisión por los emisores de bonos verdes,  esto es, de bonos comercializados como medioambientalmente sostenibles o de bonos vinculados a la sostenibilidad. Estas plantillas recogen la mención de si el emisor tiene intención de utilizar un verificador externo y siguen el modelo de las plantillas establecidas en el citado Reglamento Delegado 2025/753  para la información posterior a la emisión del bono.

En segundo lugar, también en el Diario Oficial del 27 de julio, se publican otros dos reglamentos delegados que afectan a los verificadores externos de estas emisiones de bonos verdes: el Reglamento Delegado (UE) 2025/753 de la Comisión, de 16 de abril, sobre normas de procedimiento aplicables al ejercicio de la facultad de la Autoridad Europea de Valores y Mercados de imponer multas o multas coercitivas a los verificadores externos (cuya lectura nos hace añorar el Derecho administrativo sancionador español recogido, por ejemplo, en la Ley de Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito de 1988), y el Reglamento Delegado 2025/755 de la Comisión, de 16 de abril, en materia de tasas que han de abonar estos verificadores a la Autoridad Europea de Valores y Mercados. Téngase en cuenta que el Reglamento de Bonos Verdes establece un régimen transitorio para los verificadores externos hasta el 21 de junio del 2026, periodo durante el cual pueden prestar sus servicios sin plena sujeción al contenido del Reglamento europeo.

El legislador español no ha incorporado aquellas previsiones que debieran haberlo sido con anterioridad al 21 de diciembre de 2024: esto es, el régimen de sanciones (artículo 49) y las potestades de supervisión a las que se refiere el artículo 45 del Reglamento de Bonos Verdes. Podría aprovecharse para ello la ya muy tardía transposición de la Directiva sobre el informe de sostenibilidad (CSRD), a través del Proyecto de Ley de información empresarial sobre sostenibilidad, mediante la que se modifican el Código de Comercio, la Ley de Sociedades de Capital y la Ley de Auditoría de Cuentas, proyecto de Ley presentado en el Congreso el 31 de octubre de 2024 y en la actualidad con plazo de enmiendas prorrogado hasta el tres de septiembre.