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NOTICIA
Gómez-Acebo & Pombo analiza la afectación al sector agroalimentario de la nueva ley de residuos
Gómez-Acebo & Pombo alojó esta semana en sus oficinas de Madrid, sitas en la torre Realia, parte del conjunto de Torres Kio, una jornada presentada por Carlos Vázquez, socio coordinador de Derecho Público, y dedicada a examinar los retos que aún están por venir de los proyectos de la Unión Europea para 2030 relativos a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y para 2050 en cuanto al conocido como Pacto Verde.
Es debido a que ambos propósitos exigen un cambio sustancial en materia de residuos y envases, -especialmente bajo la Estrategia Europea del Plástico en una economía circular derivada de la nueva Directiva 2019/904-, puesto que la nueva Ley 7/2022, incorpora a nuestro ordenamiento las exigencias de la Directiva SUP.
Durante la jornada, se ha concluido que “todos los sectores productivos serán afectados por la nueva Ley 7/2022”. Sin embargo, “sin duda el sector agroalimentario ha de ser de los primeros afectados, habida cuenta de que un enorme porcentaje de residuos proceden actualmente del sector primario”, ha asegurado Palma.
En este análisis han intervenido, además de José Luis Palma, Eduardo Orteu, abogado de Público, especializado en derecho regulatorio, medioambiental y agua; y Pedro Poveda, socio Coordinador de Medio Ambiente, especializado en derecho ambiental, residuos, prevención y control integrados de la contaminación (IPPC) y autorizaciones ambientales, y se ha conjugado el conocimiento del sector agroalimentario con la especialización de la Firma en materia de residuos y medioambiente con el objetivo de analizar medidas como: la nueva regulación sobre la reducción de los residuos alimentarios, las obligaciones singulares sobre la recogida separadas de aceites de cocina usados y de los biorresiduos, las medidas de fomento de la reutilización y promoción de la venta a granel de productos alimentarios en el comercio, las restricciones a la comercialización de ciertos productos de plástico de empleo común en la industria agroalimentaria y en los servicios de distribución comercial de sus productos o de la oferta de canal HORECA, las singularidades de la regulación del fin de la condición de residuo para los productos fitosanitarios, o la nueva responsabilidad ampliada del productor para plásticos agrarios, entre otras, las cuales habrán de aplicarse conjuntamente con la nueva regulación general de la gestión de los residuos donde cobran especial relevancia los regímenes de responsabilidad ampliada del productor.
Es debido a que ambos propósitos exigen un cambio sustancial en materia de residuos y envases, -especialmente bajo la Estrategia Europea del Plástico en una economía circular derivada de la nueva Directiva 2019/904-, puesto que la nueva Ley 7/2022, incorpora a nuestro ordenamiento las exigencias de la Directiva SUP.
Durante la jornada, se ha concluido que “todos los sectores productivos serán afectados por la nueva Ley 7/2022”. Sin embargo, “sin duda el sector agroalimentario ha de ser de los primeros afectados, habida cuenta de que un enorme porcentaje de residuos proceden actualmente del sector primario”, ha asegurado Palma.
En este análisis han intervenido, además de José Luis Palma, Eduardo Orteu, abogado de Público, especializado en derecho regulatorio, medioambiental y agua; y Pedro Poveda, socio Coordinador de Medio Ambiente, especializado en derecho ambiental, residuos, prevención y control integrados de la contaminación (IPPC) y autorizaciones ambientales, y se ha conjugado el conocimiento del sector agroalimentario con la especialización de la Firma en materia de residuos y medioambiente con el objetivo de analizar medidas como: la nueva regulación sobre la reducción de los residuos alimentarios, las obligaciones singulares sobre la recogida separadas de aceites de cocina usados y de los biorresiduos, las medidas de fomento de la reutilización y promoción de la venta a granel de productos alimentarios en el comercio, las restricciones a la comercialización de ciertos productos de plástico de empleo común en la industria agroalimentaria y en los servicios de distribución comercial de sus productos o de la oferta de canal HORECA, las singularidades de la regulación del fin de la condición de residuo para los productos fitosanitarios, o la nueva responsabilidad ampliada del productor para plásticos agrarios, entre otras, las cuales habrán de aplicarse conjuntamente con la nueva regulación general de la gestión de los residuos donde cobran especial relevancia los regímenes de responsabilidad ampliada del productor.
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José Luis Palma – Counsel
Eduardo Orteu – Counsel
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Industrial Accelerator Act (IAA). ¿Qué es y qué supone para los vehículos que no sean considerados origen UE y para inversiones extranjeras?
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Contratación pública N.º 191
El Dictamen del Comité Europeo de las Regiones sobre la evaluación y futura revisión de las Directivas de contratación pública de 2014 formula un conjunto de recomendaciones que anticipan con precisión los desafíos jurídicos, económicos y administrativos que deberá afrontar la reforma prevista para 2026, poniendo de manifiesto una circunstancia de gran relevancia: los entes locales y regionales gestionan aproximadamente el 45 % del gasto contractual de la Unión Europea.
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