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NOTICIA
Gómez-Acebo & Pombo analiza la afectación al sector agroalimentario de la nueva ley de residuos
Gómez-Acebo & Pombo alojó esta semana en sus oficinas de Madrid, sitas en la torre Realia, parte del conjunto de Torres Kio, una jornada presentada por Carlos Vázquez, socio coordinador de Derecho Público, y dedicada a examinar los retos que aún están por venir de los proyectos de la Unión Europea para 2030 relativos a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y para 2050 en cuanto al conocido como Pacto Verde.
Es debido a que ambos propósitos exigen un cambio sustancial en materia de residuos y envases, -especialmente bajo la Estrategia Europea del Plástico en una economía circular derivada de la nueva Directiva 2019/904-, puesto que la nueva Ley 7/2022, incorpora a nuestro ordenamiento las exigencias de la Directiva SUP.
Durante la jornada, se ha concluido que “todos los sectores productivos serán afectados por la nueva Ley 7/2022”. Sin embargo, “sin duda el sector agroalimentario ha de ser de los primeros afectados, habida cuenta de que un enorme porcentaje de residuos proceden actualmente del sector primario”, ha asegurado Palma.
En este análisis han intervenido, además de José Luis Palma, Eduardo Orteu, abogado de Público, especializado en derecho regulatorio, medioambiental y agua; y Pedro Poveda, socio Coordinador de Medio Ambiente, especializado en derecho ambiental, residuos, prevención y control integrados de la contaminación (IPPC) y autorizaciones ambientales, y se ha conjugado el conocimiento del sector agroalimentario con la especialización de la Firma en materia de residuos y medioambiente con el objetivo de analizar medidas como: la nueva regulación sobre la reducción de los residuos alimentarios, las obligaciones singulares sobre la recogida separadas de aceites de cocina usados y de los biorresiduos, las medidas de fomento de la reutilización y promoción de la venta a granel de productos alimentarios en el comercio, las restricciones a la comercialización de ciertos productos de plástico de empleo común en la industria agroalimentaria y en los servicios de distribución comercial de sus productos o de la oferta de canal HORECA, las singularidades de la regulación del fin de la condición de residuo para los productos fitosanitarios, o la nueva responsabilidad ampliada del productor para plásticos agrarios, entre otras, las cuales habrán de aplicarse conjuntamente con la nueva regulación general de la gestión de los residuos donde cobran especial relevancia los regímenes de responsabilidad ampliada del productor.
Es debido a que ambos propósitos exigen un cambio sustancial en materia de residuos y envases, -especialmente bajo la Estrategia Europea del Plástico en una economía circular derivada de la nueva Directiva 2019/904-, puesto que la nueva Ley 7/2022, incorpora a nuestro ordenamiento las exigencias de la Directiva SUP.
Durante la jornada, se ha concluido que “todos los sectores productivos serán afectados por la nueva Ley 7/2022”. Sin embargo, “sin duda el sector agroalimentario ha de ser de los primeros afectados, habida cuenta de que un enorme porcentaje de residuos proceden actualmente del sector primario”, ha asegurado Palma.
En este análisis han intervenido, además de José Luis Palma, Eduardo Orteu, abogado de Público, especializado en derecho regulatorio, medioambiental y agua; y Pedro Poveda, socio Coordinador de Medio Ambiente, especializado en derecho ambiental, residuos, prevención y control integrados de la contaminación (IPPC) y autorizaciones ambientales, y se ha conjugado el conocimiento del sector agroalimentario con la especialización de la Firma en materia de residuos y medioambiente con el objetivo de analizar medidas como: la nueva regulación sobre la reducción de los residuos alimentarios, las obligaciones singulares sobre la recogida separadas de aceites de cocina usados y de los biorresiduos, las medidas de fomento de la reutilización y promoción de la venta a granel de productos alimentarios en el comercio, las restricciones a la comercialización de ciertos productos de plástico de empleo común en la industria agroalimentaria y en los servicios de distribución comercial de sus productos o de la oferta de canal HORECA, las singularidades de la regulación del fin de la condición de residuo para los productos fitosanitarios, o la nueva responsabilidad ampliada del productor para plásticos agrarios, entre otras, las cuales habrán de aplicarse conjuntamente con la nueva regulación general de la gestión de los residuos donde cobran especial relevancia los regímenes de responsabilidad ampliada del productor.
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José Luis Palma – Counsel
Eduardo Orteu – Counsel
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Conclusiones sobre el abuso de la temporalidad en las Administraciones Públicas: equilibrio entre la norma nacional y la justicia europea
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La reciente Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 5 de marzo de 2026, aborda una cuestión de gran interés en materia de contratación pública: si, para indemnizar los gastos generales soportados por el contratista como consecuencia de la mayor duración de una obra imputable a la Administración, resulta imprescindible acreditar de forma fehaciente su importe exacto o si, por el contrario, cabe acudir a criterios porcentuales de cuantificación. El Tribunal Supremo opta por una solución intermedia: exige que el daño sea real y quede acreditado, pero admite que, cuando su exacta cuantificación no resulte posible, pueda utilizarse un método porcentual debidamente motivado.
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Anteproyecto de Ley de Publicidad del Sector Público
El anteproyecto de Ley se refiere a la nueva regulación de la publicidad institucional del sector público en los medios de comunicación y en las plataformas digitales. Y establece, por un lado, la prohibición de recibir ingresos por publicidad del sector público superiores al 35% del importe neto de su cifra anual de negocios, y, por otro, la obligación de transparencia, consistente en la identificación de los dueños de los medios de comunicación y de las personas que pueden ejercer influencia sobre ellos. La verificación y control se atribuye a las Autoridades de Competencia (CNMC o similares de carácter autonómico).
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Análisis Normativo Agroalimentario, Mayo 2026
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Contratación pública N.º 189
La reciente Ley 9/2025, de 3 de diciembre, de Movilidad Sostenible, ha operado una modificación de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, que incide de manera directa sobre el ámbito objetivo del recurso especial en materia de contratación, ampliando los tipos contractuales y actos administrativos susceptibles de impugnación.
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