Entrevista a Enrique Ortega, socio coordinador de Fiscal del Despacho | Expansión

En contra del criterio de la Inspección de los tributos y del Tribunal Económico-Administrativo Central, la Sentencia de la Audiencia Nacional de 29 de enero del 2025 se pronuncia en favor de que las agrupaciones de interés económico apliquen la deducción por inversiones en producciones cinematográficas, al quedar acreditada su condición de productora de acuerdo con la normativa sectorial, aun cuando su porcentaje de participación en la obra sea inferior al de la coproductora extranjera.

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, separándose del criterio de la Dirección General de Tributos, determina al hilo de un supuesto de venta parcial de criptomonedas que el método FIFO no es aplicable para calcular la ganancia o pérdida patrimonial generada por la operación.

En nuestra práctica jurídica nos encontramos con actuaciones inspectoras en las que el actuario recoge en el acta que no se aprecian indicios de la comisión de infracciones tributarias y, sin embargo, el órgano competente para dictar el acuerdo de liquidación considera que sí existen tales indicios y que corresponde iniciar un procedimiento sancionador en el que se acabe sancionando al contribuyente. El Tribunal Supremo se pronunciará sobre las implicaciones de estas situaciones desde el punto de vista del análisis de la culpabilidad y del principio de buena administración.

La Dirección General de Tributos analiza si cabe considerar parientes por afinidad a las hijas del primer matrimonio del causante y a su cónyuge viuda, a efectos de determinar si el cumplimiento del requisito establecido en el artículo 4.Ocho.Dos.c) de la Ley 19/1991 por parte de la viuda es suficiente para que las descendientes del fallecido puedan aplicar la exención prevista en este artículo.

De acuerdo con la Sentencia del Tribunal Constitucional 31/2025, de 10 de febrero, en un proceso penal cuya prueba se nutra del resultado de una diligencia de entrada y registro domiciliarios autorizada por un juez de lo contencioso-administrativo, es exigible una motivación reforzada a la sentencia de apelación por la que se revoca la previa sentencia penal absolutaria, dando respuesta a las quejas de vulneración de derechos fundamentales planteadas por la parte acusada.

Al hilo de un reciente pronunciamiento del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, analizamos los supuestos en los que procede la imputación de rentas inmobiliarias por los períodos del año en los cuales los inmuebles destinados al alquiler turístico permanecen desocupados

En sentencia de 31 de enero de 2025, la Audiencia Nacional ha resuelto a favor del contribuyente en un recurso relativo a la ruptura de la bilateralidad en la regularización de las operaciones vinculadas, sobre la base de la infracción del principio de buena administración en su vertiente procesal. La sentencia recoge la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre el alcance de dicho principio general al que se encuentra sometida la administración en todas sus actuaciones.

Efectuamos un análisis crítico de los cambios realizados en la regulación de tres de las exenciones previstas en el artículo 7 de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas por la Ley Orgánica 1/2025 con la finalidad de favorecer la implantación y el fomento de medios adecuados de solución de controversias en la vía no jurisdiccional.

El Tribunal Supremo determina, en el contexto del impuesto sobre la renta de las personas físicas, la obligación del contribuyente de justificar la operación que subyace en una pérdida patrimonial cuando la información que obra en poder de la Administración discrepa de la reflejada en la autoliquidación