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SEC v. Jarkesy: las multas sancionadoras han de ser impuestas por la jurisdicción ordinaria.
2 de julio, 2024
En la esperada sentencia del 27 de junio Securities and Exchange Commission v. Jarkesy et al, el Tribunal Supremo estadounidense, por seis votos a tres, ha establecido que lo que en nuestro derecho serían sanciones administrativas han de ser impuestas en determinados casos (multas sancionadoras) tras un juicio con jurado.
La Dodd-Frank Act del 2010 reconoció al supervisor de los mercados de valores la potestad para imponer multas y otras sanciones ante incumplimientos de la normativa del mercado de valores (antifraud provisions).
Sin embargo, la Séptima Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos establece el derecho a ser juzgado por un jurado cuando se pretenda la imposición de lo que en Derecho estadounidense se denominan «sanciones civiles» por la comisión de ilícitos al amparo del common law (Common Law fraud). En la sentencia SEC v. Jarkesy, el Tribunal Supremo ha declarado la violación de la Séptima Enmienda por apreciar similitud entre el fraude del derecho del mercado de valores y el fraude en otras ramas del Common Law, al ser ambas conductas sancionables en el marco del derecho privado (legal in nature) y no del Statutory Law o derecho establecido por el Congreso.
Considera asimismo que la potestad sancionadora de la SEC respecto a la imposición de «multas civiles» (en derecho español tienen la consideración de multas administrativas) no puede subsumirse en la public rights exemption. Esta excepción permite al poder legislativo atribuir competencias a una agencia (órgano administrativo) sin necesidad de acudir al juicio con jurado tal y como se establece en la Séptima Enmienda. Afirma el alto tribunal que el incumplimiento de la normativa del mercado de valores (en el caso de autos, la Securities Act de 1933, la Securities Exchange Act de 1934, y la Investment Advisers Act de 1940) da lugar a sanciones civiles que, por afectar a derechos del ámbito privado (private rights), no pueden ser acordadas en el seno del procedimiento administrativo ante la SEC. Esta decisión no afecta a la potestad del supervisor para, por ejemplo, exigir la devolución de lo indebidamente percibido —incluido el enriquecimiento injusto— (disgorgement). Tampoco parece afectar a los acuerdos a los que se haya podido llegar con los infractores en materia sancionadora con renuncia a la acción ante la jurisdicción ordinaria.
Una de las consecuencias de esta decisión será, parece, a la vista de los elevados costes judiciales en los Estados Unidos, el que la SEC habrá de ser selectiva a la hora de ejercitar acciones judiciales que pretendan la condena pecuniaria a los investigados por wrongdoing en Securities Law, lo que por otra parte constituía su práctica más reciente a partir de la sentencia Axon de 14 de abril de 2023 (Axon Enterprise Inc. V. Federal Trade Commission et al).
La Dodd-Frank Act del 2010 reconoció al supervisor de los mercados de valores la potestad para imponer multas y otras sanciones ante incumplimientos de la normativa del mercado de valores (antifraud provisions).
Sin embargo, la Séptima Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos establece el derecho a ser juzgado por un jurado cuando se pretenda la imposición de lo que en Derecho estadounidense se denominan «sanciones civiles» por la comisión de ilícitos al amparo del common law (Common Law fraud). En la sentencia SEC v. Jarkesy, el Tribunal Supremo ha declarado la violación de la Séptima Enmienda por apreciar similitud entre el fraude del derecho del mercado de valores y el fraude en otras ramas del Common Law, al ser ambas conductas sancionables en el marco del derecho privado (legal in nature) y no del Statutory Law o derecho establecido por el Congreso.
Considera asimismo que la potestad sancionadora de la SEC respecto a la imposición de «multas civiles» (en derecho español tienen la consideración de multas administrativas) no puede subsumirse en la public rights exemption. Esta excepción permite al poder legislativo atribuir competencias a una agencia (órgano administrativo) sin necesidad de acudir al juicio con jurado tal y como se establece en la Séptima Enmienda. Afirma el alto tribunal que el incumplimiento de la normativa del mercado de valores (en el caso de autos, la Securities Act de 1933, la Securities Exchange Act de 1934, y la Investment Advisers Act de 1940) da lugar a sanciones civiles que, por afectar a derechos del ámbito privado (private rights), no pueden ser acordadas en el seno del procedimiento administrativo ante la SEC. Esta decisión no afecta a la potestad del supervisor para, por ejemplo, exigir la devolución de lo indebidamente percibido —incluido el enriquecimiento injusto— (disgorgement). Tampoco parece afectar a los acuerdos a los que se haya podido llegar con los infractores en materia sancionadora con renuncia a la acción ante la jurisdicción ordinaria.
Una de las consecuencias de esta decisión será, parece, a la vista de los elevados costes judiciales en los Estados Unidos, el que la SEC habrá de ser selectiva a la hora de ejercitar acciones judiciales que pretendan la condena pecuniaria a los investigados por wrongdoing en Securities Law, lo que por otra parte constituía su práctica más reciente a partir de la sentencia Axon de 14 de abril de 2023 (Axon Enterprise Inc. V. Federal Trade Commission et al).
