Entrevista a Enrique Ortega, socio coordinador de Fiscal del Despacho | Expansión

En el supuesto controvertido, el Tribunal Supremo confirma que la entidad perceptora del canon en la Unión Europea no es la beneficiaria efectiva, sino otra entidad residente en un territorio no comunitario, por lo que la retención aplicable es la prevista en el impuesto sobre la renta de no residentes, sin que pueda aplicarse el tipo reducido de retención previsto en el Convenio para Evitar la Doble Imposición suscrito con los Países Bajos. La controversia planteada queda enteramente regulada por el Derecho de la Unión y el principio de primacía determina que éste desplace a la norma convencional.

El Tribunal Supremo, en sus sentencias de 20 de octubre y 4 de diciembre del 2025, al tiempo que considera que la derivación de responsabilidad del artículo 43.1h de la Ley General Tributaria no requiere, necesariamente, que se consideren simuladas las operaciones determinantes del vaciamiento patrimonial, determina que esta responsabilidad sólo será exigible cuando resulte debidamente motivado el elemento subjetivo, esto es, que la única finalidad perseguida mediante una operativa a través de sociedades por parte de quien las controla era la defraudación del crédito tributario.

La Dirección General de Tributos analiza si mientras una herencia permanece yacente por falta de aceptación —tácita o expresa— del llamado a heredar, éste ha de presentar o no el impuesto sobre sucesiones y donaciones y, para el caso de que nunca llegase a aceptar la herencia, si se produciría la prescripción del impuesto transcurridos cuatro años y seis meses desde el fallecimiento del causante.

La Dirección General de Tributos analiza cuál de las exenciones previstas para la empresa familiar en el artículo 4.Ocho de la Ley del Impuesto sobre el Patrimonio se aplicaría en el caso de que una persona física participe en una entidad sin personalidad jurídica —en este caso un partnership belga— que, a su vez, invierte en participaciones de una sociedad operativa. Esto es, si resulta aplicable el apartado Uno del citado precepto -relativo a las empresas y negocios individuales-, por el contrario, su apartado Dos -aplicable en casos de participaciones en entidades con personalidad jurídica-.

La Dirección General de Tributos determina cuál es el ejercicio en el que una empresa debe deducirse la provisión por despido improcedente cuando, tras entregarse en un ejercicio al trabajador la carta de despido registrándose la provisión correspondiente, el trabajador lo impugna alcanzándose un acuerdo en el acto de conciliación en el ejercicio siguiente, en el que también se efectúa el pago. La Audiencia Nacional concreta, por su parte, que no cabe deducir una dotación por contingencias laborales creada para cubrir posibles indemnizaciones futuras por despido improcedente.

Para el Tribunal Supremo, el derecho a la no autoincriminación se extiende únicamente al proceso sancionador, sin operar en los procedimientos de aplicación de los tributos. Este derecho comprende tanto el derecho a no responder a preguntas de las que se infiera directamente la comisión de la infracción como a no aportar documentos o pruebas que puedan resultar perjudiciales para la defensa de aquel a quien se imputa la realización de una conducta sancionable, siempre que la aportación de tales documentos o pruebas tengan una existencia que pueda calificarse de dependiente de la voluntad del obligado tributario.

Analizamos en este documento los criterios de imputación temporal de las variaciones patrimoniales generadas para la sociedad y los socios ―tanto personas físicas como jurídicas― tras la disolución y liquidación de la entidad, determinando la relevancia que a esos efectos puede tener la fecha en que es adoptado el acuerdo por la junta general, el día en que se formaliza tal acuerdo en escritura pública, y el momento en el que tiene lugar la inscripción de la extinción de la entidad en el Registro Mercantil.