Ana Grosso Alves sobre el juicio de Pedrógão Grande | CNN Portugal

La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Murcia 396/2025 anula un embargo por indefensión al omitirse el aviso previo en la notificación electrónica de la providencia de apremio. Esta sentencia sigue la línea de otros pronunciamientos judiciales que interpretan que la falta de aviso provoca indefensión y determina la invalidez de la notificación practicada, salvo que el interesado haya accedido a la notificación en la sede electrónica habilitada.

Según la sentencia de la Audiencia Provincial que se analiza, los amigables componedores del pacto han de ser considerados como mediadores, pues no existe ninguna otra figura semejante en nuestro ordenamiento. Por ello, interpuesta demanda ante los tribunales, la vía que tiene el demandado para hacer valer dicho pacto es la declinatoria (artículo 63 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).

En la aplicación del artículo 468 de la LNM, lo relevante es averiguar a través de la prueba practicada si el cargador conoce y presta su consentimiento a esta concreta cláusula, huyendo de exigencias formalistas impropias en este sector de la contratación.

La reciente publicación del laudo dictado por el Centro de Arbitraje y Mediación de Santiago de Chile en el caso Australis Seafoods ha sacudido los cimientos del arbitraje internacional. La controversia surge porque el Tribunal Arbitral concedió un «ajuste de precio» millonario, acción no solicitada por la parte demandante. Este fallo plantea un serio debate sobre el principio de congruencia y el alcance de las facultades de los árbitros, despertando gran interés en abogados y académicos. Este análisis se centra en la figura del extra petita y sus implicaciones bajo la óptica del derecho español, incluyendo su potencial impacto en la anulación y ejecución del laudo.

Los criterios a tener en cuenta para decidir sobre la procedencia de uno u otro juicio son la importancia, entidad y envergadura de la obra y la rapidez o inmediatez en su ejecución. De forma que, si las obras son de cierta envergadura o su ejecución requiere un dilatado espacio de tiempo (o mejor, no son de rápida e inmediata ejecución), procederá siempre el juicio de suspensión

Carecen de la condición de sentencia dictada en segunda instancia las dictadas por las Audiencias Provinciales que acuerdan la nulidad y retroacción de las actuaciones o la absolución en la instancia, o resuelven una cuestión incidental

La Decisión (UE) 2025/1904 aprueba el Acuerdo entre la Unión y los Estados miembros que fija un entendimiento común: el artículo 26 del TCE nunca ha sido aplicable a los arbitrajes inversor- Estado intra-UE, por lo que no deben iniciarse nuevos casos, los tribunales arbitrales deben declararse incompetentes en los que estén conociendo y los laudos intra-UE son inexigibles.

Cuando el artículo 25.1 del Reglamento Bruselas I bis deja a los Estados miembros las cuestiones relativas a la validez material de un acuerdo de elección de foro, no se refiere a las que regulan los requisitos propios del acuerdo, sino a causas generales de nulidad (por ejemplo, vicios del consentimiento).

El TJUE sigue perfilando en esta sentencia su doctrina sobre el alcance de las cláusulas de elección de foro contractualmente pactadas y su posible extensión a terceros. En este caso, el tercero no se opone al uso de dicha cláusula, sino que pretende prevalerse de ella