GA_P asesora a JP Morgan y Ben Oldman en su entrada en Forus – El Confidencial

El Tribunal Supremo establece que, en ausencia de normas transitorias, considerando la presunción de irretroactividad ex artículo 9.3 de la Constitución, el principio de seguridad jurídica y la aplicación supletoria del artículo 1939 del Código Civil, debe aplicarse la redacción del artículo 67.2 de la Ley General Tributaria previa a la vigencia de la Ley 7/2012 en los casos en que los hechos que constituyen el presupuesto de la responsabilidad del artículo 42.2a de la Ley General Tributaria se producen antes de la entrada en vigor de esta ley, pero el procedimiento de declaración de la responsabilidad se inicia y tramita con posterioridad.

Para corroborar el carácter estático y no dinámico del complemento ad personam deberá configurarse con una cuantía fija, no revalorizable, en cuanto está llamado a desaparecer, sin perjuicio de poder servir como referencia para calcular otros conceptos retributivos.

El Tribunal analiza las exigencias normativas relativas a la contabilización de la Reserva para Inversiones en Canarias (RIC) y las posibles consecuencias jurídicas asociadas a su incumplimiento, en especial, cuando éste deriva de la inexistencia en el balance de la actividad del contribuyente de la reserva dentro del período de mantenimiento, pese a que el activo en que se materializó la inversión permanece en funcionamiento en la empresa del adquirente.

Se ha publicado la Directiva 2026/470 (Ómnibus I) que limita la obligación de elaborar el informe de sostenibilidad a las entidades de interés público con más de mil empleados y un volumen de negocios neto superior a cuatrocientos cincuenta millones de euros durante el ejercicio anterior, así como a las sociedades matrices de un grupo grande que superen estas cifras de forma consolidada. La norma modifica la directiva de auditoría de cuentas, la contable, la relativa al informe de sostenibilidad (CRSD) y la de diligencia debida (CSDDD).

Os acompañamos una nueva edición de nuestro Análisis Normativo Agroalimentario, para el mes de febrero.

El Tribunal Supremo declara por primera vez tras la entrada en vigor de la Ley de Navegación Marítima que el plazo de un año del artículo III.6 de las Reglas de La Haya Visby sigue siendo un plazo de caducidad y no de prescripción. El Tribunal Supremo descarta que el artículo 286 de la Ley de Navegación Marítima altere este régimen en los transportes internacionales en régimen de conocimiento de embarque. Como novedad relevante, se admite la suspensión del plazo de caducidad si se inicia un procedimiento de negociación mediante un medio adecuado de solución de controversias conforme al artículo 7 de la Ley Orgánica 1/2025.

Interpretación del artículo 138 del TRLGDCU

No cabe alegar «ineficiencia» económica en la implementación de una medida como es el suministro del uniforme, de uso no obligatorio para la plantilla, cuando decide proporcionárselo a los empleados públicos indefinidos y fijos, no así a quienes contrata temporalmente.

El Tribunal Supremo ha tenido ocasión de pronunciarse sobre la validez de dos estipulaciones de un pacto parasocial omnilateral en una resolución en la que abordó, de un lado, la cuestión de los límites a la validez del pacto y, de otro, el problema de su duración (STS 1713/2025, de 26 de noviembre).