GA_P es galardonado con el premio Restructuring Firm of the Year en España en los IFLR Europe Awards 2021

Anotaciones a los artículos 618, 619 y 620 del Texto Refundido de la Ley Concursal del 2022, en especial, sobre los límites a la facultad respectiva de resolver por parte de los acreedores o por parte del homologante.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores ha comunicado a la Autoridad Europea de Valores y Mercados que ha adoptado las cinco directrices de desarrollo del Reglamento MiCA de forma que supervisará su aplicación en España en materias como los servicios de transferencia de criptoactivos, la aplicación del MiCA a empresas de terceros países, los requisitos de idoneidad en el asesoramiento y gestión de carteras, los formularios de emisión y admisión a negociación, la clasificación de los criptoactivos a efectos de la aplicación del MiCA y los sistemas y protocolos TIC para tokens distintos de los referenciados a activos y de los de dinero electrónico.

La sentencia del Caso Azor considera que no es necesario que la pyme forme parte del perímetro de consolidación para la aplicación de la excepción prevista en el artículo 682.2 de la Ley Concursal. Dicho criterio supone un espaldarazo definitivo a la reforma de la ley concursal, evitando la puesta en práctica de estructuras societarias artificiosas que no tuvieran otra finalidad que bloquear la homologación de planes de reestructuración no consensuales.

Los perjuicios del pishing los paga el banco, no el cliente Primera sentencia del TS sobre una materia muy debatida en jurisprudencia de primera instancia y no correctamente regulada en la normativa de servicios de pago

Se han publicado en el DOUE seis Reglamentos delegados que completan el Reglamento de mercados de criptoactivos (MiCA) del 2023 y permiten su completa aplicación.

Se incorpora al Derecho español con más de un año de retraso el contenido de la directiva sobre los administradores de créditos y los compradores de créditos, únicamente de los dudosos (NPLs). El proyecto de ley introduce el régimen administrativo de los administradores de crédito y modifica entre otras las leyes la de crédito al consumo y la ley de contratos de crédito inmobiliario.

Consideraciones sobre los artículos 7 a 10 de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de Medidas en materia de Eficiencia del Servicio Público de Justicia.

Si la sociedad incurre en causa de disolución por computar las pérdidas de 2020 y 2021, hay que convocar la junta general en el plazo de dos meses desde la extinción de la moratoria contable por no convalidación del Real Decreto-ley 9/2024.

Una construcción técnica para la defensa de los acreedores frente a conductas de administradores anteriores a la reestructuración.