Tasas judiciales en el contencioso administrativo

El 22 de noviembre de 2012 ha entrado en vigor la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (en adelante, «Ley 10/2012»).
Esta ley 10/2012 ha tenido un importante impacto mediático, principalmente debido a la eliminación de la exención de la que gozaban las personas físicas en cuanto al pago de las tasas judiciales. A estos efectos, a partir del 22 de noviembre toda persona física que desee interponer un recurso ante la jurisdicción contencioso-administrativa, civil o social deberá abonar la tasa judicial. Este hecho implica que en muchos casos las personas físicas, ante recursos de baja cuantía, decidan no recurrir y así evitar diversos gastos judiciales que antes no tenían que soportar.