GA_P asesora a Sherpa.ai en la entrada de nuevos inversores

El Tribunal Supremo determina que no debe rechazarse el carácter laboral del contrato suscrito entre una comunidad de bienes dedicada al arrendamiento de inmuebles y uno de sus comuneros, por la sola circunstancia de ser partícipe o comunera la persona contratada, pudiendo cumplirse así el requisito exigido por el artículo 27.2 de la Ley 35/2006 para entender que existe actividad económica.

El Gobierno planea una reforma integral de la jubilación compatible con el trabajo por medio de la jubilación «reversible», permitiendo que se reincorporen con más facilidad al mercado de trabajo las personas que ya sean pensionistas de jubilación. Podrán hacerlo si el trabajo es a tiempo parcial, ya por cuenta ajena, ya por cuenta propia, y se aplicará también a los trabajadores autónomos siempre que, en los cinco años inmediatamente anteriores al hecho causante, el pensionista no hubiera estado dado de alta en el régimen especial de trabajadores autónomos. La cuantía de la pensión se minorará en proporción con la reducción de la jornada del pensionista.

Correcta doctrina del Tribunal Supremo, que repudia la aplicación analógica del artículo 1198 I del Código Civil.

El Tribunal Supremo aborda un caso en el que se ejercitó la acción social de responsabilidad contra los dos administradores de la sociedad (y únicos socios de ella en el momento en que se produjeron los hechos) por una gestión dolosa y gravemente negligente que provocó, finalmente, la imposición de una sanción tributaria a la compañía

La anticresis puede ser un medio de garantía impropia muy interesante, pero antes hay que saber qué significa.

La Audiencia Nacional ha determinado que los contribuyentes que residan en países que no formen parte de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo, también podrán deducir en el impuesto sobre la renta de no residentes los gastos vinculados al arrendamiento de inmuebles situados en territorio español.

En este documento se recogen, de modo resumido y de manera independiente una de otra, dos perspectivas de un caso en el que se completaron de forma indebida un conjunto de pagarés en blanco que fueron descontados con posterioridad. De un lado, se expone el enfoque penal del asunto (de la mano de la Sentencia del Tribunal Supremo 155/2025, de 20 de febrero); de otro, se ofrece una visión estrictamente jurídico mercantil del caso referido.

El Tribunal Supremo reitera su doctrina previa y refuerza la obligación de la Administración de remitir al órgano de revisión económico-administrativa el expediente administrativo de forma completa y dentro del plazo legalmente establecido, garantizando así el ejercicio adecuado del derecho de defensa de los obligados tributarios.