Proyecto de Ley por el que se elevan los umbrales de la definición de pyme y de las exentas de la obligación de auditar sus cuentas

El 24 de diciembre de 2024 finalizó el plazo de transposición al derecho interno de la Directiva Delegada2023/2775 de la Comisión, de 13 de octubre, por la que se modifica la Directiva contable (Directiva 2013/34/UE) en lo que respecta al ajuste de los criterios de tamaño de las empresas o grupos de tamaño micro, pequeño, mediano y grande. Esta Directiva delegada elevó los umbrales cuantitativos del tamaño de la empresa en un 25%, por la inflación acumulada en la Unión desde el año 2013. En España, la actualización de estos umbrales se prevé en el Proyecto de Ley de información empresarial sobre sostenibilidad, que modifica el Código de Comercio, la Ley de Sociedades de Capital y la Ley de Auditoría de Cuentas, proyecto que se encuentra desde hace un año en la fase de ampliación del plazo de enmiendas en el Congreso. Las razones de esta larga tramitación parlamentaria son diversas; una evidente es la reforma del Derecho europeo sobre sostenibilidad para la reducción de su ámbito subjetivo, propuesta de Directiva que se encuentra en la actualidad en fase de trílogos.

Relacionado con ello, el pasado 21 de noviembre se publicó en el Boletín Oficial de las Cortes Generales (Congreso) el Proyecto de Ley por la que se modifican los criterios de tamaño de las empresas a efectos de información financiera. El Proyecto incorpora los criterios de la Directiva delegada a la definición de pequeña y mediana empresa contenida en el Derecho positivo español. El legislador se acoge, como se indica en el Proyecto de Ley, «con el objetivo de reducir aún más las cargas a las pequeñas empresas», a la opción de la Directiva que permite a los Estados miembros elevar los límites máximos de la definición de pequeña empresa respecto al total del balance (hasta siete millones y medio de euros) y al volumen de negocios neto (hasta los 15 millones de euros), manteniéndose inalterada la cifra del número medio de trabajadores —no superior a cincuenta— para tener esta condición.

Por otra parte, aunque no está expresamente previsto en la citada Directiva delegada, se actualiza la definición de entidad pequeña de la Ley de Auditoría de Cuentas en el sentido indicado. Y se modifica la de entidad mediana con el incremento en un 25% de los actuales umbrales (total de partidas del activo no superior a los veinticinco millones de euros, importe total de la cifra anual de negocios no superior a los cincuenta millones de euros). Además, se elevan en un 25% las cifras del volumen de negocio y del balance a los efectos de la exención del cumplimiento de la obligación de auditoría de cuentas (nueva redacción del artículo 263. 2 de la Ley de Sociedades de Capital) para las sociedades que durante dos ejercicios consecutivos reúnan, a la fecha de cierre de cada uno de ellos, al menos dos de las circunstancias siguientes: a) total de las partidas del activo no superior a tres millones quinientos sesenta y cinco mil euros, b) importe neto de su cifra anual de negocios no superior a siete millones ciento veinticinco mil euros, c) número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio no superior a cincuenta. Indica el legislador que esta reforma se alinea con los objetivos de simplificación perseguidos por citada Directiva delegada y «supone una mayor armonización entre el régimen simplificado de información financiera y las obligaciones de auditoría relativas a dicha información».

Se modifican, en consonancia con la reforma de las normas de rango legal, el Real Decreto 1515/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas y los criterios contables específicos para microempresas y el Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueban las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y el modelo de plan de actuación de las entidades sin fines lucrativos.