Volver a Publicaciones
PUBLICACIÓN
Pacto por el empleo
13 de julio, 2020
El pasado 3 de julio, agentes sociales y Gobierno escenificaron un nuevo acuerdo en La Moncloa dentro del diálogo social impulsado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social desde siempre, pero, especialmente, durante el estado de alarma y en la fase de recuperación. A través del mismo, las partes firmantes adquieren el compromiso de alcanzar el consenso necesario en todos aquellos foros que permitan acelerar la reactivación económica y la creación de empleo de calidad, a fin de lograr cuanto antes un crecimiento sólido, inclusivo y sostenible.
Aunque se trata de un documento programático, conviene subrayar algunos de los compromisos adquiridos. Así, las partes admiten que deberán impulsar la reincorporación a las empresas de los trabajadores afectados por ERTEs derivados de la crisis del coronavirus, primando los ajustes de capacidad en horas de trabajo y no en empleos. Igualmente, las empresas impulsarán la recontratación de los trabajadores con contrato temporal cuya relación laboral finalizó durante la mencionada crisis cuando las circunstancias así lo permitan, potenciando en la medida de lo posible la contratación indefinida. Procede recordar que buena parte de las empresas con ERTEs tienen un compromiso de mantenimiento de empleo que impediría, a priori, optar por reestructurar la plantilla basándose en despidos y que las medidas de suspensión del período de cómputo en los contratos temporales han facilitado que muchos de ellos mantengan su vigencia durante el período de duración que restara tras su interrupción, una vez reiniciada la actividad.
Asimismo, las partes firmantes se comprometen a desarrollar mecanismos eficaces para la formación y recualificación de los trabajadores de cara a su capacitación, en particular en el ámbito digital y tecnológico, para acceder a los puestos de trabajo que se creen y su recolocación en la misma u otra empresa o sector, especialmente en aquellos sectores afectados por un proceso de reconversión o transformación acelerado por la crisis del coronavirus. Teniendo en cuenta el derecho de los trabajadores con un año de antigüedad en la empresa, ex artículo 23.3 del Estatuto de los Trabajadores, a un permiso retribuido de veinte horas anuales de formación para el empleo, vinculada con la actividad de la empresa, la orientación tecnológica de la misma puede constituir un incentivo para evitar la obsolescencia profesional y permitir la adaptación hacia la digitalización en la empresa.
Además, adquieren, entre otros compromisos, el de impulsar un marco adecuado para el trabajo a distancia y la adaptabilidad de la jornada laboral, incentivar la digitalización de la economía, incorporar a las empresas, en particular en las pymes, las nuevas tecnologías, apoyar a los autónomos, tanto en la superación de las consecuencias económicas de la pandemia como en la reactivación de sus actividades profesionales, así como adoptar medidas eficaces para potenciar que aflore la economía sumergida. En otro orden de consideraciones, se apuesta por un Pacto por la industria para modernizar la estructura productiva, se prioriza una transición «verde» del conjunto de sectores productivos y la economía circular, se apuesta por la colaboración público-privada, en general y especialmente, para contribuir a la transición ecológica y se garantiza la calidad de los Servicios Públicos, principalmente en el sector sanitario y de dependencia.
Existe un compromiso, finalmente, por modernizar el marco laboral a fin de minimizar el impacto sobre el empleo de crisis futuras, la necesidad de consolidar el papel de los ERTEs por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción como instrumento prioritario para adaptar el tejido productivo y el empleo al futuro económico y, en fin, la conveniencia de abordar la sostenibilidad y suficiencia a largo plazo del sistema público de pensiones. En definitiva, un nuevo pacto social en momentos difíciles que necesariamente deberá comenzar a testar su eficacia a corto plazo.
Aunque se trata de un documento programático, conviene subrayar algunos de los compromisos adquiridos. Así, las partes admiten que deberán impulsar la reincorporación a las empresas de los trabajadores afectados por ERTEs derivados de la crisis del coronavirus, primando los ajustes de capacidad en horas de trabajo y no en empleos. Igualmente, las empresas impulsarán la recontratación de los trabajadores con contrato temporal cuya relación laboral finalizó durante la mencionada crisis cuando las circunstancias así lo permitan, potenciando en la medida de lo posible la contratación indefinida. Procede recordar que buena parte de las empresas con ERTEs tienen un compromiso de mantenimiento de empleo que impediría, a priori, optar por reestructurar la plantilla basándose en despidos y que las medidas de suspensión del período de cómputo en los contratos temporales han facilitado que muchos de ellos mantengan su vigencia durante el período de duración que restara tras su interrupción, una vez reiniciada la actividad.
Asimismo, las partes firmantes se comprometen a desarrollar mecanismos eficaces para la formación y recualificación de los trabajadores de cara a su capacitación, en particular en el ámbito digital y tecnológico, para acceder a los puestos de trabajo que se creen y su recolocación en la misma u otra empresa o sector, especialmente en aquellos sectores afectados por un proceso de reconversión o transformación acelerado por la crisis del coronavirus. Teniendo en cuenta el derecho de los trabajadores con un año de antigüedad en la empresa, ex artículo 23.3 del Estatuto de los Trabajadores, a un permiso retribuido de veinte horas anuales de formación para el empleo, vinculada con la actividad de la empresa, la orientación tecnológica de la misma puede constituir un incentivo para evitar la obsolescencia profesional y permitir la adaptación hacia la digitalización en la empresa.
Además, adquieren, entre otros compromisos, el de impulsar un marco adecuado para el trabajo a distancia y la adaptabilidad de la jornada laboral, incentivar la digitalización de la economía, incorporar a las empresas, en particular en las pymes, las nuevas tecnologías, apoyar a los autónomos, tanto en la superación de las consecuencias económicas de la pandemia como en la reactivación de sus actividades profesionales, así como adoptar medidas eficaces para potenciar que aflore la economía sumergida. En otro orden de consideraciones, se apuesta por un Pacto por la industria para modernizar la estructura productiva, se prioriza una transición «verde» del conjunto de sectores productivos y la economía circular, se apuesta por la colaboración público-privada, en general y especialmente, para contribuir a la transición ecológica y se garantiza la calidad de los Servicios Públicos, principalmente en el sector sanitario y de dependencia.
Existe un compromiso, finalmente, por modernizar el marco laboral a fin de minimizar el impacto sobre el empleo de crisis futuras, la necesidad de consolidar el papel de los ERTEs por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción como instrumento prioritario para adaptar el tejido productivo y el empleo al futuro económico y, en fin, la conveniencia de abordar la sostenibilidad y suficiencia a largo plazo del sistema público de pensiones. En definitiva, un nuevo pacto social en momentos difíciles que necesariamente deberá comenzar a testar su eficacia a corto plazo.
