Entrevista a Manuel Martín | El Confidencial

La posibilidad de acudir ante la jurisdicción contencioso-administrativa para combatir el silencio de la Administración es un arma a disposición del afectado, no una carga que pese sobre él. Quien opta por esperar a que haya resolución expresa no puede verse perjudicado en su derecho.

El Tribunal Supremo, sobre la base del principio de seguridad jurídica, establece que en los supuestos de regularización tributaria por simulación socio/administrador/sociedad, la prescripción de uno de los impuestos que se hayan de regularizar (en este caso, el impuesto sobre la renta de las personas físicas) no enerva la obligación de la Administración de ser coherente y de regularizar íntegramente la situación en el ámbito del impuesto sobre sociedades.

El Auto del Tribunal Supremo de 23 de julio del 2026 reconoce que la suspensión cautelar producida por silencio positivo constituye un acto administrativo impugnable, colmando una laguna del artículo 117.3 de la Ley del Procedimiento Administrativo Común en las relaciones triangulares. Sin embargo, el auto incurre en una contradicción al aplicar el plazo de dos meses del artículo 46.1 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa cuando el plazo que se asigna a los actos presuntos estimatorios es el de seis meses.

El nuevo Real Decreto 611/2026 transpone al ordenamiento español diversas directivas de la Unión Europea recientemente modificadas, con el propósito de avanzar en la descarbonización y dar cumplimiento a los objetivos climáticos aplicables al sector del transporte. Fija unos nuevos objetivos de uso de combustibles menos contaminantes y de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero para España del 2027 al 2040.

En las modalidades procesales sin recurso de suplicación, la falta de recurso deriva de la necesaria sumariedad y preferencia ante una decisión empresarial unilateral que debe ser valorada formalmente, pero, si la controversia reviste mayor gravedad, el proceso adecuado es el ordinario, con recurso.

La doctrina fijada por el Tribunal Supremo delimita los requisitos para que la documentación obtenida durante un registro domiciliario autorizado judicialmente y referida a ejercicios fiscales distintos de los inicialmente investigados pueda considerarse lícitamente obtenida al amparo de la doctrina del hallazgo casual.

Os acompañamos una nueva edición de nuestro Análisis Normativo Agroalimentario, para el mes de septiembre.

En contra de la doctrina establecida para los abogados sobre la prohibición de establecer baremos de honorarios, los jueces de Valladolid y Bilbao han fijado los baremos de honorarios a percibir por las costas de los pleitos en materia de prácticas bancarias ilegales