La simplificación normativa como eje fundamental de la Brújula para la Competitividad de la Unión Europea
La Comunicación «Una Brújula para la Competitividad» prioriza la simplificación normativa y anuncia una serie de paquetes ómnibus, comenzando con uno relativo a la presentación de información sobre finanzas sostenibles, diligencia debida en sostenibilidad y taxonomía
El 29 de enero de 2025, la Comisión Europea ha emitido una Comunicación a las instituciones europeas titulada «Una Brújula para la Competitividad de la UE» [COM(2025) final].
La Comunicación se basa en las conclusiones del Informe del ex ministro italiano Dragui sobre «El futuro de la competitividad europea». El informe hizo un diagnóstico del declive económico de la Unión Europea frente a Estados Unidos y China y propuso una batería de ambiciosas medidas para que Europa resulte competitiva en un marco tecnológico, energético y geopolítico que no le es favorable. Como señala la Comunicación, «Europa se enfrenta a un mundo caracterizado por la rivalidad entre potencias, la competencia por la supremacía tecnológica y la pugna por el control de los recursos. En este mundo, la competitividad de Europa y lo que Europa representa son elementos inseparables». La Comunicación destaca la competitividad como un principio fundamental en la actual estrategia de la Unión Europea.
Siguiendo las recomendaciones del informe Dragui, la Comisión identifica tres imperativos o transformaciones necesarias para mejorar la competitividad de la Unión Europea: reducir la brecha de innovación, elaborar una hoja de ruta conjunta para la descarbonización y la competitividad, y reducir la dependencia excesiva y aumentar la seguridad comercial y económica.
Estos imperativos se complementan con distintas medidas de carácter horizontal que se consideran necesarias para impulsar la competitividad:
- la simplificación del marco regulatorio;
- el aprovechamiento máximo de las ventajas de escala que ofrece el mercado único mediante la eliminación de obstáculos;
- la financiación a través de una Unión de Ahorros e Inversiones —que presentará la Comisión este año para mejorar la canalización del ahorro privado hacia inversiones productivas—, y un replanteamiento del presupuesto de la Unión;
- el fomento de las capacidades y el empleo de calidad, garantizando al mismo tiempo la equidad social;
- y la mejora de la coordinación de las políticas a escala nacional y de la Unión.
La simplificación del marco regulatorio ocupa un lugar muy relevante entre estas medidas horizontales, pues la Comunicación reconoce que la carga normativa «se ha convertido en un freno para la competitividad en Europa». La Comisión pretende ser un ejemplo de esta propuesta de simplificación de la mano de su primer Comisario de Aplicación y Simplificación.
Entre las previsiones de simplificación que contiene la Comunicación, cabe destacar las siguientes:
Se va a continuar en la línea marcada por la agilización del procedimiento de concesión de autorizaciones para proyectos de energías renovables (por la Directiva (UE) 2023/2413 https://ga-p.com/publicaciones/directiva-ue-2023-2413-en-las-zonas-de-aceleracion-renovablelos-proyectos-quedan-eximidos-de-evaluacion-de-impacto-ambiental/), mediante una «Ley de Aceleración de la Descarbonización» que aplique medidas de agilización de las autorizaciones a otros sectores (p.ej., de gran consumo de energía) en transición. Asimismo, se reducirán los trámites y se agilizarán los procedimientos de los Proyectos Importantes de Interés Común Europeo (PIICE) y de infraestructuras energéticas clave para la Unión.
A finales del mes de febrero, se presentará el primero de una serie de «paquetes de simplificación ómnibus» que, en un primer momento, irán dirigidos a simplificar en, al menos, un 25% la carga de presentación de información para todas las empresas y en un 35% para las pymes (ampliándose después a todas las cargas administrativas). El primer paquete ómnibus simplificará la presentación de información sobre finanzas sostenibles, diligencia debida en sostenibilidad y taxonomía. Se pretende que los requisitos de presentación de información sean más compatibles con las necesidades de los inversores, que se prevean plazos adecuados y evitar que las reglas desincentiven la inversión en empresas en transición. Se garantizará, además, que las obligaciones sean proporcionales al tamaño de las empresas y se tratará de evitar el efecto de «permeabilidad», esto es, que las pymes en las cadenas de suministro acaban asumiendo cargas informativas excesivas no previstas por la normativa.
Con el fin de garantizar que la regulación sea proporcional al tamaño de las empresas, se creará una nueva categoría de pequeñas empresas de mediana capitalización, más grandes que la pymes, pero más pequeñas que las grandes empresas, que se beneficiarán de una simplificación normativa específica. La Comisión está elaborando también una simplificación del Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono dirigida a los agentes más pequeños del mercado.
La Comunicación menciona varios sectores específicos en los que se van a presentar, en breve, medidas de simplificación: los relativos a las sustancias químicas con la revisión del Reglamento REACH; el sector farmacéutico, el ámbito de los productos sanitarios y, por último, el agrícola, con una reducción de la carga burocrática en las explotaciones.
Por su parte, la propuesta del próximo Marco Financiero Plurianual (que se presentará este año o el siguiente pues el actual finaliza en 2027), permitirá simplificar y unificar el acceso a los fondos de la Unión Europea, eliminando la fragmentación entre los distintos programas de financiación.
Todas estas medidas de simplificación irán acompañadas de iniciativas de digitalización para reducir la carga de presentación de información. Se impulsará el uso de herramientas digitales e IA para lograr la interoperabilidad transfronteriza, promoviendo soluciones como la facturación y firma electrónicas, la presentación digital de documentos y los pasaportes digitales de productos. La información deberá presentarse en formatos digitales estandarizados. Además, la Cartera Europea para Empresas, desarrollada sobre la base del Reglamento e-IDAS (Reglamento UE 910/2014), facilitará la interacción digital de las empresas con las Administraciones en toda la UE.
Blanca Lozano – Consejera Académica
Actualidad Jurídica