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NOTICIA
Gómez-Acebo & Pombo analiza la afectación al sector agroalimentario de la nueva ley de residuos
Gómez-Acebo & Pombo alojó esta semana en sus oficinas de Madrid, sitas en la torre Realia, parte del conjunto de Torres Kio, una jornada presentada por Carlos Vázquez, socio coordinador de Derecho Público, y dedicada a examinar los retos que aún están por venir de los proyectos de la Unión Europea para 2030 relativos a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y para 2050 en cuanto al conocido como Pacto Verde.
Es debido a que ambos propósitos exigen un cambio sustancial en materia de residuos y envases, -especialmente bajo la Estrategia Europea del Plástico en una economía circular derivada de la nueva Directiva 2019/904-, puesto que la nueva Ley 7/2022, incorpora a nuestro ordenamiento las exigencias de la Directiva SUP.
Durante la jornada, se ha concluido que “todos los sectores productivos serán afectados por la nueva Ley 7/2022”. Sin embargo, “sin duda el sector agroalimentario ha de ser de los primeros afectados, habida cuenta de que un enorme porcentaje de residuos proceden actualmente del sector primario”, ha asegurado Palma.
En este análisis han intervenido, además de José Luis Palma, Eduardo Orteu, abogado de Público, especializado en derecho regulatorio, medioambiental y agua; y Pedro Poveda, socio Coordinador de Medio Ambiente, especializado en derecho ambiental, residuos, prevención y control integrados de la contaminación (IPPC) y autorizaciones ambientales, y se ha conjugado el conocimiento del sector agroalimentario con la especialización de la Firma en materia de residuos y medioambiente con el objetivo de analizar medidas como: la nueva regulación sobre la reducción de los residuos alimentarios, las obligaciones singulares sobre la recogida separadas de aceites de cocina usados y de los biorresiduos, las medidas de fomento de la reutilización y promoción de la venta a granel de productos alimentarios en el comercio, las restricciones a la comercialización de ciertos productos de plástico de empleo común en la industria agroalimentaria y en los servicios de distribución comercial de sus productos o de la oferta de canal HORECA, las singularidades de la regulación del fin de la condición de residuo para los productos fitosanitarios, o la nueva responsabilidad ampliada del productor para plásticos agrarios, entre otras, las cuales habrán de aplicarse conjuntamente con la nueva regulación general de la gestión de los residuos donde cobran especial relevancia los regímenes de responsabilidad ampliada del productor.
Es debido a que ambos propósitos exigen un cambio sustancial en materia de residuos y envases, -especialmente bajo la Estrategia Europea del Plástico en una economía circular derivada de la nueva Directiva 2019/904-, puesto que la nueva Ley 7/2022, incorpora a nuestro ordenamiento las exigencias de la Directiva SUP.
Durante la jornada, se ha concluido que “todos los sectores productivos serán afectados por la nueva Ley 7/2022”. Sin embargo, “sin duda el sector agroalimentario ha de ser de los primeros afectados, habida cuenta de que un enorme porcentaje de residuos proceden actualmente del sector primario”, ha asegurado Palma.
En este análisis han intervenido, además de José Luis Palma, Eduardo Orteu, abogado de Público, especializado en derecho regulatorio, medioambiental y agua; y Pedro Poveda, socio Coordinador de Medio Ambiente, especializado en derecho ambiental, residuos, prevención y control integrados de la contaminación (IPPC) y autorizaciones ambientales, y se ha conjugado el conocimiento del sector agroalimentario con la especialización de la Firma en materia de residuos y medioambiente con el objetivo de analizar medidas como: la nueva regulación sobre la reducción de los residuos alimentarios, las obligaciones singulares sobre la recogida separadas de aceites de cocina usados y de los biorresiduos, las medidas de fomento de la reutilización y promoción de la venta a granel de productos alimentarios en el comercio, las restricciones a la comercialización de ciertos productos de plástico de empleo común en la industria agroalimentaria y en los servicios de distribución comercial de sus productos o de la oferta de canal HORECA, las singularidades de la regulación del fin de la condición de residuo para los productos fitosanitarios, o la nueva responsabilidad ampliada del productor para plásticos agrarios, entre otras, las cuales habrán de aplicarse conjuntamente con la nueva regulación general de la gestión de los residuos donde cobran especial relevancia los regímenes de responsabilidad ampliada del productor.
Abogado mencionado
José Luis Palma – Counsel
Eduardo Orteu – Counsel
Pedro Poveda – Socio
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Sandra Cuesta
Directora de Desarrollo de Negocio, Marketing y Comunicación

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Os acompañamos una nueva edición de nuestro Análisis Normativo Agroalimentario, para el mes de mayo.
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Contratos del Sector Público N.º 179
En los últimos años y a raíz de la proliferación de supuestos en los que se producen prestaciones contractuales sin la adecuada cobertura contractual, la Jurisprudencia ha venido señalando que para el devengo de intereses de demora es precisa la previa convalidación del gasto. Sin embargo, dos recientes Sentencias del Tribunal Supremo han puesto de relieve un cambio de tendencia al menos en lo relativo a la prestación de servicios fuera de los márgenes el contrato público, considerando que cuando éstos son recibidos por la Administración sin oponerse a ello y sin advertir al contratista de la necesaria convalidación del gasto para el devengo de intereses de demora, deberá aplicarse lo dispuesto en el artículo 198 de la Ley de Contratos del Sector Público en lo concerniente al pago y el devengo de intereses.
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16 Apr, 2025
Farma & Salud N.º 43
Se recogen las principales novedades legislativas y jurisprudenciales en el sector de Farma & Salud.
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15 Apr, 2025
Plazo de pago y devengo de intereses de demora en contratos públicos: último y controvertido pronunciamiento del Tribunal Supremo
Se analiza la Sentencia del Tribunal Supremo 5938/2024, que reitera su doctrina sobre el plazo de pago y el devengo de intereses de demora en contratos públicos. Esta doctrina, que mantiene un plazo general de sesenta días, plantea dudas de compatibilidad con la Directiva 2011/7/UE y con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha renovado el Registro de operadores de telecomunicaciones para adaptarlo a la evolución tecnológica, reduciendo el número de denominaciones de 26 a 12
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02 Apr, 2025
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La nueva Ley 1/2025, de 1 de abril, de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario contiene novedosas regulaciones en materia de cadena alimentaria junto a múltiples reformas legales (complementarias o no).
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02 Apr, 2025
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Es habitual, sobre todo en el ámbito de las Corporaciones locales, el recurso a los contratos de consultoría y de servicios para desarrollo, por una empresa privada, de labores de asistencia en la elaboración o actualización de relaciones de puestos de trabajo. Sin embargo, el grado de intervención privada en la decisión que finalmente adopte la Administración contratante es esencial a los efectos de verificar si ha operado alguna suerte de dejación o delegación de funciones públicas.
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31 Mar, 2025
La Sentencia del Tribunal Supremo sobre el parque eólico Campelo: ¿hacia el fin de la parálisis del desarrollo eólico en Galicia?
La Sentencia 316/2025 del Tribunal Supremo supone un punto de inflexión en intensa litigiosidad que afecta a los proyectos eólicos en Galicia. El tribunal reitera su doctrina sobre el trámite de información pública y precisa que el hecho de que varios parques compartan infraestructuras de evacuación no determina, por sí solo, la existencia de un único proyecto a efectos ambientales, como venía sosteniendo el TSJ de Galicia.