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La Audiencia Provincial de Madrid confirma la nulidad de una operación de compraventa de participaciones sociales realizada por una sociedad —como vendedora— a favor del administrador de dicha sociedad —que adquiere las participaciones a título personal— por conflicto de intereses del administrador con la sociedad administrada, no siendo suficiente una dispensa tácita para validar la operación

El artículo 7.2 del Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, no exige a la aseguradora que considera que no tiene responsabilidad la aportación de los dictámenes periciales pertinentes en la respuesta a la reclamación del asegurado en vía extrajuidicial

La resolución del Tribunal Económico Administrativo Central, de 18 de junio del 2025, en unificación de criterio, establece doctrina sobre el procedimiento aplicable para la exigencia de intereses de demora en el periodo ejecutivo. La resolución confirma que, en ausencia de procedimiento específico, deberá seguirse el procedimiento previsto, con carácter general, para la práctica de liquidaciones tributarias, que exige que se otorgue al contribuyente trámite de audiencia o plazo de alegaciones previo a la práctica de la liquidación, en garantía de sus derechos de defensa.

El TJUE aclara los criterios de interpretación de varios artículos del Reglamento 44/2001, que son extensibles a los equivalentes del RBI bis: los relativos al foro exclusivo sobre derechos reales, el especial en materia extracontractual y el relativo a la pluralidad de demandados.

La Dirección General de Tributos analiza la calificación y el tipo de retención que ha de aplicarse a los rendimientos que los administradores sociales puedan percibir cuando, pese a desempeñar su cargo de forma gratuita, perciben retribuciones en su condición de socios por el ejercicio de otros servicios que prestan a su entidad

La declaración ―se entiende, firme― de la incapacidad del trabajador ya no extingue el contrato automáticamente, salvo que aquél manifieste su voluntad de no seguir trabajando. Pero la incapacidad permanente absoluta y la gran incapacidad son incompatibles con el trabajo. Por lo demás, el trabajador dispone de un plazo (¿de caducidad?) de diez días para decidir y el empresario dispone de un plazo (¿de caducidad?) de treinta días para resolver. Las empresas de menos de veinticinco trabajadores pueden valorar cuándo la obligación supone una carga excesiva, pero el resto queda al arbitrio de numerosos factores, no siempre objetivables. La empresa debe facilitar una oferta adecuada sin conocer bien de qué depende la adecuación.

Una sentencia muy interesante sobre el poder de cierre que puede tener para el futuro un acuerdo unánime de exención de gastos

El Tribunal Supremo ha fijado doctrina jurisprudencial sobre el alcance del artículo 29.4 de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, en relación con el principio de proporcionalidad en materia sancionadora.

Se ofrecen una selección de las principales novedades legislativas y jurisprudenciales en el sector.